La revuelta social contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciada en abril pasado refleja diversas capas de descontento y articula desde campesinos hasta empresarios, pasando por parte de la Iglesia católica. Iniciada hace cinco meses contra una reforma en la seguridad social, la ola de protestas derivó en un movimiento ciudadano que […]
La revuelta social contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciada en abril pasado refleja diversas capas de descontento y articula desde campesinos hasta empresarios, pasando por parte de la Iglesia católica. Iniciada hace cinco meses contra una reforma en la seguridad social, la ola de protestas derivó en un movimiento ciudadano que puso en primer lugar las demandas democráticas y abrió la puerta a una nueva transición política, todavía incierta.
La revolución, el proyecto de las esperanzas truncadas
El derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza y el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 abrieron la puerta a un desborde de emociones y expectativas en Nicaragua y más allá de sus fronteras. Los ojos del mundo se volcaron sobre el país centroamericano por el intenso proceso político en el que la sociedad nicaragüense pensaba materializar sus ansias de libertad y democracia. La revolución, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional ( fsln ), se transformó tempranamente en un proyecto político en el que se entremezclaban de manera híbrida perspectivas socialistas en el ámbito político y social, y capitalistas en el ámbito económico. Y una gran parte de la población se reconocía en ese proyecto.
Mientras la revolución se empeñaba en llevar adelante proyectos sociales y económicos como la reforma agraria, ampliar la cobertura de políticas sociales en el campo de la educación, la salud y la seguridad social, extender la presencia del Estado y generar empleos, a la vez que promovía amplios tejidos de organización y participación social, la guerra llegó como expresión de las grandes tensiones internas. Pero la guerra también fue la expresión de un mundo bipolar que convirtió a Nicaragua en escenario de la contienda geopolítica entre las dos potencias de la época de la Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética. La participación de los eeuu de Ronald Reagan en el apoyo a la Contra fue la más nítida expresión de esos tiempos.
Un Estado con grandes contradicciones, deficiencias y equívocos, los altos costos políticos, económicos, sociales y humanitarios de la guerra, la miopía política de la dirigencia sandinista y una enorme presión internacional dieron lugar a una transición inesperada cuando el sandinismo, con Daniel Ortega a la cabeza del gobierno y como candidato presidencial, perdió las elecciones en 1990. En ese momento se cerró una época que condensó emociones, deseos, esfuerzos, sacrificios, dolor y enojo para quienes apoyaban la revolución en distintas partes del mundo, y también para quienes se oponían a ella.
Transición y democracia imperfecta
La transición, que se inició en abril de 1990, se convirtió en un proceso complejo en el que coincidieron en el tiempo el cambio del proyecto político de la revolución por una democracia liberal, la pacificación y reconstrucción después de la guerra y cambios en el ámbito económico que significaron el establecimiento de un modelo neoliberal y la rápida inserción del país en los procesos de la globalización económica. La primera mitad de los años 90 se caracterizó por los intensos conflictos sociales asociados a la transición, muchos de ellos encabezados por ex-combatientes que exigían el cumplimiento de los acuerdos de pacificación y simpatizantes sandinistas que reclamaban su derecho a «gobernar desde abajo», como afirmó Ortega en una plaza pública poco después de la derrota electoral.
En esa época, a la par que se producía un restablecimiento de las libertades ciudadanas, se ampliaban y fortalecían los tejidos organizativos locales y nacionales y se construía una nueva cultura política de valores cívicos y democráticos, se acumulaban también enormes déficits a causa de las grandes desigualdades económicas y sociales del país, acentuadas por las políticas económicas de reforma y ajuste estructural aplicadas desde inicios de los años 90 y mantenidas a lo largo de los tres gobiernos siguientes. El modelo de gobernanza adoptado por las elites políticas y económicas en esa época combinó negociaciones y pactos excluyentes que dieron como resultado varias reformas a la Constitución Política entre 1995 y 2007. El más importante de ellos es el denominado Pacto Alemán-Ortega, firmado entre el entonces presidente y líder del Partido Liberal Constitucionalista ( plc ) Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, principal líder del fsln . El pacto se concretó en el año 2000, cuando Alemán todavía fungía como presidente y Ortega se encontraba en la oposición. De ese momento ha quedado como evidencia una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, rodeados de sus más cercanos seguidores y operadores políticos.
El pacto forzó un cierre del sistema político, que quedó reducido en la práctica a un bipartidismo que limitó sensiblemente la competencia electoral. Significó, además, la distribución de magistraturas de otros poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, de acuerdo con la conveniencia de ambos caudillos, y una reforma a la ley electoral que redujo a 35% el porcentaje de votos necesario para acceder a la Presidencia en primera vuelta.
