La polémica suscitada por el informe del gobierno de Perú sobre el enfrentamiento entre policías y nativos registrado en junio en Bagua, que dejó más de 30 personas muertas, opacó otros tres trabajos sobre demandas indígenas, que plantean recomendaciones para atacar los orígenes del conflicto. Con acuerdos poco claros, concluyó la labor del Grupo Nacional […]
La polémica suscitada por el informe del gobierno de Perú sobre el enfrentamiento entre policías y nativos registrado en junio en Bagua, que dejó más de 30 personas muertas, opacó otros tres trabajos sobre demandas indígenas, que plantean recomendaciones para atacar los orígenes del conflicto.
Con acuerdos poco claros, concluyó la labor del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que conformó el gobierno de Alan García tras las protestas de los indígenas contra decisiones legislativas que vulneraban sus derechos colectivos, y que derivaron en el saldo trágico del 5 de junio de 2009 en Bagua, provincia de la norteña región de Amazonas.
El grupo, integrado por ocho ministros, presidentes de regiones de la Amazonia y representantes indígenas, tuvo su última sesión el 12 de este mes para debatir los cuatro informes producidos por las mesas de trabajo, con el objetivo de elaborar un plan de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas.
Sin embargo, los líderes nativos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú (Conap) señalaron a IPS que el diálogo se entrampó en las críticas al informe sobre Bagua y que no hubo tiempo para analizar los otros tres documentos ni aprobarlos de manera oficial, pese a que en gran parte son avalados por los indígenas.
Tanto Aidesep como Conap, los dos mayores gremios de organizaciones selváticas, usualmente enfrentadas, coincidieron en rechazar el informe de los hechos violentos, por considerar que no aportaba a la verdad ni a la justicia, que llegaba a conclusiones parciales y que no reconocía claramente las responsabilidades de las autoridades.
Por ello, ambas organizaciones solicitaron que se amplíe la investigación.
El secretario de Aidesep, Saúl Puerta, pidió una comisión independiente y señaló que el ministro de Agricultura y coordinador del Grupo Nacional, Adolfo de Córdoba, dio por concluido el debate sin terminar de escuchar las observaciones de los indígenas.
«Esto es una provocación», dijo a IPS Puerta, tras insistir en la derogación de los decretos promulgados por el Poder Ejecutivo, en la indemnización a las víctimas de los nativos que murieron tras los hechos sangrientos, y en facilidades para el retorno de Alberto Pizango, líder de Aidesep, asilado político en Nicaragua.
Los otros tres informes, a los que tuvo acceso IPS, pertenecen a la mesa dos, que analizó los decretos legislativos 1090 y 1064, referidos a la gestión forestal y de fauna silvestre, a la mesa tres, sobre la consulta previa que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y a la mesa cuatro, sobre el desarrollo de la Amazonia.
En sus conclusiones, los integrantes de la mesa dos dan aportes técnicos para mejorar las normas forestales, planteando la creación de un viceministerio para el tema y un organismo técnico especializado.
El documento también propone prohibir el cambio de uso de las tierras forestadas y las protegidas, con o sin cobertura de bosques, para evitar otras actividades económicas, como sí lo permitían los decretos 1090 y 1064, que fueron promulgados por el Poder Ejecutivo de manera inconstitucional según los críticos.
En esa misma línea, plantea sanciones penales y administrativas para los funcionarios que «autorizan el cambio de uso de tierras de manera ilegal y promueven el tráfico de tierra o invasiones».
Asimismo, propone un ordenamiento territorial y forestal nacional que considere las condiciones ecológicas del bosque y que no sólo responda a una lógica de explotación de los recursos, como sucede ahora.
Este ordenamiento, según las conclusiones de la mesa, también debería incluir los usos y costumbres de los pueblos nativos, y priorizar el mantenimiento de la cobertura forestal, los suelos y los recursos hídricos, antes que autorizar actividades extractivas de alto impacto.
De igual forma, plantea que se realice una consulta previa a los aborígenes sobre estas actividades.
Otra propuesta es el término del proceso de titulación de las tierras de las comunidades nativas. El texto también recoge la petición de derogatoria de ocho decretos legislativos y de la ley de recursos hídricos, elaborada por las organizaciones indígenas, y la contrasta con las observaciones del gobierno.
En este sentido, solicita que las propuestas y planteos contenidos en los informes sean presentados al Congreso legislativo y al Tribunal Constitucional.
Para los indígenas, los decretos legislativos fueron aprobados para habilitar el acceso de firmas transnacionales a sus territorios y a los recursos naturales y para crear instituciones sin una consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la OIT.
Sobre la ley de recursos hídricos, señalan que centraliza el papel del Estado, tiene una gestión incoherente del manejo de cuencas y no garantiza jurídicamente el derecho al recurso a los pueblos indígenas.
En un documento elaborado para la última reunión con el Grupo Nacional, Aidesep propone que los acuerdos de la mesa dos sean presentados al Poder Legislativo para que se deroguen los decretos.
La mesa tres, en tanto, propuso una ley que establezca mecanismos de consulta, considerando la iniciativa de los indígenas, la postura del gobierno regional de Junín y las observaciones del Poder Ejecutivo.
El proyecto tiene 42 artículos y siete disposiciones complementarias finales, pero 29 de estos puntos no han sido consensuados entre el gobierno y los indígenas.
Uno está referido a la jerarquía de la ley, en el que se señala que «no podrá invocarse el interés nacional u otras disposiciones del derecho nacional como justificación» para no cumplir con la consulta.
Para el gobierno, no deben presentarse excepciones al interés nacional, pero para los nativos no pueden superponerse normas internas para evadir instrumentos internacionales que el Estado suscribe, como señala el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrito en 1969 y que entró en vigor en 1980.
El documento plantea la creación de un organismo técnico especializado en materia de consulta que pueda supervisar el proceso y dar asesoría técnica al respecto. Hay consenso para que el actual Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos asuma esta labor.
Aidesep consideró que esta mesa alcanzó importantes acuerdos y por lo tanto la propuesta debe pasar al Congreso para que sea debatida y se apruebe en un plazo máximo de 60 días.
El informe del último grupo, el cuarto, detalla un plan nacional de desarrollo amazónico, que va desde garantizar los derechos de propiedad de la tierra y de seguridad jurídica de las comunidades de la Amazonía hasta el acceso a la educación y salud con un enfoque intercultural.
Asimismo, demanda la participación de los pueblos indígenas en el manejo y los beneficios de las áreas naturales protegidas, así como en el uso de los recursos naturales.
También que se evite la contaminación ambiental, que se protejan los conocimientos colectivos y que se establezca un marco laboral especial para los nativos.
Los indígenas exigen, además, que el gobierno disponga un presupuesto público, suficiente y oportuno para ejecutar el plan.
Aidesep está de acuerdo, en líneas generales, con los postulados del cuarto informe, pero pide aprobar políticas públicas específicas al respecto.
El ministro De Córdoba dijo a IPS que se hará un seguimiento de los avances de las mesas, a través de una comisión que estará integrada por personas designados por el Grupo Nacional, y que «el diálogo con los pueblos indígenas continúa».
Pero para los líderes nativos, el futuro se ve aún nebuloso, por lo que piden mensajes claros del gobierno y que se consideren sus demandas para avanzar en el proceso.