La población nicaragüense regresó a las calles en busca de justicia y libertad. La insurrección cívica, liderada por jóvenes, ha quedado registrada en las redes sociales. Las movilizaciones ciudadanas han puesto en jaque al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se sostiene en el poder amparado en el uso de las fuerzas policiales […]
La población nicaragüense regresó a las calles en busca de justicia y libertad. La insurrección cívica, liderada por jóvenes, ha quedado registrada en las redes sociales. Las movilizaciones ciudadanas han puesto en jaque al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se sostiene en el poder amparado en el uso de las fuerzas policiales y grupos irregulares.
La negligencia del Gobierno de Nicaragua en el manejo de un incendio que arrasó más de cinco mil hectáreas de bosque de la Reserva Indio Maíz -una de las más importantes de Centroamérica-, fue la chispa que encendió las protestas. Luego, vino la reforma a la seguridad social que afectaba a las personas jubiladas, que deducía un 5% de sus pensiones, aumentaba la cuota de cotización a trabajadores y empleadores, y cambiaba la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones. Entonces, las llamas se propagaron y ocurrió lo inesperado. Una explosión ciudadana volvió las miradas sobre Nicaragua.
El 18 de abril, personas jubiladas afectadas por las reformas protestaron en León y fueron reprimidos por miembros de la Juventud Sandinista (JS). En Managua, decenas de jóvenes se convocaron para exigir la derogación de las reformas. Daniel Ortega y Rosario Murillo respondieron con violencia. Sus fuerzas de choque, vestidas con camisetas blancas y leyendas de amor y paz, agredieron brutalmente a quienes se manifestaban de manera pacífica. Además, robaron cámaras y celulares, hirieron a decenas de personas, y sacaron del aire a los canales de televisión 100% Noticias, Canal 12, CDNN 23 y Telenorte.
Yo fui uno de los periodistas agredidos ese día, mientras transmitía las protestas por Facebook. A causa de los golpes perdí la memoria y aún no recuerdo lo sucedido. «Lo que no se borrará de la memoria del pueblo nicaragüense son los crímenes cometidos por Ortega y su esposa Rosario Murillo», dije durante una manifestación de periodistas en la Universidad Centroamericana (UCA), el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa.
El 19 de Abril, Daniel Ortega cruzó los límites. Durante 11 años reprimió las manifestaciones ciudadanas, pero ningún nicaragüense había sido asesinado. Desde ese día, más de 300 personas, mayoritariamente jóvenes, han muerto durante las protestas, según informes de organizaciones de derechos humanos.
El 22 de abril, en un intento por apaciguar las manifestaciones ciudadanas y facilitar una salida a la crisis política a través del diálogo, Ortega revocó las reformas del seguro social. Sin embargo, ante la conmoción e indignación por los asesinatos, su reacción fue tardía. Multitudinarias marchas, en casi todo el país, demandaban justicia por las personas asesinadas. Además, pedían la dimisión de Ortega y Murillo.
La esperanza del padre Fernando Cardenal, ex ministro de Educación durante el primer gobierno de Daniel Ortega, está ahora más viva que nunca. «Creo profundamente en los jóvenes (…) Ellos son mi esperanza. Sólo hace falta que la sociedad les ofrezca una causa grande, noble, bella, si es difícil, mejor, y que al frente de ella haya personas con autoridad moral. Yo espero que los jóvenes regresen a las calles a hacer historia», afirmó en su proclama Testamento en el año 2010.
La juventud nicaragüense se sumó a una causa grande y noble: la de la lucha por la justicia y la democratización del país. Según la socióloga Elvira Cuadra, quienes protestan son en su mayoría jóvenes de las generaciones postrevolucionaria. La acusación de que se trataba de jóvenes apáticos, insensibles, indiferentes y poco comprometidos con los problemas de la sociedad nicaragüense al no «interesarse» en la política, han quedado en el pasado
¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!
La generación «apática» volvió a las calles y, estando al tanto de que así se les percibía, portaban pancartas con la consigna ¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir» y la coreaban a todo pulmón durante las manifestaciones!
La periodista Sofía Montenegro, autora de la investigación La Masculinidad Hegemónica en los Jóvenes de la Posrevolución, encontró que la juventud nicaragüense rechazaba la política y sus expectativas estaban centradas en la autorrealización personal: culminar una carrera, consumo y bienestar. Hoy, los jóvenes han llegado a la conclusión de que, si no hay un cambio en el país, los proyectos personales no son posibles. En su texto afirma: «En contraste con la juventud de sus padres, la de la generación siguiente aparece más sosegada y replegada al interior de la familia, ocupada en estudios y diversión y una participación limitada a espacios deportivos o religiosos… tienen como meta principal terminar sus estudios, tener una profesión y su propia casa… Dicen no estar interesados en la política».