El fsln , el partido de la revolución, sufrió un desgrane de reconocidos cuadros políticos y militantes en esa época, principalmente por la negativa a analizar en el ámbito interno las razones de la derrota electoral de 1990 y el posicionamiento desde la oposición. De esos desgajamientos surgieron el Movimiento de Renovación Sandinista ( mrs ) y otros grupos que no lograron constituirse como partidos. El fsln quedó bajo el control de Ortega y sus colaboradores más cercanos, entre ellos, Rosario Murillo, convertida en la segunda figura del partido.
«Cristiana, socialista y solidaria»
En 2007, Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua, ya no como el joven revolucionario que representaba un novedoso proyecto político ante el mundo, sino como un antiguo caudillo con poca credibilidad y confianza. Desde el inicio intentó establecer un vínculo de continuidad político-simbólico con el proyecto revolucionario original, definiendo su gobierno como una segunda fase de la Revolución, ahora «cristiana, socialista y solidaria». Ortega prolongó su estadía en la Presidencia por tres periodos consecutivos, a pesar de que la Constitución Política se lo impedía. En ese tiempo, transformó el régimen de democracia liberal en construcción desde 1990 en uno de rasgos autoritarios. Un elemento clave en esa transformación ha sido el control sobre los demás poderes del Estado, especialmente el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. El control de la Asamblea Nacional le permitió modificar el marco jurídico del país mediante reformas a la Constitución que redefinieron el modelo de Estado y régimen político; además, se aprobaron nuevas leyes en el ámbito de la defensa y seguridad que aseguraron una relación de subordinación directa de las fuerzas armadas y policiales a la figura del presidente, la controversial ley que le concede los derechos de construcción de un canal interoceánico y otros subproyectos a una compañía china1 y la aprobación del Código de Familia, entre otras.
El control sobre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral ( cse ) le permitió eliminar las barreras que le impedían competir como candidato presidencial en 2011, antes de las reformas constitucionales introducidas en 2014 que borraron definitivamente ese obstáculo. Mientras tanto, el cse ha sido acusado de permitir irregularidades en los procesos electorales generales, municipales y regionales para favorecer a Ortega. Al tiempo que hacía los ajustes políticos necesarios para asegurar su continuidad en el poder, Ortega también promovió el surgimiento de un nuevo grupo de poder económico alrededor de su familia y un grupo de allegados, utilizando los recursos del Estado, la apropiación privada de los fondos de cooperación provenientes de Venezuela y una alianza con el gran capital nacional que validó las decisiones más importantes en política económica.Consciente de sus bajos niveles de confianza y legitimidad, desde 2007 Ortega decidió contener las expresiones de descontento e insatisfacción con una estrategia de control social, vigilancia política y represión; así, todas las manifestaciones y acciones sociales de protesta han sido impedidas o reprimidas independientemente de su motivación o propósito. Derechos y libertades fundamentales como la libre organización y movilización, la libertad de expresión y la libertad de prensa también han sufrido fuertes restricciones desde 2007.
La represión y contención de la acción social han descansado en la policía y en un dispositivo conformado por civiles simpatizantes del gobierno organizados en grupos de choque que se encargan de impedir, casi siempre por la fuerza, las marchas y movilizaciones de protesta. La vigilancia y el control social están a cargo de organizaciones promovidas por el propio gobierno, como los Consejos del Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida, Comités de Liderazgo Sandinista, la Juventud Sandinista y organizaciones gremiales, entre otras. En este marco, el gobierno de Ortega ha intentado imponer su propio discurso a través de mensajes en los que apela a viejas consignas maquilladas de modernidad, sentimientos religiosos y vínculos afectivos con la pasada Revolución Sandinista.
En estos diez años, la base partidaria del fsln se transformó significativamente. Primero, con la salida de los grupos disidentes en los años 90 y después con la decisión de la actual vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, de poner en pie su propio grupo de apoyo conformado por funcionarios públicos jóvenes y leales, la mayoría de ellos fidelizados a través de la entrega de beneficios y prebendas. Con una personalidad excéntrica, Murillo, conocida como La Chayo, pobló Managua de gigantescas estructuras metálicas, los Árboles de la Vida, inspiradas en imágenes del pintor Gustav Klimt. Aparece a diario en los medios para dar las «buenas noticias» del gobierno y ha sido la artífice del uso del discurso religioso -una mezcla de cristianismo y espiritualismo- como forma de legitimar el poder del orteguismo.
