Recomiendo:
0

Uruguay dio un paso singular en el mundo al aprobar una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público

No a la privatización del agua

Fuentes: Liberación

En forma paralela a la elección de un nuevo gobierno, los uruguayos se pronunciaron afirmativamente este domingo por introducir en la Carta Magna que «el agua es un recurso natural esencial para la vida» y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento son «derechos humanos fundamentales». El plebiscito impulsado por […]

En forma paralela a la elección de un nuevo gobierno, los uruguayos se pronunciaron afirmativamente este domingo por introducir en la Carta Magna que «el agua es un recurso natural esencial para la vida» y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento son «derechos humanos fundamentales». El plebiscito impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por el sindicato de la empresa estatal de agua y saneamiento y varios grupos de la sociedad civil, obtuvo el respaldo de 60 por ciento del electorado. Para su aprobación necesitaba el apoyo de la mitad más uno de los votantes. El ganador de las elecciones de este domingo, Tabaré Vázquez, de la coalición izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), fue uno de los impulsores de la reforma.

La iniciativa popular, singular en el mundo, sentó «un precedente histórico en la defensa del agua, a través de su inclusión en la Carta Magna de un país por la vía de la democracia directa», señalaron 127 organizaciones de 36 países que enviaron una carta en respaldo a la Comisión. Estos grupos destacaron que la reforma uruguaya»asegura la defensa de la soberanía sobre un recurso natural ante la embestida de las corporaciones trasnacionales». El nuevo Parlamento elegido este domingo deberá elaborar una legislación que defina los mecanismos de su aplicación. A partir de ahora, los servicios públicos de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados en Uruguay «exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales», y se cancelarán todas las concesiones en la materia a firmas privadas.