¿Qué hacer?

¿Qué hacer? Resulta una pregunta inmediata en la conciencia colectiva de los mexicanos, colegas, amigos y luchadores sociales, ciudadanos todos, que fueron observadores y en algún grado se movilizaron para impedir las ominosas contrarreformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, y Federal de Telecomunicaciones.

¿Qué hacer ante la imposición del poder empresarial más influyente de los últimos tiempos en nuestro país: los oligopolios multimedios que doblaron a un poder del Estado (el poder político: partidos y legisladores) que hacía creer que todavía existía una pírrica idea de soberanía nacional?

¿Qué hacer después de que los diputados y luego las dos terceras partes del senado de la república (con r minúscula) llevaron en sus manos la consigna perversa de «quien queda fuera de la pantalla no existe» y aprobaron entregar nuestro cielo a Televisa y TV Azteca y tal vez a las trasnacionales del entretenimiento, tal cual hicieron en el siglo XIX quienes entregaron la mitad de nuestro territorio bajo presión de Estados Unidos?

¿Qué hacer ante la frivolidad de los medios que crean el sueño del «nunca es posible nada si no es en nuestros programas», como nos intentan educar los talk shows, los metrosexuales y los conductores de noticias?

¿Qué hacer ante el monumental crimen contra la nación que corona una etapa de reformas de corte gerencial desde 1982, tal vez la más trágica de todos los tiempos en la historia, sólo equiparada con el rescate bancario?

Aunque parezca que se ha perdido todo y la apatía reinará como ahora lo hacen los spots mediáticos en el mercado de las telecomunicaciones, estamos en una coyuntura de definición para buscar revertir los cambios a las leyes y reorientar una verdadera reforma democrática, que acote el poder de los grandes medios y promueva a los públicos, educativos, comunitarios y culturales.

 

El contexto

 

Cuatro factores en general definen el contexto actual en torno a la reforma de ley de medios. 1) Fortalecimiento y autoritarismo de uno de los poderes fácticos, las televisoras 2) las elecciones presidenciales y legislativas del 2006 con una ventaja clara de López Obrador, 3) un sujeto social activo dentro y fuera de los medios privados y públicos que busca una reforma que acote el poder de los multimedios, 4) legisladores proclives a mantener un equilibro al interior del Estado entre los medios públicos/comunitarios y los privados 5) organizaciones políticas y sociales que han mostrado su oposición a las reformas neoliberales, incluida la Ley Televisa.

Se consumó el pasado 30 de marzo la llamada Ley Televisa a unos meses de que se realicen las elecciones presidenciales y legislativas del país con grandes posibilidades de que López Obrador llegue al poder ejecutivo y de que cambie la correlación en el Congreso de la Unión. Aún la contrarreforma es más grave en sus efectos que el de la simple interpretación de los poderes fácticos en el sentido de que «sirve para dificultar las acciones legislativas y gubernativas de un gobierno populista».

Los partidos políticos PRI y PAN hacen malabares y acuden a la vieja política sucia del régimen, compra de conciencias, corrupción, engaño y politiquería. Mantener sus intereses a toda costa es su objetivo y buscan por todos los medios reducir los márgenes de ventaja en las encuestas que tiene el candidato de la coalición Por el Bien de Todos.

En contraparte, sectores de la población vienen, por lo menos desde hace cuatro años, cuestionando con mayor precisión, formalidad y coherencia el enriquecimiento, la acumulación de poder y la promoción del entretenimiento frívolo de los grandes medios electrónicos del país. Se trata de periodistas, académicos, trabajadores de los medios privados y públicos, y organizaciones de la llamada sociedad civil que en todos los foros hablan y denuncian los excesos de «los señores de la imagen».

Junto a ellos, una pequeña franja de legisladores de los partidos políticos ha dado seguimiento puntual sobre las propuestas de ley presentadas desde el año 2004, elaborando un dictamen que especificaba la reducción a 12 años de las concesiones otorgadas y la creación de un órgano ciudadano regulador del sector, fuera de la órbita de las empresas, lo que alertó al duopolio de los medios, Televisa y Televisión Azteca, y los apuró para elaborar una ley contraria a los intereses de la nación.