La militancia histórica, aquella que participó en el derrocamiento de la dictadura somocista y en la guerra de los 80, fue relegada, apartada e ignorada. Uno de los casos más conocidos fue la confrontación pública entre Murillo y Lenín Cerna, un ex-compañero de celda de Ortega en la época de la dictadura, colaborador cercano, hombre de confianza y secretario de organización del fsln. Tras las discrepancias, Cerna fue apartado y sustituido por personas cercanas a Murillo, tal como les sucedió a muchos otros militantes históricos.
El binomio Ortega-Murillo pensó que lograr la captura del Estado, el control sobre las fuerzas armadas y policiales y la colaboración del gran capital era suficiente para afianzar su régimen autoritario y dinástico. También pensó que renovando y construyendo parques, promoviendo el acceso gratuito a internet en sitios públicos y organizando fiestas y celebraciones deportivas podía contener a los jóvenes, la mayoría de la población y el actor histórico de los cambios en el país. Lo cierto es que, por más que la superficie parecía lisa y tranquila, el germen del descontento y la insatisfacción aumentaba cada día de manera subterránea, toda vez que las expectativas de mejoría económica y mayor cobertura de las políticas sociales se vieron frustradas por la continuidad de las políticas económicas de corte neoliberal, la agudización de la desigualdad y exclusión social, el clientelismo y el cierre de los espacios políticos. Dos expresiones tempranas de ese descontento e insatisfacción fueron los altos porcentajes de abstención en las elecciones de 2016 y 2017, en medio de una guerra de cifras entre oficialistas y opositores. En el ámbito internacional, la Nicaragua de Ortega se alió con el gobierno venezolano -y recibió ingentes recursos petroleros-, al tiempo que negoció con eeuu políticas y programas en materia de migración y seguridad2.
Por otra parte, un nuevo ciclo de acción social se abrió en 2013 alrededor de reivindicaciones vinculadas a la oposición ciudadana al canal interoceánico, los conflictos por concesiones para explotaciones mineras, los procesos de saneamiento y titulación de las tierras propiedad de comunidades indígenas, el acceso al agua, la protección de recursos naturales y los derechos ciudadanos. Al frente de estas acciones estaban un renovado y fortalecido movimiento campesino, el movimiento de mujeres y organizaciones sociales. A inicios de 2018, en el país se podían identificar al menos 20 focos de conflictos en diferentes localidades, casi todas ellas de las zonas rurales del país.
Entre 2013 e inicios de 2018, el movimiento campesino realizó más de 100 marchas. Las más importantes, como la de octubre de 2015, fueron amenazadas y obstaculizadas por la policía y simpatizantes del gobierno. En 2013 también se produjo la protesta conocida como Ocupa inss, que se inició cuando adultos mayores reclamaban pensiones al seguro social y se instalaron frente al edificio de la institución demandando una respuesta. Grupos de jóvenes autoconvocados llegaron a acompañarlos por varios días e instalaron puestos médicos, hasta que el 22 de junio de ese año, ancianos y jóvenes fueron atacados por los grupos de choque del gobierno, que los golpearon, les robaron sus pertenencias y los expulsaron del lugar a la vista de la policía, que no actuó para detener la violencia. Ese acontecimiento marcó un hito en la memoria de las generaciones jóvenes, tal como se ve en los acontecimientos que transcurren desde abril de 2018. Recurrentemente, las fuerzas de la policía y los grupos de choque se encargaron de impedir y reprimir las acciones sociales, especialmente aquellas organizadas por el movimiento campesino anticanal y por los grupos ciudadanos que demandaban el restablecimiento de la democracia.
La rebelión cívica de abril
Los catalizadores de la rebelión cívica de abril fueron las protestas por la actitud negligente del gobierno para atender el incendio en la reserva biológica de Indio Maíz, una de las más importantes del país y de la región centroamericana, y luego por la reforma del sistema de seguridad social a mediados del mismo mes3. Las dos protestas fueron encabezadas por jóvenes autoconvocados y reprimidas abiertamente por la policía y los grupos de choque del gobierno. En el caso de las reformas a la seguridad social, el 18 de abril los grupos de choque atacaron e hirieron a personas de la tercera edad que reclamaban por los efectos que tendrían sobre sus precarias pensiones y periodistas que cubrían los acontecimientos. La imagen de los ancianos vapuleados, heridos y tirados en el suelo fue suficiente para que miles de personas se lanzaran a las calles a protestar en diferentes ciudades, a pesar de que los equipos antimotines de la policía intentaron detenerlas. Al día siguiente, los jóvenes de las universidades se sumaron a la protesta ocupando los recintos y las calles aledañas, y se convirtieron en los principales protagonistas de las protestas. La respuesta del gobierno fue más represión y violencia. La ciudad de Masaya, antiguo bastión de la lucha sandinista contra Somoza, se declaró «Territorio libre del dictador» y después de varias semanas de resistencia, finalmente fue ocupada por grupos parapoliciales movilizados en camionetas y fuertemente armados, que pusieron en marcha la llamada «Operación Limpieza», una terminología con resonancias somocistas, precisamente cuando combatían a las guerrillas sandinistas4.