En un estudio anterior acerca de la cultura política de la juventud nicaragüense, las investigadoras Elvira Cuadra y Leonor Zúniga anticiparon que la generación postrevolucionaria era poco comprometida con los problemas del país, desinteresada de la política, y nada dispuesta a sacrificarse por causas políticas. Sus causas, en todo caso, eran personales. Sin embargo, los miembros de esta generación manifestaban su preferencia por la democracia como régimen político.
La apatía es parte de un retrato generacional dibujado por quienes protagonizaron la revolución, considera la antropóloga y trabajadora social, María José Díaz. «Empezaron a leer a las nuevas generaciones como apática porque estaban comprendiéndola desde los lentes de los años ochenta. La generación política de la revolución utilizó como estrategia la lucha armada para derrocar a la dictadura militar de Somoza».
Díaz añade que la juventud estaba participando en otras trincheras que no necesariamente era la movilización en la calle. «Había un montón de jóvenes insertados en distintos proyectos o procesos comunitarios que ya estaban nombrando la alianza gobierno-capital, gobierno-iglesia, que ya estaban nombrando la ilegitimidad de este gobierno», afirma. Además, a su juicio, algunos medios de comunicación repetían ese discurso. «Decían que éramos una generación apática, se quedaban en un análisis superficial y omitían otras expresiones organizadas donde los jóvenes promovían procesos de cambio».
Dolly Mora, activista feminista, coincide con Díaz. «Considerarnos apáticas tiene que ver con no reconocer el trabajo que hacíamos un montón de activistas desde distintas miradas, agendas, propuestas y temas. Lo que hizo falta fue visibilizar esa agenda y las voces de los jóvenes».
El estudio ¿Cómo se informan y participan los jóvenes? de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), señala que las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los jóvenes nicaragüenses se informan, expresan su opinión y participan en causas sociales con las cuales se sienten identificados. De esto modo, rechazó que hubiese apatía de la juventud nicaragüense hacia los temas que afectan al país. Más bien, planteó dudas sobre de «si los espacios de participación tradicionales son lo suficientemente abiertos, modernos, creativos y útiles para atraer a la juventud».
El universitario Edwin Carcache, integrante del Movimiento 19 de abril, reconoce que el temor era un factor que limitaba la participación. «Durante 11 años nos dejamos intimidar por un gobierno dictatorial, genocida, por los ataques previos que habían realizado las turbas en ciertas manifestaciones. Los jóvenes salimos a la calle; y desde ese momento abrimos los ojos y vamos a continuar luchando y batallando por la libertad de Nicaragua».
Por su parte, la excomandante sandinista Mónica Baltodano, declaró a Proceso: «La memoria entró de golpe. Nosotros que nos quejábamos de que la juventud era muy pasiva, y mira, nos vino a abofetear la cara». Y, finalmente, el escritor Sergio Ramírez manifestó que «esta generación demostró que no sólo le interesan las fiestas o estar en las redes sociales, sino que ya tienen mayor interés por el contexto social y político».
Las redes sociales en tiempos de represión
Nunca las redes sociales habían logrado tanta relevancia en Nicaragua. Han disputado a los medios de comunicación la inmediatez noticiosa y evadido la censura de los medios oficialistas.
En un país donde la libertad de expresión ha sido criminalizada y la familia del presidente Daniel Ortega acapara casi la totalidad de los canales de televisión y decenas de radios en todo el país, las redes sociales se han convertido en un medio alternativo para la difusión del pensamiento.
El informe Disparar a matar publicado por Amnistía Internacional, señala que el Gobierno de Nicaragua, a través de diversos medios de comunicación oficialistas, ha promovido un discurso de «negación de la realidad» mediante una campaña de estigmatización hacia las personas que protestaban, en un intento por minimizar la rebelión ciudadana. La vicepresidenta Rosario Murillo expresó ante los medios de comunicación que los grupos de personas que se manifestaban eran grupos «minúsculos» que atentaban «contra la paz y el desarrollo, con intereses y agendas políticas egoísta, tóxicas, (…) los cuales habían fabricado las muertes, como estrategia contra el gobierno». Expresó también que «estos corazones enfermos, cargados de odio, y pervertidos, no pueden sembrar el caos y negar a todas las familias nicaragüenses la tranquilidad que gracias a Dios tenemos».