Sectores sociales y sindicales han desarrollado una lucha que los ha llevado a cuestionar los objetivos de la clase política en el poder y del gobierno de los empresarios. Las organizaciones que integran el Diálogo Nacional y a la Otra Campaña, en los hechos, critican a quienes durante años de neoliberalismo se han enriquecido a costa del pueblo mexicano. Con diferentes tácticas coinciden en lo fundamental: hay que levantar un movimiento o varios movimientos antineoliberales y anticapitalistas y construir un proyecto alternativo de nación, donde se trataría imprescindiblemente la situación de los medios de comunicación.

El panorama es más amplio, pero de aquí se puede deducir que ante las reformas del libre mercado hay resistencia y cada vez más se van tejiendo alianzas, acercamientos, donde la arena política no deja espacios vacíos sin actuar. Los sectores progresistas debemos entender que la alianza coyuntural es importante, pero es más importante tener claro que el enemigo actual sólo se puede detener combinando las diversas formas de luchas pacíficas en una etapa de movilizaciones crecientes en las calles.

En los últimos años, los paros nacionales, las manifestaciones amplias frente las Cámaras de Diputados y Senadores, la concientización que está generando la Otra Campaña y la voluntad popular expresada en la intención de votar el próximo 2 de julio para castigar al PRIAN, configuran una etapa de lucha política contra el neoliberalismo y quizá pueda trascender a una lucha contra el capitalismo.

 

El hecho

 

En el mes de diciembre de 2005, los diputados de los partidos políticos aprobaron una minuta de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, y a la Ley de Telecomunicaciones. Los cambios cancelan la posibilidad de resguardo a los medios públicos frente a los privados, carcomen su autonomía y la promoción de la cultura; marginan a los proyectos de medios comunitarios que han sido un verdadero ejemplo de información clara, oportuna y fuera de la censura y la autocensura; benefician a los concesionarios.

El documento llegó al senado. El 13 de diciembre el pleno decidió posponer para abrir un periodo de consultas entre especialistas, legisladores y académicos, los cuales después de amplios debates definieron expresar su oposición a la minuta. Aun y con esta opinión, 81 senadores aprueban el 30 de marzo la ley sin realizar una sola modificación bajo la orden de que no se cambie «ni una sola coma».

Recordemos que en el mes de mayo de 2005, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, autorizó a Televisa 130 permisos para operar centros de apuestas y salas de sorteos de números. Estos permisos abrieron la posibilidad de transmisión de estos juegos, aun y estando prohibido por la Ley Federal de Radio y Televisión y con la existencia de una controversia constitucional en torno al Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos que no ha definido la Suprema Corte de Justicia. (Zócalo, Jenaro Villamil, abril de 2006)

Y en agosto de 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes renovó hasta el año 2021 las concesiones de radio y televisión de las dos televisoras más grandes en el mercado mexicano con el pretexto de garantizar el proceso de transición del modelo analógico al digital.

La Ley Televisa fue avanzando durante años en los hechos y la actual reforma culmina con el sometimiento de las dos Cámaras, la promoción del gobierno federal y la anuencia de los partidos políticos que en su pragmatismo electoral fueron domesticados.

 

Los efectos

 

Los efectos son catastróficos. La Comisión Federal de Comunicaciones no logra su autonomía ni incluye un Consejo Ciudadano que vele por los intereses de la nación y evalúe el actuar de los medios electrónicos, ni sus contenidos, ni éstos, los medios, pueden ser fiscalizados con credibilidad.

La nueva ley de Telecomunicaciones dice en su artículo 9 A que la Comisión es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El órgano de gobierno integrado por cinco personas, lo nombra el presidente en un marco de 30 días luego de entrar en vigor la reforma y el senado sólo puede objetar los nombramientos. Es decir, para el siguiente mes de mayo, dos meses antes de las elecciones ya estará conformada la Comisión y el nuevo presidente no podrá hacer nada al respecto.

De acuerdo al artículo 17 de la nueva Ley de Radio y Televisión, las concesiones se otorgarán mediante licitación pública. Sólo los grandes empresarios que tengan experiencia en la explotación de medios electrónicos tendrán mayores posibilidades de obtener futuras concesiones. Habrá mayor concentración y privatización de los bienes públicos.

