El único elemento de cohesión de la marcha masiva del 16 de febrero en Quito, fue el repudio al gobierno de Lucio, desde perspectivas políticas y de clase diversas e incluso antagónicas. La oposición socialcristiana y socialdemócrata busca reestablecer su dominio en la Corte Suprema. El pueblo pide que se vayan todos, demanda una consulta popular sobre el TLC y una Asamblea Constituyente
El centro colonial de Quito, dominado por las cúpulas de las iglesias construidas como símbolos del dominio católico español, fue escenario de la disputa política, expresada en una marcha masiva de oposición al régimen y, en una contramarcha desesperadamente organizada por el gobierno de Lucio, para proteger su dominio del Palacio de Gobierno.
La marcha, más allá de las mistificaciones de la realidad, fue convocada para continuar la campaña armada por el Alcalde socialcristiano de Guayaquil, Jaime Nebot, quien ya promovió una manifestación similar en Guayaquil, a fines de enero. La amalgama que está dirigida a recuperar el dominio de un instrumento esencial del poder, la Corte Suprema de Justicia, ha integrado a una poderosa fracción de la oligarquía costeña, a ongs financiadas por la Usaid de Estados Unidos, al partido socialcristiano, al partido socialdemócrata, Izquierda Democrática y, ha contado hasta con el apoyo de Pachakutik.
En un ambiente político con un aire enrarecido por la presión de la Embajada estadounidense, por la permanencia de Lucio en el poder, en Guayaquil, Nebot, en el primer plano de este guión, tuvo que suspender su discurso, estrictamente ceñido a demandas locales, frente a una muchedumbre que demandaba la salida de Lucio, asunto que estaba fuera de su libreto. En Quito, el discurso del Alcalde Paco Moncayo, concentrado en la reestructuración de la Corte, tampoco expresó la voluntad mayoritaria de la concurrencia que se pronunciaba por la salida de Lucio.
Por las angostas calles del centro histórico bajo una persistente lluvia que escampaba y volvía, de espaldas a los propósitos definidos por el establecimiento y los dirigentes oficiales, la gente camino con el requerimiento de «que se vayan todos», a más del gobierno, el Congreso y la Corte, lo que recordó la insurrección popular del 20 y 21 de enero del 2000, cuando el Parlamento Nacional de los Pueblos destituyó a los tres poderes al derrocar al gobierno de Mahuad.
Los carteles y gritos asumieron aspectos relevantes como la petición de una consulta popular sobre el TLC, el rechazo a su suscripción, el repudio a la continuación de las operaciones del Comando Sur de Estados Unidos en la base de Manta y a la impunidad internacional de los soldados estadounidenses, la oposición al Plan Colombia e incluso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Un monstruo de innumerables máscaras
La dirección de la marcha reconocida y promovida mediáticamente, constituyó un monstruo de innumerables máscaras. En ellas se exhibían los rostros de los expresidentes Borja y Durán Ballén, gestores fundamentales de las políticas neoliberales aplicadas. Si el primero, el líder de la socialdemocracia local, impuso la flexibilización laboral, una legislación tributaria regresiva, y promovió la apertura comercial con la desgravación arancelaria. El segundo, de procedencia socialcristiana, abrió el camino a las privatizaciones y a la desnacionalización de la economía. A ellos se sumaron las figuras de Participación Ciudadana, Ruptura 25, ongs financiadas con millones de dólares por la USAID, un órgano de Estados Unidos que trabaja estrechamente con la CIA. El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras, Blasco Peñaherrera (h) destacado en la promoción del TLC, entre otras figuras muy próximas a los intereses de Washington.
Sin cobertura mediática, concurrieron otros dirigentes, unos expresaron su rechazo a la conducción política en forma explícita, señalando que llegó el momento de establecer la independencia política de las oligarquías; el Foro Ecuador Alternativo apoyó la marcha aunque calificó como «tibia» a la dirección de la misma. Otros asumieron un papel subalterno y posaron para las fotos junto a los exponentes del establecimiento, entre ellos algunos representantes de Pachakutik aliados a la Izquierda Democrática. A pesar de que Pachakutik se sumó a la convocatoria, la CONAIE, se abstuvo de hacerlo por la hostilidad de las bases a marchar junto a sectores claramente identificados como adversarios, pero no declaró su oposición a la manifestación. Ecuarunari, filial de la CONAIE, se pronunció en apoyo de la marcha, pero no movilizó significativamente a sus organizaciones multitudinarias.
