A lo largo de la década de los ’90 numerosos países de América Latina y el Caribe vivieron el inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestionamiento de las políticas neoliberales imperantes, fue protagonizado en gran medida por movimientos sociales y populares distintos de aquellos que habían ocupado la escena de la […]
A lo largo de la década de los ’90 numerosos países de América Latina y el Caribe vivieron el inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestionamiento de las políticas neoliberales imperantes, fue protagonizado en gran medida por movimientos sociales y populares distintos de aquellos que habían ocupado la escena de la contestación social en décadas pasadas. El reinicio de la crisis económica hacia fines de dicha década, y los intentos de acentuar el rumbo neoliberal, conllevaron la ampliación del descontento social frente a estas políticas abriendo -particularmente en buena parte de la región sudamericana- una intensa crisis de legitimidad del modelo societal forjado en el pasado reciente. El ciclo de insurrecciones populares que proyectando el cuestionamiento al terreno del régimen político precipitaron caídas de gobiernos (Ecuador, 2000; Argentina, 2001; Bolivia, 2003), la profundización del proceso de movilización y cambios en Venezuela tras la derrota del golpe de estado (2002), la contestación social que frustró el fraudulento intento reeleccionista de Fujimori en Perú (2001), o la multitudinaria caravana zapatista en pos de los derechos de los pueblos indígenas (2001), resultan algunas de las expresiones más importantes de este proceso.
Esta irrupción en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal de los sectores sociales más castigados por la aplicación de este recetario (campesinos e indígenas, los sin trabajo y sin tierra, los trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no sólo abrió nuevos horizontes de futuro -agrietando la hegemonía del pensamiento único- sino que significó también el desarrollo de una intensa experimentación democrática, de reconstitución de alternativas societales, de reapropiación social de los público y revitalización y ampliación de la autonomía que caracterizaron la emergencia de estos movimientos.
El regreso del crecimiento económico a nivel regional durante el presente año -basado principalmente en el dinamismo de las exportaciones de materias primas y commodities- y el impulso de los acuerdos de libre comercio -que legalizan y acentúan esta matriz societal- parecieran querer exorcizar estos procesos resucitando la falacia de la lenta pero segura difusión social de la riqueza. Por otra parte, la continuidad de la protesta social y la reconceptualización democrática de la política como posibilidad de cambio contrastan con las iniciativas de las élites tendientes a limitar institucionalmente las demandas sociales, a acentuar y expandir un diagrama de militarización social y a disputar el espacio de la movilización callejera. Ejemplo de ello resulta -como lo hemos señalado en otra oportunidad- la difusión regional que adoptan las manifestaciones que, originadas en la promovida sensación de inseguridad ciudadana y en la demanda del fortalecimiento del estado penal y represivo, se orientan a la reconstitución del control estatal de lo público en desmedro de las libertades y derechos democráticos.
Como resultado de estos múltiples procesos, el escenario de la protesta social y la dinámica de los movimientos sociales de raigambre popular se ha modificado, planteando nuevos desafíos para la acción colectiva y para el debate sobre las alternativas y caminos posibles de resistencia, reversión o ruptura del modelo neoliberal. En relación a estos interrogantes, el presente artículo busca presentar algunos señalamientos sobre las formas y características que adoptan la conflictividad social y la evolución de los proyectos hegemónicos y los procesos políticos a lo largo de los últimos cuatro meses de 2004.
El mapa de la conflictividad social a fines de 2004
Una primera aproximación a la dinámica y características que asume el conflicto social en Latinoamérica nos la ofrece el análisis cuantitativo de la información suministrada por el relevamiento realizado por el OSAL -que fructifica en las cronologías que se publican a continuación del presente artículo. Sobre ello vale comenzar señalando que el número de conflictos registrados por dicho relevamiento para este último tercio del año muestra una disminución (aproximadamente un 18%) respecto de aquellos consignados en el cuatrimestre anterior, situándose por primera vez debajo del promedio cuatrimestral registrado desde enero de 2001. Si bien -como sucede en los últimos dos años- la región andina concentra la mayor parte de los hechos de protesta (38%), en el presente período los mismos muestran una marcada caída luego de tres cuatrimestres seguidos de crecimiento.
