Curuguaty significa en el idioma guaraní «lugar del curuguá», en alusión a una planta abundantemente encontrada en esa región. Es una localidad situada a 240 kilómetros de Asunción y forma parte del departamento de Canindeyú. Zona agrícola por excelencia, Curuguaty se define como propietaria de una rica flora y fauna, rodeada por las serranías del […]
Curuguaty significa en el idioma guaraní «lugar del curuguá», en alusión a una planta abundantemente encontrada en esa región. Es una localidad situada a 240 kilómetros de Asunción y forma parte del departamento de Canindeyú.
Zona agrícola por excelencia, Curuguaty se define como propietaria de una rica flora y fauna, rodeada por las serranías del Mbaracayú, con una altura media de 400 metros sobre el nivel del mar y una zona donde confluyen importantes ríos, a la vez afluentes del navegable río Paraguay.
Sin embargo, la historia reciente del país convirtió a Curuguaty en algo todavía más trascendente, en una verdadera herida abierta en el corazón de la nación, tanto por los sucesos ocurridos en el lugar en junio pasado, como por las derivaciones que ellos tuvieron.
Para hablar de lo que representaron y siguen representando esos hechos en la realidad paraguaya de hoy, debe comenzarse por explicar como su origen el gravísimo problema de la tenencia de la tierra, tantas veces tratado pero nunca resuelto.
Es un país donde el 85 por ciento de los terrenos cultivables está en manos de menos del dos por ciento de los propietarios rurales existentes, con la avasalladora presencia de voraces latifundistas, de grandes agroexportadores que controlan una producción agrícola limitada a varios rubros y de empresas de ciudadanos extranjeros.
No habría mucho más que decir para comprender la presencia de algunas familias campesinas sin tierra, parte de las 300 mil señaladas como existentes en el país viviendo en condiciones infrahumanas, en zonas del enorme latifundio existente en Marina Cué, Curuguaty.
Para los grandes propietarios de muchos miles de hectáreas, para jueces y fiscales a veces acusados de estar al servicio de esos poderosos intereses económicos, y para el propio gobierno, la calificación genérica de estos casos es la de invasión de la muy sagrada propiedad privada y de violación de las leyes del país.
Esas fueron las razones esgrimidas por abogados, fiscales y jueces para ordenar el desalojo hasta por la fuerza, de los ocupantes de apenas una pequeña parte de las miles de hectáreas acumuladas en forma muy dudosa por el empresario Blas Riquelme, expresidente del Partido Colorado quien apoyó, incluso, a la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner.
Si se admite la versión oficial, los campesinos recibieron a tiros a los centenares de policías que acudieron a realizar el desalojo y, lógicamente, superaban ampliamente en número, armamento y preparación a los labriegos allí asentados.
La conocida como masacre de Curuguaty terminó el 15 de junio pasado con la muerte de 11 campesinos y seis policías, el encarcelamiento de numerosos rurales y el dictado de orden de detención a más de 40, quienes huyeron del lugar alegando peligro para sus vidas.
Casi inmediatamente, los partidos políticos tradicionales, con su mayoría congresional, lograron derivar la responsabilidad de lo sucedido hacia el gobierno del presidente Fernando Lugo y lo destituyeron en forma expedita en unas 30 horas, mediante el juicio político convocado, sin tomar en cuenta recomendaciones de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), presentes en Asunción.
Precisamente esa concertación política de partidos anteriormente enfrentados y las diferentes versiones que fueron apareciendo por parte de las organizaciones sociales, especialmente campesinas e indígenas, y hasta del gobernador del departamento de San Pedro, José Ledezma, militante del partido de gobierno, provocaron la interrogante hoy repetida continuamente: ¿Qué pasó en Curuguaty?
En busca de esa respuesta, más allá de las posiciones respectivas de las organizaciones políticas del país, se conformó la comisión investigadora independiente, encabezada por el jurista español Aifor Martínez y respaldada por abogados y personalidades locales.
Testimonios de primera mano recogió la comisión de los campesinos presentes durante el desalojo así como de policías, funcionarios, familiares de las víctimas, empleados hospitalarios, y acumuló fotos y filmaciones tomadas durante el tiroteo.
La acumulación de elementos permitió a los integrantes del grupo definir algunos aspectos trascendentes:
a) La posición de los francotiradores desconocidos, provistos de armas automáticas nunca manejadas por los labriegos, y la convicción de que fueron esos elementos quienes desencadenaron el choque armado al disparar y matar al dirigente de los campesinos y al jefe de operaciones de la policía mientras negociaban.
b) La existencia en manos de campesinos apenas de escopetas de caza y otras armas rudimentarias, por lo que fue imposible pudieran resistir al embate de las fuerzas policíacas.
c) La posibilidad latente de ejecuciones extrajudiciales de algunos labriegos, una vez iniciada la entrada con fuerza de la policía en el lugar.
d) La negativa de auxilio a campesinos heridos, demostrada en filmaciones, e incluso la detención y encarcelamiento de un menor herido sin atención médica alguna.
Con el objetivo de colaborar a un verdadero esclarecimiento de los hechos, la comisión entregó a la Fiscalía General los resultados de su encuesta pero sin una atención satisfactoria.
El reclamo sobre lo verdaderamente sucedido en Curuguaty se convirtió en una constante de tal amplitud que, durante el acto oficial por el Día Internacional de los Derechos Humanos, la representación de la ONU en Paraguay reclamó al presidente Federico Franco una urgente aclaración de aquellos sucesos.
La respuesta la dio el fiscal de la causa, Jalil Rachid, apenas unos días después acusando oficialmente y enviando a juicio a 14 campesinos como únicos responsables de la masacre, aunque debió reconocer que no era posible saber si habían dado muerte a alguno de los policías.
Este nuevo escenario planteado por la Fiscalía difícilmente podrá impedir que, en las manifestaciones públicas en las plazas, en las demostraciones de las organizaciones sociales y en los actos de los partidos políticos siga presente la misma interrogante con tintes de acusación permanente: ¿Qué pasó en Curuguaty?
Javier Rodríguez es corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.
Fuente: http://www.apasdigital.org/apas/nota_completa.php?idnota=5771