La promesa de pago a los ex Patrulleros de Autodefensa Civil, PAC, ratificada por el actual gobierno, pone en entredicho la ya maltrecha agenda de la paz. En primer lugar, el pago implica una relectura del conflicto armado finalizado en 1996, relectura que se efectúa en clave de polarización y que retorna al esquema de […]
La promesa de pago a los ex Patrulleros de Autodefensa Civil, PAC, ratificada por el actual gobierno, pone en entredicho la ya maltrecha agenda de la paz. En primer lugar, el pago implica una relectura del conflicto armado finalizado en 1996, relectura que se efectúa en clave de polarización y que retorna al esquema de pensamiento de los buenos y los malos, de los vencedores y los vencidos. Al recompensar a los ex PAC por servicios prestados, es obvio que en su lucha legítima contra los comunistas, se les presenta como patriotas obligados a armarse para combatir a un enemigo espúreo y extraño, representado por las organizaciones populares.
Es fácil adivinar quienes están detrás de esta interpretación: los sectores que promovieron la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno y observaron los acuerdos de paz como rendición y derrota. También quienes se insertaron oportunistamente en la negociación de dichos acuerdos, entre ellos, algunos renombrados generales de la paz.
En segundo lugar, el pago favorece el deterioro de la sensibilidad social, al premiar a quienes se armaron, a quienes en muchos casos participaron en hechos violentos y delictivos, a quienes ejercieron la violencia y a quienes todavía hoy recurren a la amenaza y la coacción para lograr objetivos políticos. Es decir, recompensa el uso de la fuerza, la cultura de la violencia y los esquemas de autoridad presentes en nuestras relaciones personales y políticas, en detrimento de una cultura de paz.
En tercer lugar, el pago a los el pago a los ex PAC supone un agravio comparativo en función de los recursos que se destinan a este rubro, y los que nunca se han erogado para la inversión social (educación, salud, resarcimiento, vivienda, desarrollo social). Resulta especialmente bochornosa la comparación entre el citado pago y los 300 millones de quetzales prometidos y no entregados a la Comisión Nacional de Resarcimiento.
Por último, el proceso de pago alimenta sospechas sobre nuestro futuro político inmediato. El pago reactiva como sujeto político a un grupo que ya había sido disuelto y lo sitúa en el centro de la toma de decisiones. Después de la primera promesa de pago de Portillo; después de su protagonismo en el «jueves negro y viernes de luto» de junio de 2003 a favor de la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt; después de su participación directa a través de partidos y candidatos en el proceso electoral, ya no cabe hablar de ex, sino de patrulleros activos, a pesar de su heterogeneidad. Y este grupo ¿qué nuevos mecanismos de presión, qué nuevas propuestas, qué otros objetivos sectoriales y contrarios a los Acuerdos de Paz pretenderá?
Andrés Cabanas es director de Memorial de Guatemala