El traslado al ámbito parlamentario del debate sobre la nacionalización de los hidrocarburos luego del referéndum en Bolivia y la disminución de las protestas en Ecuador en el marco de la campaña para las elecciones municipales, pueden mencionarse como algunas de las razones que explican este hecho. En este contexto, sin embargo, la protesta social en Colombia contra las negociaciones del TLC con EE.UU. y el gobierno de Uribe se intensifica, siendo particularmente significativas la marcha de los pueblos indígenas en septiembre y el importante paro cívico nacional de principios de octubre.
Este descenso de la conflictividad social resulta también pronunciado en la región conformada por México, Centroamérica y el Caribe, luego del agudo ciclo de protestas sociales que había recorrido a los países del istmo el pasado cuatrimestre frente a las políticas de ajuste fiscal y la negociación del TLC con EE.UU. Sin embargo, se destaca el crecimiento de la conflictividad en Puerto Rico al calor de la confrontación desplegada alrededor de los resultados de la elección del gobernador, así como la prolongación de situaciones de crisis políticas en Costa Rica y Nicaragua. Finalmente, en el cono sur del continente, si bien los hechos de conflicto relevados resultan inferiores a los del período cuatrimestral anterior -aunque en una proporción mucho menor que en el resto de Latinoamérica- se destaca el intenso proceso de luchas en Paraguay protagonizado por los movimientos campesinos alrededor de la disputa por la tierra.
En un cuatrimestre signado también por la realización de elecciones en ocho países latinoamericanos y por las dinámicas que adquieren las iniciativas de acuerdos de libre comercio e integración económica -entre países de la región y EE.UU., el área asiática y la Unión Europea, y al interior del espacio latinoamericano- el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas (2/11/2004), con la reelección de George W. Bush, proyecta sobre América Latina y el Caribe -como ya parece apreciarse en los últimos meses del año- los intentos de acelerar y acentuar el proceso de recolonización del continente.
Movimientos campesinos, gobiernos y poder económico
La lucha por la tierra -que atraviesa toda la historia latinoamericana- ha cobrado, en el último período, una significación especial no sólo por su reformulación a la luz de la noción de territorio inscripta en la experiencia de las comunidades campesino-indígenas, sino también porque algunos de los movimientos rurales que la protagonizan construyen programáticas y coaliciones más amplias que los han llevado a ocupar un papel central en la confrontación con el modelo neoliberal. Un ejemplo de estos procesos son las recientes luchas del movimiento campesino en Paraguay que, de extendida presencia y significación en la vida del país, adquieren en estos meses una intensidad particular. Frente al proceso de concentración de la tierra -especial resultado de la expansión del agro-business sojero- y el protagonismo socio-político ganado por los movimientos campesinos en los últimos años, el conflicto en el campo paraguayo se agudiza y se tiñe trágicamente por el incremento de la violencia de las bandas armadas de los propietarios y la represión de las fuerzas del estado. De la llamada «guerra de la soja» en los primeros meses de 2004, a la dinámica de ocupación de tierras y exigencia de redistribución de la misma en la segunda parte del año este conflicto convoca tanto a un amplio arco de organizaciones sociales -que dan vida al Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (FNLSV) y que promueven además una programática de desarrollo antineoliberal- como a las corporaciones empresariales que presionan por el endurecimiento de la respuesta estatal. En este sentido, luego del acuerdo alcanzado hacia finales de agosto entre las organizaciones campesinas y el gobierno, el incumplimiento del mismo da paso a la intensificación del conflicto -con ciclos de ocupaciones y movilizaciones- y a la adopción de una política gubernamental de abierta confrontación. Así, el incremento de la respuesta represiva del estado en las áreas rurales -que incluyó por decisión gubernamental la actuación de las Fuerzas Armadas- dejó un saldo trágico de varios muertos y cientos de detenidos y procesados. En este contexto, el paro cívico nacional impulsado durante cinco días por el FNLSV concluye hacia finales de noviembre con un nuevo acuerdo provisorio con el gobierno -que conllevó a lo largo del mes siguiente la liberación de la mayoría de los detenidos.
Por otra parte, el proceso de luchas por la reforma agraria que tiene lugar en Brasil -marcado también por la violencia de los propietarios rurales- cobra nuevamente lugar en el presente cuatrimestre cuando, luego de las elecciones municipales, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) promueve una serie de protestas y ocupaciones ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado año con el gobierno de Lula. En este contexto, y a dos días de la realización de la «Conferencia nacional sobre reforma agraria, democracia y desarrollo» impulsada por el MST, pistoleros atacan un campamento de los Sin Tierra con el saldo de cinco campesinos muertos. Luego del llamado «abril vermelho» y de los conflictos de los últimos meses de 2004, las exigencias campesinas de la entrega de las tierras comprometidas por el gobierno nacional y del incremento de la inversión en infraestructura en las áreas rurales se proyectan hacia el próximo año, haciendo prever un incremento de las ocupaciones y protestas del MST.
