Tras el golpe de Estado en Paraguay el 22 de junio pasado, la oligarquía y el imperialismo han avanzado con fuerza -a través de sus distintos agentes locales- en la consolidación del proyecto imperialista en el país, y desde allí, proyectándolo a la región. Su objetivo fue -y sigue siendo- frenar el proceso de ascenso […]
Tras el golpe de Estado en Paraguay el 22 de junio pasado, la oligarquía y el imperialismo han avanzado con fuerza -a través de sus distintos agentes locales- en la consolidación del proyecto imperialista en el país, y desde allí, proyectándolo a la región.
Su objetivo fue -y sigue siendo- frenar el proceso de ascenso de la lucha del movimiento popular en el país y cortar el proceso de integración regional para asegurar la dependencia y subordinación del país a las potencias imperialistas -principalmente norteamericana- y sub imperialista -brasilera- como proveedora de tierra, energía, recursos naturales y mano de obra barata.
Para este proyecto, el movimiento popular en lucha por la justicia y la vida es un estorbo a ser superado. Por la formación histórica paraguaya -principalmente rural hasta hace pocos años- fue el movimiento campesino el que ha desarrollado mayores niveles de organización y lucha hasta hoy. Y es, precisamente, el sector donde la oligarquía concentra el mayor nivel de represión, criminalización y asesinatos selectivos, con el objetivo de descabezar y anular al movimiento popular que toca el punto clave de la contradicción de este proyecto productivo atrasado y dependiente: el latifundio semi-feudal.
La estructura semi-feudal latifundista y la lucha por la vida
La lucha por la tierra en Paraguay se remonta a la misma resistencia de los pueblos originarios contra los invasores hace más de 500 años. La usurpación de las tierras realizada por los colonos consolidó una estructura semi-feudal latifundista, sobre la cual se sustentó el proyecto colonial de extracción de recursos naturales y exportación de materia prima al centro.
El régimen patriótico del Dr. Francia recuperó la mayor parte del territorio nacional, destinando la tierra a quien la trabajaba. Sin embargo, representando una amenaza a los intereses del incipiente capitalismo de libre competencia, la guerra imperialista de la Triple Alianza destruyó el régimen francista, reconstruyendo la estructura latifundista semi-feudal que se mantiene hasta hoy.
Así, el 2,6% de las explotaciones concentra el 85,5% de la tierra en el país (CAN, 2008), y -por lo menos- un 19,4% del territorio se encuentra en manos extranjeras (Glauser, 2009). Con esta estructura latifundista, la oligarquía frena el desarrollo nacional, beneficiándose de mantener al Paraguay subordinado al proyecto imperialista regional y mundial, como proveedor de tierra, energía, recursos naturales y mano de obra barata.
Tierras mal habidas y la resistencia de Curuguaty
Una de las bases de esta estructura latifundista es la usurpación de las tierras mal habidas, tierras adjudicadas a sujetos no beneficiarios de la reforma agraria, sino amigos de la cúpula de poder, tanto en el periodo dictatorial como en la llamada transición -que no es más que la continuación de la misma estructura política y económica imperial, con ajustes acorde a los tiempos democráticos.
Estas tierras, correspondientes al 20% del territorio nacional (CVJ, 2008), tocan la contradicción del latifundio y la impunidad que sostiene esta estructura semi feudal, donde los ladrones de tierras controlan el poder político, las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación, manteniendo así el latifundio y las tierras robadas, frenando por ende el desarrollo nacional.
Este fue el pecado del movimiento popular, y el pecado de la resistencia de Marina Cue-Curuguaty: señalar la contradicción, el latifundio, la dominación extranjera y sus agentes locales como causas y actores que no permiten desarrollar al Paraguay.
La marcha de la Coordinadora por la Recuperación de Tierras Mal habidas el 25 de octubre de 2011, que concentró a más de 10.000 personas en Asunción, y la ocupación de las tierras mal habidas de Ñacunday y de Marina Cue -entre muchas otras ocupaciones y resistencias- fue demostrando el ascenso de la lucha del movimiento popular, lo que asustó a la oligarquía y la impulsó -junto a otros elementos- a concretar su tantas veces anunciado golpe de Estado.
Criminalización y aniquilamiento
Con el gobierno de facto establecido tras el golpe de Estado, la oligarquía avanzó aún más aceleradamente en el plan represivo y autoritario de controlar y descabezar al movimiento popular. Con el modus operandi de las dictaduras de la doctrina de seguridad nacional ajustado a los tiempos democráticos y de comunicación masiva, se fortalece la criminalización, el amedrentamiento y los asesinatos selectivos como mecanismos de acción.
Los medios de comunicación masiva juegan un rol clave en instalar en el sentido común que toda luchadora y luchador social es un terrorista, y todo terrorista es aquel asesino que atenta contra la paz de la gente. De esta manera, la oligarquía -a través de los medios- concentra su trabajo en los movimientos campesinos y de las periferias urbanas, colocándolos como terroristas, delincuentes y, por ende, amenazas a la convivencia pacífica de la sociedad.
