Dirigentes se quejan de que autoridades no asumen responsabilidad por mortales enfrentamientos de Bagua en 2009. Un juez peruano ha archivado los cargos de sedición, conspiración y rebelión contra el líder indígena Alberto Pizango en relación con fatales enfrentamientos hace dos años por decretos de inversión del gobierno que dejaron 33 personas muertas. Pizango, presidente […]
Dirigentes se quejan de que autoridades no asumen responsabilidad por mortales enfrentamientos de Bagua en 2009.
Un juez peruano ha archivado los cargos de sedición, conspiración y rebelión contra el líder indígena Alberto Pizango en relación con fatales enfrentamientos hace dos años por decretos de inversión del gobierno que dejaron 33 personas muertas.
Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), había recibido asilo en Nicaragua después de que se presentaron cargos contra él. Regresó a Perú en mayo del 2010 a enfrentar juicio.
A fines de junio, un juez de Lima archivó su caso y los de otros cuatro dirigentes indígenas en relación con los enfrentamientos en la ciudad amazónica de Bagua el 5 de junio de 2009 entre la Policía y manifestantes indígenas suscitados por una serie de decretos que buscaban proyectos de inversión en tierras nativas sin la aprobación de sus habitantes.
«La decisión del tribunal será un gran alivio para los indígenas y todos aquellos que han luchado por su integridad», dijo Stephen Corry, director de la organización internacional de derechos indígenas Survival International. «Pero siguen presentes los problemas subyacentes a este terrible acontecimiento: las tierras de los indígenas siguen estando en la mira de proyectos de desarrollo sin su consentimiento».
La violencia en Bagua abrió un acalorado debate en Perú sobre cómo equilibrar el crecimiento económico con los derechos permanentemente ignorados de los pueblos indígenas que habitan en las zonas que el gobierno y las empresas están a menudo más interesados en explotar. Muchos de los manifestantes indígenas argumentaron que los decretos -algunos de los cuales ya han sido derogados- significarían industrias con altos niveles de contaminación, como minería y extracción de petróleo, en sus tierras.
Un informe multisectorial aprobado por el Congreso a mediados de junio, antes de retirarse los cargos a Pizango, encontró que la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo Mercedes Aráoz, el ex presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon y el ex ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz eran política pero no penalmente responsables de los enfrentamientos del 2009.
Pizango y otros activistas han pedido que el presidente electo Ollanta Humala, quien asume el poder el 28 de julio, impulse cargos contra las autoridades que según ellos fueron las responsables de los enfrentamientos.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6416