Se cancelará toda posibilidad de democratizar las concesiones en radio. Se dejan intactas, las llamadas concesiones «combo», una práctica antijurídica que permite la transmisión simultánea por AM y FM a un concesionario que no ha participado en dos distintos procedimientos de concesión. Bastará tener una concesión para tener un doble beneficio.

Según el artículo 79A de la Ley de Radio y Televisión, el Instituto Federal Electoral pagará la publicidad electoral de los partidos durante los procesos electorales. Esto quiere decir que el IFE no podrá negociar tarifas, y que la regla sólo vale para los procesos electorales, la reforma no atiende las precampañas. El IFE se convierte en un pagador de la publicidad de los partidos, huelga decir con los impuestos de los mexicanos, rol diferente a la función rectora que debe corresponderle. Como dice el jurista Jaime Cárdenas, «La negociación de tarifas, tiempos y medios, lo definirán, como hasta ahora, los partidos con los medios.»

 

¿Qué hacer?

 

En primer lugar, hay que reconocer que no todo está perdido.

1) Aún faltan etapas jurídicas por las cuales optar, 2) generar la denuncia sistemática para ganar un consenso popular de rechazo a la Ley Televisa, 3) buscar el castigo en las urnas a los que impulsaron dicha ley, fundamentalmente contra el PRIAN, 4) tener una iniciativa de reforma que reforme la Ley Televisa, 5) preparar una estrategia jurídica que involucre a las instancias internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 6) generar un movimiento nacional que haga valer en un manifiesto a la nueva administración gubernamental y a los nuevos legisladores elegidos el 2 de julio a que reviertan los efectos de la Ley Televisa.

Los medios libres, comunitarios, públicos y los trabajadores honestos de los medios privados debemos convocar a un foro resolutivo abierto, junto a los legisladores que defendieron una reforma democrática, para elaborar los términos de la inconstitucionalidad de la Ley Televisa, sobre todo porque contradice el artículo 28 constitucional de que no deben existir monopolios privados, argumentarla a conciencia y presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es imprescindible que más ciudadanos participen en las instancias de organización civil que pugnan por una ley de medios democrática, lo que obliga a los trabajadores de los medios del sector público y radios comunitarias como AMARC ha continuar impulsando el diálogo y la reflexión con los radioescuchas y televidentes. Los Trabajadores del IMER, Radio Educación, Canales 22 y 11 debemos hacer énfasis en que lo que aprobaron los legisladores va contra los sentimientos de la nación, abrir foros de discusión en los programas, convocar a los ciudadanos a tomar los micrófonos de radios y televisión culturales. Así mismo, ampliar la discusión en el gremio periodístico de tal manera que este hecho no se desvanezca por la cargada que emprenderán las televisoras para desaparecer el debate público a la contrarreforma.

Hay que ir también a manifestarse pacíficamente en plazas públicas y centros de reunión, incluso frente a las instalaciones de las televisoras, para centrar nuestras fuerzas contra ellas, en diferentes plazos y de manera imaginativa.

Una de las demandas que se deben enarbolar es participar en las urnas como parte de la movilización con el fin de derrotar al PRIAN, pasándoles la factura de los atropellos cometidos. Esto no quiere decir un cheque en blanco a Obrador, pero sí significa preparar las condiciones de organización y movilización para emprender nuevas etapas de lucha en un escenario donde el nuevo gobierno garantice las demandas populares y resuelva los problemas nacionales.

Desde ahora, todos los sectores sociales y populares deben prepararse para presionar al nuevo legislativo con el fin de que uno de los temas urgentes a revisar, la Ley Televisa, se integre a la agenda de discusión y eventual transformación. Eso solo podrá hacerse con la confluencia de los sectores involucrados que hoy defienden un sector mediático con igualdad, equidad y democracia, así como la participación de los imprescindibles trabajadores, luchadores del campo y de la ciudad.

De igual forma hay que estudiar y preparar una acusación contra los legisladores que aprobaron la ley de medios para llevarla a instancias internacionales, sobre todo en los temas de los medios comunitarios e indígenas y sobre la obligatoriedad de los medios de promover la educación y cultura del país.

Ahora, antes de las elecciones, se debe converger en un amplio movimiento nacional que obligue a la nueva administración y a los nuevos legisladores a «mandar obedeciendo» y se haga respetar la voluntad popular.