Junto a ello, los procesos judiciales son utilizados como montajes que -con el sentido común instalado de que todo luchador/a es terrorista- permiten imputar, encarcelar e incriminar a luchadoras y luchadores, tanto para descabezar y debilitar al movimiento popular, como para dejar impunes a los verdaderos criminales.
La aprobación de la ley anti terrorista en el 2010 es un avance clave en el marco jurídico-político de la criminalización, siendo fue aplicada por primera vez en octubre del 2012, luego del Golpe de Estado.
Asimismo, el montaje fiscal armado en torno a la resistencia de Marina Cue – Curuguaty es un caso ejemplar, donde se incrimina a luchadores/as inocentes, encarcelándolos en un intento de castigo ejemplar a los luchadores por la tierra, así como de gran impunidad a la oligarquía asesina y criminal.
Se mantienen hace 8 meses a 14 presas y presos políticos y más de 50 imputadas/os, inocentes, sin pruebas en su contra, acusados de homicidio doloso en grado de tentativa (dado que no existen pruebas, por lo que no se puede comprobar su supuesta culpabilidad), asociación criminal, invasión de inmuebles (pese a que Marina Cue es tierra pública) entre otros. El 22 de febrero se realizó la primera condena a uno de los presos políticos, un menor de 17 años, condenado por asociación criminal por llevar alimentos a su hermano que se encontraba en la ocupación.
129 asesinatos selectivos
Cerrando el círculo de la criminalización, la imputación y la acusación de las y los luchadores, se encuentra la represión y los asesinatos selectivos. Con el asesinato del dirigente del asentamiento Arroyito, Benjamín Lezcano, ascienden a 129 los luchadores y luchadoras por la tierra asesinados/as desde 1989 hasta hoy (Codehupy, 2013).
20 asesinatos se dan desde la Masacre de Curuguaty el 15 de junio pasado hasta hoy. 11 campesinos y 6 policías fueron muertos en la Masacre de Curuguaty el 15 de junio. El dirigente Sixto Pérez, en proceso de organización de una cooperativa campesina para la explotación de diamantes en la región norte del país, fue asesinado por sicarios el 01 de setiembre del 2012. Vidal Vega, dirigente de la Comisión Sin Tierra y testigo clave de la Masacre de Curuguaty fue asesinado por sicarios el 01 de diciembre, y Benjamín Lezcano, dirigente campesino, fue asimismo asesinado por sicarios el 19 de febrero del 2013.
Estudios demuestran que la cantidad de asesinatos en el marco de la lucha por la tierra es mayor en aquellos departamentos donde mayor es la concentración de la tierra ( Campaña de la sociedad civil por la reforma agraria, 2010). Ninguno de los 129 casos de asesinatos a dirigentes y luchadores/as por la tierra ha sido esclarecido.
Hacia donde: Socialismo o Barbarie
La tendencia en el país es la misma tendencia que en toda la región: mientras mayor sea la expulsión y el despojo del pueblo, más crecerá la resistencia y la organización de la clase trabajadora contra la miseria, y mayor será el levantamiento popular contra la oligarquía responsable del proyecto atrasado, excluyente y dependiente.
Con un mayor levantamiento popular, la oligarquía desesperada seguirá recrudeciendo su accionar contra los sectores populares, y esto, a su vez, acrecentará de nuevo la movilización y organización popular.
La clase trabajadora, en lucha constante, construirá un nivel que superará al proyecto atrasado y dependiente de la oligarquía, pese a que ésta recrudezca su violencia frente a la limitación y contradicción de su proyecto político y económico excluyente.
Como ya lo dijo Rosa Luxemburg a comienzos del siglo XX, y lo repite István Meszáros a comienzos del XXI, nos encontramos frente a «Socialismo o Barbarie». Y con comprobación histórica y la convicción de la lucha incansable del pueblo, decimos con certeza: es hacia el socialismo!
Datos citados:
– Campaña de la sociedad civil por la reforma agraria 2010. Reforma Agraria es desarrollo nacional que beneficia a todos y todas. Propuesta y acciones para la implementación de una Reforma Agraria en Paraguay (Asunción: Base Is).
– Censo Agropecuario Nacional 2008 (Asunción: MAG).
– Comisión Verdad y Justicia Paraguay (CVJ) 2008. Tierras Mal Habidas. Informe Final, Anive haguâ oiko (Asunción: Comisión Verdad y Justicia Paraguay – CVJ).
– Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) 2008. Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005) – Versión Resumida (Asunción: CODEHUPY).
– Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) 2013. Comunicado a la opinión pública, 20 de febrero 2013 (Asunción: CODEHUPY).
– Glauser, Marcos 2009. Extranjerización del territorio paraguayo (Asunción: Base IS)
Cecilia Vuyk es miembro del Movimiento 15 de junio de Paraguay.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.