En el curso de la protesta, el único elemento de cohesión real fue el repudio a Lucio, desde diferentes y antagónicas perspectivas. La mayoría lo acusa de ser servil a la oligarquía y a Estados Unidos, y por otra parte, los grupos oligárquicos a través de sus numerosos brazos le exigen mayor servilismo. La profundidad de éstas contradicciones devela la crisis de dirección política hegemónica, la emergencia en la superficie de contradicciones internas agudas y el retrazo en la constitución de una dirección contra hegemónica y revolucionaria, frente a la crisis terminal de la vieja izquierda, dividida entre quienes siguen a Lucio y quienes a León y Borja, (al socialcristianismo y la socialdemocracia), expresión de su incapacidad de establecer su independencia política y construir su propio camino.
Los sectores de la clase dominante, con la presencia bajo la sombra del Partido Socialcristiano, concentraron su propósito en usar el repudio instintivo de la mayoría de la población al gobierno de Lucio, en función de su objetivo estratégico: recuperar el control de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, arrebatado por una mayoría parlamentaria a finales del 2004, que cerró filas contra la pretensión de éstos sectores de avanzar en el juicio político y la destitución de Lucio.
Las multitudes de asistentes del pueblo por el contrario, presentaron una diversidad de demandas que chocaban frontalmente con los intereses de clase de las cámaras y de los diversos instrumentos de la clase dominante que, a expensas de las expectativas del aparato productivo local, siguen el sendero colonial de la suscripción del TLC, defienden la creciente intervención militar y policial estadounidense en Ecuador, y la virtual dictadura sobre la economía nacional de las estrategias neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Las contradicciones son tan profundas que hubo sectores que anunciaron que disputarían el liderazgo de la marcha y en la Plaza de San Francisco, las masas impidieron al Presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Landázuri, pronunciar su discurso, a pesar de supuestamente representar al principal convocante, lo que evidenció que la asistencia se debió más a una autoconvocatoria y no a la fuerza propia de la ID.
Asustado porque el repudio popular se manifieste ampliamente y evolucione en un huracán indetenible que derroque a su gobierno, Lucio, organizó la contramarcha, bajo la insistencia de Abdalá Bucaram, quien le advertía que un evento de éste género levantado sobre una huelga general, en 1997 condujo a la caída de su gobierno y su huída a Panamá. El 11 de febrero, 5 días antes, bajo el terror a la expresión del pueblo, Gutiérrez, se instaló en el Ministerio de Defensa buscando apoyo para declarar el Estado de Emergencia e imponer drásticas medidas preventivas e impedir un curso devastador de los acontecimientos, pero no pudo lograrlo, los militares consideraron que sería una provocación que profundizaría la crisis. Lucio, transformó al Palacio de Gobierno en una fortaleza policíaco militar protegido por más de 5.000 policías y con los recursos del ejecutivo, alcanzó a movilizar de diversas zonas del país varios miles de personas, para en un teatro de guerra atrincherarse en el Palaciode Carondelet, símbolo de la posesión del poder. Sin embargo, la mejor ayuda para contener la indignación popular en su contra, la obtuvo directamente de los sectores de la denominada oposición de la clase dominante, que trabajaron en contener la ira popular desviando la marcha de la lucha contra Lucio, a un pedido de rectificación.
Una marcha neutralizada
Si bien la marcha reunió realmente más de 30.000 personas, cifra importante, pero muy distinta a los cientos de miles que han anunciado los medios de comunicación del establecimiento, pudo ser varias veces más grande y adquirir una verdadera dimensión histórica y revolucionaria, sí la convocatoria se habría dirigido políticamente y en forma frontal en contra del gobierno de Lucio y su dirección, hubiese garantizado su independencia de los diversos sectores de la clase dominante y los intereses del capital transnacional estadounidense, autores y beneficiarios de la crisis socioeconómica en la que se debate el país.
Pero, por el contrario, el Alcalde de Quito, Paco Moncayo, la figura más relevante de la convocatoria, la neutralizó y debilitó, anunciando que se dirigía a que Gutiérrez rectifique. No sólo que para el pueblo ecuatoriano el cual ha sufrido dos años de gobierno y la traición a sus esperanzas y necesidades de transformaciones fundamentales, una posición de éste género significa pedirle peras al olmo, sino que, además, contiene implícitamente un acto de ratificación del gobierno de Lucio. Siguiendo el camino de Nebot, el mensaje político de Moncayo y la Izquierda Democrática es claro, demandan la reorganización de la Corte con una participación que les garantice sus intereses, a cambio, ofrecen estabilidad al gobierno. El precio político de esta determinación, Paco Moncayo, y la Izquierda Democrática, tarde o temprano tendrán inexorablemente, que pagarlo.