El informe de Amnistía Internacional afirma, además, que el discurso de Daniel Ortega no solo negaba e ignoraba la realidad de violencia que estaba ocurriendo en Nicaragua bajo su mando directo y con graves violaciones de derechos humanos y crímenes penados por el derecho internacional, sino que, además, en un contexto de conflictividad social, pudo haber incitado a la confrontación.
No obstante, el presidente Daniel Ortega y sus medios de comunicación no lograron imponer su discurso de negación ni de estigmatización, ya que su retórica era incompatible con la realidad. El relato de la crisis política de Nicaragua pasó a la cancha ciudadana a través de las redes sociales, la calle y medios independientes. La narrativa oficial no logró la credibilidad que el gobierno nicaragüense esperaba.
El presidente Daniel Ortega, consciente del contrapoder de la opinión pública, días antes de las protestas, había intentado controlar los contenidos en Internet. Pero no tuvo éxito y no le quedó otra opción que engavetar la iniciativa de ley, al menos, temporalmente.
Periodistas y medios de comunicación independientes han emitido dos pronunciamientos condenando los ataques a la libertad de expresión y la libertad de prensa, en los cuales reconocen el extraordinario despliegue de las personas que, haciendo uso de su derecho constitucional, han brindado información a través de las redes sociales. «Gracias a su empoderamiento, se está derrotando la censura y el monólogo oficial. Rechazamos los planes del régimen de imponer la censura y cortapisas para limitar este derecho ciudadano», manifiesta el comunicado.
En los momentos más intensos de la represión, las redes sociales se convirtieron en la principal fuente de información para los medios de comunicación. Era casi imposible dar cobertura a todos los ataques que ocurrían casi simultáneamente en varios departamentos del país.
De esta manera, las redes se convirtieron en una plataforma para denunciar a nivel nacional e internacional la represión y los asesinatos extrajudiciales, cuya responsabilidad recae sobre Daniel Ortega y la cadena de mando de la Policía Nacional, como lo señaló Amnistía Internacional.
Las marchas han sido pacíficas. Las armas del pueblo han sido los morteros, las barricadas, los tranques y las redes sociales, particularmente Facebook y Twitter, donde se ha evidenciado la represión y no solo de las protestas actuales, tal como dice Dolly Mora.
Igualmente, las redes sociales han jugado un papel fundamental para la convocatoria a las acciones masivas. Afiches y videos circulaban en Facebook y Twitter; así como en grupos de WhatsApp, Telegram y Signal llamando a la población a unirse a las marchas.
Cada celular, un ojo. Represión al descubierto
Mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo intentaban ocultar sus crímenes, la ciudadanía se encargó de sacarlos a luz pública. El régimen no solo perdió el control de las calles. También perdió el de la información. La ciudadanía documentó las agresiones con sus celulares y dejó al descubierto a los responsables.
El gobierno acusó a los manifestantes de incendiar instituciones públicas y medios de comunicación, de saquear supermercados y tiendas, de realizar ataques para culpar al gobierno. Sin embargo, centenares de fotografías y videos demostraron fueron las fuerzas de choque del gobierno y paramilitares, actuando en coordinación o con el beneplácito de la Policía Nacional.
Las denuncias en las redes sociales y en medios de comunicación también evidenciaron cómo el gobierno utilizó a las fuerzas irregulares para asesinar, secuestrar, torturar y generar caos, imponiendo un estado de sitio.
«La persona que se atreve a grabar a su agresor con un celular, tiene conciencia de derecho, de denuncia. Las redes sociales son instrumentos que los jóvenes en resistencia pacífica están sabiendo utilizar, grabando a quienes les disparan», explicó María José Díaz.
#SOSNicaragua: marchas, represión y asesinatos en Facebook
Lo que era impensable antes del 18 de abril, acabó sucediendo. Una serie de marchas multitudinarias dirigieron sus dardos al poder de Daniel Ortega. Han vuelto las canciones de protestas y las viejas consignas. «¡El pueblo unido, jamás será vencido!», gritan las masas, alzando banderas azules y blancas.
La mayoría viste de negro y blanco, con pasamontañas o pañoletas azules y blancas para tapar sus caras. Los morteros son infaltables. Los estudiantes llevan cruces de madera con mochilas colgadas, en homenaje a sus compañeros asesinados. También portan mantas y pancartas con las fotografías y los nombres de las personas asesinadas. Desde los altoparlantes leen sus nombres y la muchedumbre responde: «¡Presente, presente!». «Es imposible olvidar y perdonar», dice la población.