A partir de ese momento la espiral de movilización social, represión y violencia estatal ascendió de manera acelerada e insospechada y provocó una profunda crisis política y de derechos humanos por las graves violaciones cometidas por las fuerzas policiales, los grupos de choque y los grupos paramilitares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) y Amnistía Internacional han documentado en sus informes la gravedad de la situación. Hasta la fecha, se contabilizan más de 300 personas fallecidas, miles de heridos y de detenidos y varias decenas de desaparecidos; y a eso se suman más de 20.000 personas que han salido del país huyendo de la violencia y la represión estatal. Otras violaciones incluyen las desapariciones forzadas y los secuestros de líderes sociales ejecutados por policías y grupos paramilitares, maltratos, torturas y violencia sexual a detenidos, procesos judiciales espurios, ataques, intimidación y amenazas a personas y periodistas, censuras a la prensa y ataques armados a manifestaciones cívicas.
A finales de abril, Ortega convocó a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica. El diálogo se inició el 16 de mayo y la sesión de apertura se convirtió en un hito por la forma en que los jóvenes representantes del movimiento estudiantil interpelaron públicamente al matrimonio presidencial. En las semanas siguientes, el diálogo alcanzó algunos acuerdos importantes, entre ellos que el gobierno permitiría la entrada de una misión de observación de la cidh y, posteriormente, la conformación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei) de la cidh, así como una misión de oacnudh . Sin embargo, cuando el gobierno no logró desmovilizar las acciones de protesta con la represión, los informes de los organismos internacionales de derechos humanos revelaron la gravedad de la situación y se hizo inevitable abordar los temas relativos a la democratización, incluyendo la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021, el gobierno obstaculizó el diálogo hasta llevarlo a un impasse. Mientras tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la coalición conformada por los representantes de los diferentes sectores que participan en el diálogo, incluidos los empresarios privados, han seguido trabajando en la elaboración de propuestas, acciones de incidencia y coordinación con otros grupos del movimiento ciudadano.
La crisis ha llegado hasta tal punto que los organismos internacionales de derechos humanos coinciden en señalar que se han producido tres fases en la represión y han urgido al gobierno para que la detenga; la comunidad internacional, especialmente el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (oea), el Parlamento Europeo y numerosos gobiernos han hecho llamados al gobierno de Nicaragua para que cese la represión, se reinicie el diálogo y se busque una salida pacífica a la situación. Ortega ha optado por confrontar, movilizar a sus partidarios, atacar y tomar represalias contra la Conferencia Episcopal y los empresarios privados, esperando plegarlos a sus posiciones. También ha ofrecido numerosas entrevistas a cadenas de televisión internacionales, luego de 11 años de silencio, a fin de explicar su versión de la crisis a la comunidad global, denunciando un proceso de desestabilización en marcha. En los medios, el orteguismo ha lanzado el hashtag #NicaraguaQuierePaz para contrarrestar la fuerte actividad de la oposición en las redes y denunciar lo que percibe como una conspiración de delincuentes y poderes externos que ha sumergido a Nicaragua en la violencia.
Un apretado balance de la situación muestra que el barco está haciendo agua para Ortega. Sus apoyos son escasos y se reducen a las agotadas fuerzas policiales, los grupos de choque y paramilitares, una parte de los empleados estatales y un ejército que ha optado por sustraerse convenientemente de la crisis. Hasta ahora no ha logrado desmovilizar al movimiento ciudadano y ha conseguido que la comunidad internacional vuelva sus ojos sobre el país, especialmente desde la salida anticipada de la misión de oacnudh a petición del mismo gobierno. La profundidad de la crisis es clara a ojos de todo el mundo y no admite soluciones paliativas o temporales. Lo sabe Ortega y lo sabe la sociedad nicaragüense. Nicaragua está lista para una nueva transición.
Notas: