Tras la publicación de un duro informe sobre las violaciones de derechos humanos en Birmania (Myanmar), los próximos pasos para que se haga justicia parecen difusos e inciertos. Un año después de que volviera a escalar la violencia que obligó a casi un millón de rohinyás a huir de su país, una misión de investigación […]
Tras la publicación de un duro informe sobre las violaciones de derechos humanos en Birmania (Myanmar), los próximos pasos para que se haga justicia parecen difusos e inciertos.
Un año después de que volviera a escalar la violencia que obligó a casi un millón de rohinyás a huir de su país, una misión de investigación concluyó que aconteció «una catástrofe de derechos humanos» en Birmania.
«Las grandes violaciones de derechos humanos y los abusos perpetrados en los estados de Kachin, Rakhine y Shan son impactantes por su espantosa naturaleza y su extensión», señala el documento. «Muchas de esas violaciones equivalen, sin duda, a graves crímenes en el marco del derecho internacional», precisa.
Motivado por ataques de insurgentes rohinyás, las fuerzas de seguridad birmanas respondieron con extrema dureza, y el informe responsabiliza al ejército, llamado Tatmadaw, por graves crímenes como asesinatos indiscriminados, incendio de viviendas y violencia sexual.
Los investigadores identificaron a seis generales, entre los que se encuentra el comandante en jefe de Tatmadaw, general Min Aung Hlaing, y recomendó que fuera procesado por la Corte Penal Internacional (CPI) o un tribunal alternativo. «Tiene que haber un mensaje inequívoco de que los militares de Myanmar (Birmania) no pueden volver a actuar con impunidad contra las minorías étnicas», dijo a IPS el director de campaña de Amnistía Internacional en Asia, Francisco Bencosme. «Nunca más tiene que significar nunca más, y todo el mundo mira para ver qué hace la comunidad internacional», prosiguió.
Por su parte, el director de la oficina de Human Rights Watch en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Louis Charbonneau, dijo a IPS que el Consejo de Seguridad debe referir la situación de Birmania a la CPI o crear un tribunal especial para que haya justicia.
Fallo del sistema
¿Cómo llegamos hasta aquí? Años de una opresión sistemática contra minorías étnicas en distintas partes del mundo indican que el conflicto pudo «preverse», ¿entonces qué pasó?
En 2008, la ONU no hizo caso de las advertencias respecto de la creciente violencia entre el ejército de Sri Lanka y los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Eelam (LTTE) ni reportó evidencia sobre las violaciones de las fuerzas regulares ni de las víctimas.
Una revisión interna concluyó en 2012 que varias agencias de la ONU, incluso el Consejo de Seguridad, no protegieron a los civiles ni cumplieron con su responsabilidad en los últimos meses de la guerra civil en esa nación de Asia meridional.
Tras el fiasco, la ONU implementó la iniciativa Derechos Humanos en Primer Lugar para contar con un sistema de monitoreo y respuesta a crisis internacionales.
Si bien Birmania fue identificada como una situación que requiere una respuesta de crisis de acuerdo al Plan de Acción, el enfoque fue rara vez utilizado, si es que alguna se recurrió a él, observa el informe de la misión de investigación.
En cambio, las agencias de la ONU siguieron priorizando los objetivos de desarrollo, el acceso humanitario y una diplomacia tranquila, un enfoque que está «demostrado que falló».
«El sistema de la ONU realmente le falló al pueblo de Myanmar, en particular al pueblo rohinyá, con su lento avance», opinó Charbonneau en diálogo con IPS. «Ahora, en vez de decir ‘nunca más’ después de Sri Lanka, Ruanda, Srebrenica, decimos: bueno, otra vez pasó. La ONU no hizo lo que debía hacer y no sonó la voz de alarma como debió hacerlo», prosiguió.
La respuesta del Consejo de Seguridad, o la falta de, fue igualmente decepcionante. Solo tuvo algunas reuniones sobre Birmania y ninguna derivó en una resolución.
En cambio, Siria recibió atención especial en los últimos siete años con numerosas reuniones que llegan a los «tres dígitos».
«Dado el grado de la crisis en Myanmar, es difícil reconciliar las diferentes respuestas dadas por el Consejo de Seguridad, en particular, porque la ONU advierte desde hace un tiempo sobre la posibilidad de genocidio», puntualizó Charbonneau. «Sería bueno ver un intento de presionar realmente al Consejo para que haga algo. No lo hemos visto y no sé si lo veremos», especuló.
China y Rusia, miembros del Consejo de Seguridad con poder de veto han frenado los esfuerzos para actuar frente a la crisis de Birmania, arguyendo que la partes afectadas directamente deben resolverlo, incluido Bangladesh, donde se refugiaron 700.000 rohinyás.
En la primera reunión a puertas abiertas sobre Birmania realizada en ocho años en el Consejo de Seguridad, el embajador de Rusia, Vasily Nebenzya, alertó sobre acusaciones de limpieza étnica y sobre responsabilizar a las autoridades birmanas porque «será más difícil lograr una paz interétnica en el país».
Ya sea genocidio o crímenes contra la humanidad, Bencosme subrayó la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas al respecto. «No necesitamos un diagnóstico legal para comprender que algo desesperadamente trágico y claramente ilegal viene ocurriendo en Myanmar», subrayó. «Lo que importa más es que la población civil es objeto de ataques por su raza o religión, y que esas violaciones deben terminar de inmediato», sentenció.
Birmania negó en reiteradas ocasiones las acusaciones de violaciones, incluso las últimas presentadas en el informe de la misión de investigación.
«Las autoridades de Myanmar resultaron incapaces y no estar dispuestas a investigar ni procesar a los responsables. Por ello, la CPI es la vía adecuada para lograr justicia», opinó Bencosme.
Pero como Birmania no pertenece a la CPI, solo un integrante del Consejo de Seguridad puede llevar el caso ante el tribunal. «Se acabó el tiempo de la retórica, se necesitan acciones, asignar responsabilidades y que haya justicia», reclamó. «Debe haber una conversación honesta sobre derivar la situación a la CPI. Debemos perseguir todas las alternativas posibles de justicia para las víctimas y sus familias que están en el centro de la crisis», añadió.
Urgen acciones
Charbonneau espera que el nuevo informe «renueve las energías» de la ONU, pero opinó que no hay que esperar sin hacer nada.
«No debemos esperar a que el Consejo de Seguridad haga algo, a menudo no lo hace y está más estancado que nunca en estos días. Quizá debamos seguir usando otras alternativas como la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos», propuso.
Una de las alternativas es que el Consejo de Seguridad o la Asamblea General creen un mecanismo imparcial para recabar, analizar y preservar pruebas para un futuro procesamiento penal en la CPI u otro tribunal.
El informe de la misión de investigación también recomienda que la ONU adopte de forma urgente una estrategia común para hacer frente a las preocupaciones en materia de derechos humanos en Birmania de acuerdo con el Plan de acción de Derechos Humanos en Primer Lugar, así como que realice una investigación integral de si el foro mundial hizo todo lo posible para prevenir o mitigar el conflicto.
«Ya se acabó el tiempo para esas condenas suaves o expresiones de preocupación a las que nos tiene tan acostumbrados la ONU, solo necesitamos acciones», insistió Charbonneau.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2018/09/ya-no-tiempo-esperas-birmania/
Traducción: Verónica Firme