Atrás de las máscaras y de palabras virulentas, los fines del establecimiento en la marcha fueron evidentes: apoyar la estrategia del expresidente socialcristiano, Febres Cordero, de reestructurar la Corte Suprema, incluso con fechas, para dominar la nominación del Fiscal General de la Nación, una posición estratégica en el control de la justicia, proteger al expresidente de la amenaza de un juicio penal, y al conjunto de sectores de la clase dominante que tienen cuentas pendientes con la justicia, particularmente por los crímenes del salvataje bancario ejecutado a partir de 1998, en el que se estima se robaron de los bolsillos de los ciudadanos y del país más de 9.000 millones de dólares.
En este camino el Alcalde Paco Moncayo, planteó para restituir la legalidad y constitucionalidad al régimen político, usar los mismos recursos inconstitucionales con los que en 1997, el congreso violando la Constitución y el pronunciamiento del pueblo en una Consulta Popular, cesó ilegalmente a la Corte Suprema presidida por Carlos Solórzano, legalmente electa y ratificada en la Consulta Popular. Entonces, se procedió a nombrar una nueva Corte ilegal e inconstitucionalmente, bajo la cobertura de una comisión especialísima de notables que seleccionó a los candidatos, presentados por los denominados órganos de la sociedad civil, entre ellos numerosas ongs al estilo de Participación Ciudadana, con una fuerte influencia de la Embajada de Estados Unidos. Los 7 años de ejercicio de esa Corte, que encubrió el salvataje bancario y la salida del régimen de derecho con la imposición inconstitucional de la dolarización, testimonian ampliamente el fraude contenido en éste procedimiento, propio de un régimen dictatorial de la colonia española, donde la soberanía popular, no existía.
El gobierno ha recibido el mensaje y por medio de Carlos Pólit, ha mostrado disposición a negociar la nominación de una Corte de consenso de los diversos sectores económicos y políticos de la clase dominante, incluidas las ongs financiadas por la USAID, a cambio de la protección política para concluir el período presidencial y de protección judicial.
La otra marcha
Desde la perspectiva histórica, al margen de la grotesca manipulación mediática y política de la fracción de la clase dominante, que desesperadamente busca su potestad sobre la Corte, el pueblo protagonizó otra marcha, en la que vibró la necesidad de la independencia política de la oligarquía de la costa y la sierra y los intereses del capital transnacional yanqui. Una marcha inspirada en el repudio a la traición a las expectativas de transformaciones fundamentales por las que el pueblo votó por Lucio y, a su siniestra alianza con los sectores de la oligarquía representados primero por el mismo Febres Cordero y luego de la ruptura con él, con Álvaro Noboa y Abdalá Bucaram. Una marcha en contra de las draconianas consecuencias sociales del neoliberalismo, la dolarización y la transferencia masiva, de carácter colonial de las riquezas de la nación al capital transnacional. Contra las pretensiones de someter al país al saqueo despiadado del TLC. Contra la destrucción de la soberanía implícita en el sometimiento de Lucio y todos los sectores de la clase dominante a la pentagonización del país. Por todos éstos contenidos, fue contradictoriamente, en una medida muy significativa, también una expresión política , en contra de las manipulaciones de quienes la dirigieron. A pesar de que éstos contenidos no aparecen en las páginas de los periódicos y en la televisión, su inexorable sentido, al margen del manipulado imaginario mediatizado, lo vivió el pueblo, que volvió a encontrar su fuerza en sí mismo.
Los intereses imperialistas, la oligarquía y sus diversos partidos, han escrito una página de manipulación política del movimiento de masas: convocaron una marcha manipulando el repudio al gobierno para rearmar sus intereses en la Corte y negociar la protección que pueden ofrecer a Lucio. Una intriga que más temprano que tarde, podrá explotarles en su propia cara.
El 16 de febrero se registra, como un hito crítico en la conciencia política y símbolo inequívoco de la emergencia de los movimientos de masas que, en tan pronto se independicen de los intereses creados, podrán actuar como los protagonistas esenciales de la historia actual en construcción.
Marcelo Larrea, escritor y periodista, es corresponsal de Adital y director de «el Sucre» en Ecuador.