Las marchas son transmitidas en vivo a través de Facebook por jóvenes, quienes comparten con sus amigos y seguidores la emoción de participar en las ellas.
La represión y los asesinatos también han sido transmitidos en Facebook. El asesinato del periodista de Bluefields Ángel Gahona, el 21 de abril de 2018, fue visto al instante. Gahona transmitía en vivo las protestas de Bluefields cuando recibió varios disparos en la cabeza. «Ustedes pueden ver la puerta y las paredes del cajero de Banpro, totalmente destruidas», fueron sus últimas palabras. Luego, se escucharon los disparos y Ángel cayó al suelo. El video en Facebook se hizo viral y la conmoción invadió al país.
El 20 de abril, Franco Valdivia, de 24 años, estudiante de derecho y rapero, fue asesinado por un francotirador en el municipio de Estelí, al norte de Nicaragua, mientras participaba en las protestas contra el gobierno, según denunció su familia. Minutos antes, él había denunciado en Facebook las agresiones. «Andábamos en la marcha los jóvenes y las personas de la tercera edad, de manera pacífica y ellos (antimotines) vinieron a tirarnos bombas», declaró Franco mostrando una bala de goma en sus manos.
El 30 de mayo, día de las madres nicaragüenses, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ensañó con la madre de todas las marchas, la movilización más multitudinaria durante la jornada de protestas. Al menos dieciocho personas fueron asesinadas por paramilitares y policías, quienes dispararon desde el Estadio Nacional Denis Martínez. La masacre fue transmitida en Facebook por periodistas y ciudadanos que quedaron atrapados. El caos y el terror se apoderaron de la multitud que huía en diferentes direcciones. Más de 5.000 lograron refugiarse en la Universidad Centroamericana (UCA). En uno de los videos se observa a un grupo de personas subir un herido a una moto para trasladarlo al hospital, pero lamentablemente fallece.
El 14 de junio de 2018, Ezequiel Martínez, de 22 años, fue asesinado durante un operativo de antimotines y paramilitares para remover un tranque en Tipitapa, Managua. En el video que se virilizó en las redes sociales, se observa sus últimos minutos de vida. «Le dieron a Ezequiel», grita uno de sus compañeros. El joven, con su celular en mano, camina desangrándose hasta llegar a una acera, se sienta y se desvanece.
Eran días y noches de incertidumbre, impotencia e indignación. «Auxilio, nos están disparando», «nos están atacando, necesitamos que vengan los medios, los obispos», eran los dramáticos llamados en audios y videos que se publicaban en Facebook o que llegaban a los grupos de WhatsApp, Telegram y Signal. Los obispos, acompañados de medios de comunicación, fueron a mediar muchas veces, logrando salvar centenares de vidas.
El volumen de información que circulaba en Facebook, Twitter y aplicaciones de mensajería, obligó al periodismo a sacrificar la inmediatez para dar más tiempo a la verificación.El periodista, Mario Misael Centeno, declaró al medio digital Maje, que los flujos de información eran tan grandes que ni los propios periodistas podían administrar o confirmar. Las fake news estaban a la orden del día. Se publicaban en las redes sociales o se distribuían en cadenas de chat. Uno que otro medio se vio en la tentación de publicar pero, en general, se cumplió con el deber de verificar.
En Facebook circulaban listas de personas asesinadas. Una que otra aparecía viva o había fallecido por causas no vinculadas a la represión. Aunque fueron casos aislados, Daniel Ortega, los medios oficialistas y cuentas de Facebook y Twitter afines a grupos progubernamentales, emprendieron una campaña de manipulación para minimizar los asesinatos, como si los 195 reconocidos por el propio Ortega no fuesen suficientes.
Paul Oquist, asesor del presidente Ortega, declaró a medios internacionales que muchas de las noticias que llegan sobre la violencia en Nicaragua son fake news y acusó a las organizaciones de derechos humanos de estar «parcializadas». En los mismos términos se pronunció el canciller Denis Moncada en la Organización de Estados Americanos (OEA), quién responsabilizó a la oposición de fabricar o inventar muertos.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, señala en su informe preliminar (actualizado al 4 de julio de 2018), que hay 209 personas fallecidas (12 mujeres y 197 hombres), producto de la represión. Es decir, catorce más de las que aceptó el presidente Daniel Ortega en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN. Dicho informe hizo hincapié en que tiene conocimiento de ocho personas que algunas organizaciones reportaron como fallecidas, pero quienes a través de distintos medios aclararon que están vivas. Lo que no dice la Comisión de la Verdad es que estos casos fueron subsanados en la lista de personas fallecidas, presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su última actualización reporta 317 muertes.
