El fracaso de la política antidrogas en Latinoamérica ha provocado un crecimiento de la pobreza y la tensión y ha profundizado un mayor desplazamiento campo-ciudad y la migración desde los países afectados hacia Europa y Estados Unidos. La evaluación ha sido hecha por Pien Metaal, miembro del Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute con […]
El fracaso de la política antidrogas en Latinoamérica ha provocado un crecimiento de la pobreza y la tensión y ha profundizado un mayor desplazamiento campo-ciudad y la migración desde los países afectados hacia Europa y Estados Unidos. La evaluación ha sido hecha por Pien Metaal, miembro del Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute con base en Amsterdam, que plantea un nuevo enfoque al tratamiento del tema de la producción, el pequeño tráfico y consumo de las drogas.
«Es mayor el impacto negativo de la lucha antidrogas que los buenos resultados, lo que obliga a revisar la criminalización de este fenómeno para darle un enfoque social y de mayor respeto de los derechos de los sectores involucrados», dijo la holandesa, que hace unos días estuvo en un seminario internacional en Bolivia, parte de la campaña Coca & Soberanía.
Según el Centro de Estudios en Migraciones (CEM) ella agregó que la falta de respuestas ha provocado una creciente migración de gente que ya no puede cultivar coca u otros productos alternativos, o que ya no tiene otros ingresos dentro o fuera del circuito coca-cocaína. «El Chapare se ha convertido después de la erradicación forzosa a finales de los 90, principios de los 2000 en zona de expulsión, siendo zona de inmigración originalmente», dijo la entrevistada. Metaal también lamentó que otra vez algunos migrantes sean utilizados o se dejen utilizar para el transporte de droga en su equipaje o en su propio cuerpo.
Hizo notar que, el cambio del enfoque puede dirigirse hacia la descriminalización del consumo de drogas y a no dar prioridad a la represión de sus protagonistas. Explicó que existen reportes científicos como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 1995 estableció que el consumo de la hoja de coca no tiene efectos negativos y que el uso moderado del clorhidrato de cocaína (droga más pura) no genera grandes problemas en la mayor parte de los casos, pero si los productos como el crack o la pasta base de cocaína. «Lo que define más el daño provocado por el consumo son las condiciones socio económicas de los consumidores y la salud individual de ellos», agregó la especialista.
Por motivos políticos ese y otros argumentos fueron ignorados y, por el contrario se dio lugar a acciones represivas en el cultivo de la coca, la producción y consumo de droga, dijo. En el caso del cultivo, se estimuló la erradicación forzosa y se aplicaron insuficientes programas de desarrollo alternativo que no fueron una respuesta a las demandas económicas de los productores, que la cultivaban por necesidad y no por ser delincuentes, afirmó Metaal.
«La apertura de los mercados de Europa solo ha beneficiado a ciertos empresarios, pero el productor campesino sigue sumido en la pobreza, puntualizó Metaal, durante la entrevista en su oficina en Wittenstraat de Amsterdam. En el caso de la producción y tráfico de droga, todo el peso de la ley cayó sobre los productores de la coca y las «mulas», prisioneros por varios años, pero no se afectó a los «peces gordos» ni al gran circuito económico que se mueve de manera abierta y a la vez subterránea. A los consumidores se los trata más como a delincuentes que como a enfermos y se los recluye en lugares donde son víctimas del contagio criminal, ya que ahí están los que han violado otras leyes.
Con los países que pertenecen al circuito coca-cocaína se han «narcotizado» las relaciones lo que ha provocado una situación de desigualdad y castigos injustos, como impedir el libre tránsito de bolivianos, peruanos o colombianos hacia Europa y EE.UU. «Es necesario revisar todos estos puntos y cambiar las convenciones internacionales sobre el tema de las drogas, para evitar que el clima de violencia y pobreza se acreciente en Latinoamérica», puntualizó la investigadora del Programa Drogas y Democracia.