«Queremos comer e ir a la escuela», respondieron al unísono niños y niñas de un campamento para desplazados por el terremoto de enero en Haití, que están en riesgo de ser desalojados. Los menores viven en Barbancourt 2, un campamento con unas 2.000 personas que perdieron su casa tras el sismo, y uno de los […]
«Queremos comer e ir a la escuela», respondieron al unísono niños y niñas de un campamento para desplazados por el terremoto de enero en Haití, que están en riesgo de ser desalojados.
Los menores viven en Barbancourt 2, un campamento con unas 2.000 personas que perdieron su casa tras el sismo, y uno de los que podrían ser evacuados.
Seguido de un grupo de niños, el vicepresidente del consejo del campamento David Bazil, quien fuera director de una escuela, recorre el campamento con la periodista mostrándole los agujeros y las roturas en las lonas y las tiendas de campaña.
También mostró una fila de letrinas que están tan sucias y que se vacían de muy vez en cuando que la gente prefiere utilizar bolsas de plástico. Bazil sigue un pequeño hilito de agua que sale de las duchas que están al lado y que fluye entre las tiendas de campaña y desagua en una piscina sucia infestada de mosquitos.
Los residentes sobrevivieron al terremoto, sufrieron la muerte de seres queridos, perdieron sus fuentes de ingresos y sus casas. El campamento ahora es su hogar, saber que pueden expulsaron no hace más que aumentar su estrés, indicó Bazil.
El campamento se ubica en un terreno industrial cerca del aeropuerto y su propietario, aunque no está claro que tenga documentos legales, quieren construir una fábrica, explicó. No se han construido viviendas para los sobrevivientes, el precio de los alquileres se disparó y la gente no tiene dinero para arreglar sus viviendas destruidas.
«Hace seis meses que el dueño nos pide que nos vayamos, pero no tenemos donde ir», se lamentó Bazil. «Al principio nos presionó presentándose con un juez y oficiales de policía. Hace tres meses nos dio otros tres más para que nos vayamos», añadió.
IPS no pudo comunicarse con el presunto propietario del terreno.
Por su parte, la congregación salesiana logró reubicar a los sobrevivientes del terremoto que acampaban en una propiedad que tiene a las afueras de Puerto Príncipe.
El padre Pierre Ernest Bazile vive en la parte más grande del complejo, cuyo oscuro terreno ofició de campamento para los sobrevivientes del sismo. Del otro lado está el ala de las hermanas salesianas, donde se acogió a unas 13.000 personas hasta mediados de agosto.
El presidente de la Organización de Victimas del Terremoto del 12 de Enero, Saint Badette Mira, conocido como Badette, señaló que los residentes, como él, de la propiedad de las hermanas salesianas fueron expulsados, algunos incluso por la fuerza.
Para el padre Bazil no hubo una expulsión.
«Siempre le dijimos a la gente que era un refugio provisorio. Pero no era para que se fueran enseguida. Ellos creían que tenían seis meses y se quedaron más tiempo. Entonces comenzamos a dialogar con ellos», relató.
«Sabíamos las condiciones en las que vivían, en tiendas de campaña que comenzaron a deteriorarse. No teníamos recursos para ayudarlos a vivir con dignidad. Comenzamos a hablar con ellos y nos dijeron que querían irse, pero no a cualquier lado. Se irían si conseguían ayuda», añadió.
La congregación creó el proyecto de reubicación. Cada familia de sobrevivientes alojados en la propiedad de las hermanas salesianas recibió el equivalente a entre 200 y 400 dólares, alimento para dos semanas y colchones, relató el hermano Baziel.
Cada familia recibió 63 dólares, sostuvo Badette.
Las familias que se fueron tenían un lugar a donde ir, la casa de amigos o familiares. El proyecto funcionó muy bien y está previsto ampliarlo al resto de la propiedad, explicó Bazile.
«Están impacientes por irse. No los presionamos. Tenemos diálogo cotidiano con ellos», señaló.
El hermano Bazile señaló que Badette es un alborotador que distribuyó folletos y habló en la radio contra la reubicación. No se recurrió a las fuerza contra él ni nadie más.
Badette declaró que le destruyeron su tienda de campaña y amenazaron su vida por su capacidad organizativa. Al final aceptó la oferta económica de los salesianos y se fue.
«Ellos dicen que era voluntaria irse, pero no es verdad. Es una vergüenza que un cura haitiano haga ese tipo de declaraciones», alegó.
«Le dan tan poquito dinero a la gente que es imposible que hagan algo», añadió. La organización de Badette ayudó a la gente a reubicarse fuera del campamento.
Badette y Bazil, de Barbancourt 2, organizaron protestas contra los desalojos y recibieron ayuda de Mario Jospeh, de la Ofician de Abogados Internacionales.
La vivienda es un derecho consagrado por la Constitución de Sudáfrica, de 1987, declaró el 26 de octubre de este año, Joseph, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«El gobierno haitiano tiene derecho a negociar una moratoria contra los desalojos hasta que haya una solución definitiva para las personas desplazadas, apuntó.»
Los miembros de la comisión prometieron investigar.