Marlon Josué Martínez es uno de los casos que menciona la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz. Marlon publicó un video en Facebook, aclarando que pudo haber sido una confusión o una broma, pero los medios oficialistas manipularon la información. «Lo que está pasando en Facebook es totalmente falso. Hay un caído con mi nombre y apellido, pero es un chavalo de Ciudad Sandino, yo ahora estoy en España, hace un año que salí de Nicaragua. No sé si usaron mi imagen, si hicieron alguna broma o fue por equivocación», dijo. El «caído» que menciona Marlon Josué Martínez es Marlon Manases Martínez, asesinado el 20 de abril en el municipio de Ciudad Sandino, Managua.
El informe de la Comisión de la Verdad, liderada por Gustavo Porras (presidente de la Asamblea Nacional y coordinador del Frente Nacional de los Trabajadores), señala que Franklin Valdivia Machado, de Estelí, es otro de los jóvenes que está vivo. Pero, en realidad, el asesinado fue Franco Valdivia Machado. Jairo Hernández, según la comisión de Porras, está vivo, pero el medio oficialista «Viva Nicaragua Canal 13» lo reportó como fallecido, «víctima de los grupos criminales de la derecha». El informe de la CIDH lo reporta como Jairo Mauricio Hernández.
#QueremosLaPaz
El hashtag del gobierno promovía la paz y la no violencia. Pero Ortega no ha cesado la represión ni ha desarmado a los grupos paramilitares, pese a los reiterados llamados de la CIDH, la OEA, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En lugar de la paz, Ortega sembró el terror. Paramilitares encapuchados y agentes de la policía dispararon indiscriminadamente contra la población civil desde las llamadas «camionetas de la muerte». Los «autoconvocados» han compartido fotografías y videos en las redes sociales donde se observa a estas «fuerzas combinadas», disparando a civiles.
En pancartas y pintadas se critica el discurso del gobierno. «Por el día rezan y por la noche disparan», dicen. En las redes se leen comentarios como este: «Yo no creo en un gobierno que reza por el día y asesina por la noche, un gobierno que nos quiere intimidar con los saqueos, un gobierno que nos roba la paz».
En nombre de la paz, la seguridad y la libre circulación, la Policía Nacional implementó un violento operativo para quitar los tranques y barricadas, dejando a su paso decenas de asesinatos y centenares de heridos. El gobierno alegó que en los tranques y barricadas se promovían asaltos, extorsiones, violaciones y asesinatos. Lo que no aclaró es que esto ocurría en los tranques y barricadas de sus paramilitares, lo cual fue usado como pretexto para poner en marcha la llamada «operación limpieza», que tenía como objetivo deshacerse de los núcleos de resistencia pacífica y desbloquear las carreteras.
También en nombre de la paz, la policía y los paramilitares-policías voluntarios, según la última versión de Ortega, han ejecutado una cacería casa por casa para detener a líderes de las protestas, tranques y barricadas y presentarlos como terroristas.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH documentó la intensificación de la represión y los operativos desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales en el contexto de la llamada «operación por la paz», acción que habría cumplido con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades del país. El MESENI confirmó que ha recibido información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra quienes participaron en diversas formas de protesta desde el 18 de abril.
Además, la CIDH advirtió que tras el levantamiento de tranques, mediante el uso de la fuerza, las autoridades realizaron numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas por grupos encapuchados y armados. «Las personas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan; tampoco se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que fueron llevados», añade.
Con el hashtag #JusticiayReparación para las «víctimas del terrorismo golpista», la Juventud Sandinista (JS) y los medios oficialistas, continúan justificando los crímenes que el gobierno de Daniel Ortega no ha logrado explicar.
Para el periodista y escritor Guillermo Cortés, la campaña pretende «desacreditar la insurrección cívica y presentarla como un intento de golpe suave, financiado desde el exterior y no como una justa lucha de amplios sectores del pueblo que se rebelaron contra su mal ejercicio del poder».
La mayoría de la población nicaragüense, efectivamente, quiere la paz, pero no de pura retórica. Quienes verdaderamente quieren la paz están conscientes de que sólo es posible si el país se enrumba hacia la democracia. «Tenemos que reprogramarnos para una sociedad democrática, donde el caudillismo no tenga cabida», han expresado los jóvenes nicaragüenses, quienes tienen la inmensa tarea de democratizar el país. El reto es inmenso, pero no imposible.