La lucha por la tierra y la reforma agraria -en contraposición a la expansión del agro-negocio, uno de los pilares del modelo exportador que se afirma en la región- aparece así planteada como una cuestión de primer orden en estos dos países del Cono Sur, así como también se expresa, de otras formas, en Uruguay y Argentina -donde también se registran conflictos en la región norte.
En este último país, sin embargo, luego del endurecimiento de la respuesta estatal frente a las protestas impulsadas por las organizaciones de trabajadores desocupados y la consolidación del acuerdo entre un sector de dichas organizaciones y el gobierno nacional, los conflictos desarrollados por estos movimientos resultan menores, aunque están lejos de desaparecer. Por otra parte, frente a los hechos de represión, detenciones y juicios penales -que se intensifican a lo largo de la segunda mitad del año- tienen lugar diferentes movilizaciones y actos por el desprocesamiento y el fin de la persecución penal y represiva. Sin embargo, durante los últimos meses de 2004 cobran un nuevo protagonismo los conflictos sindicales, a la luz de los llevados adelante por los trabajadores telefónicos y de subterráneos. En ambos casos se trata de luchas en demanda de aumento salarial ante el cuadro del sustantivo crecimiento económico experimentado en los últimos dos años y la simultánea disminución relativa de los salarios por la inflación.
Por otra parte, en los meses previos a la realización de las elecciones presidenciales en Uruguay, los trabajadores de distintas reparticiones estatales protagonizan la conflictividad social del período. Las protestas impulsadas por los trabajadores del sector público (maestros, médicos y administrativos) también se manifiestan en otros países de la región (Argentina, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Honduras, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua y México), particularmente en relación al pago de salarios, condiciones laborales e incremento del financiamiento público frente a los proyectos gubernamentales de presupuesto fiscal para el año próximo que comienzan a ser tratados por los parlamentos. Si bien a nivel regional estas protestas no alcanzan la dimensión que tuvieron en algunos momentos del pasado inmediato, las acciones impulsadas por estos trabajadores durante este cuatrimestre representan aproximadamente un quinto del total de los hechos relevados por el OSAL, una proporción similar a la obtenida para el período anterior. Este señalamiento, sin embargo, debe considerar la significativa disminución de dichas protestas en la región centroamericana, en la que habían tenido lugar a mediados del año importantes manifestaciones de los trabajadores del sector público frente a las iniciativas de ajuste del gasto público.
Territorio y recursos naturales
A lo largo del último tercio del año, los conflictos en el mundo rural recorren la realidad social de diferentes países latinoamericanos, además de los ya consignados en el Cono Sur. Valga como ejemplo el señalamiento de las movilizaciones de organizaciones campesinas en México o la ocupación y posterior desalojo de la Finca Nueva Linda en Guatemala. Estas movilizaciones no sólo se concentran en la demanda de tierras, sino que también adoptan la defensa del territorio y se expresan tanto en las protestas contra la explotación minera como en las impulsadas por los movimientos cocaleros.
En el primero de estos casos se destacan los conflictos acontecidos en Perú en las localidades de Las Bambas, La Zanja, y particularmente el llevado adelante en Cajamarca contra la exploración del Cerro Quillish por parte de la empresa Yanacocha. En un ciclo de protestas que avanza desde la ocupación del cerro por los campesinos de la zona, el bloqueo de rutas, el paro cívico local y la conformación del Comité Cívico Unitario de Lucha por la defensa de la Vida y el Medioambiente hasta la extensión regional del paro cívico y los cortes de carreteras, los pobladores de la región obtienen finalmente la revocación del permiso gubernamental de explotación de la mina. Sin llegar a constituirse en puntos de articulación nacional de la protesta, estos conflictos tienen una importancia singular en razón del relevante lugar que le cabe a las exportaciones mineras en el crecimiento que registra la economía peruana y que contrasta con la pobreza y los daños ecológicos sufridos por las poblaciones próximas a los yacimientos. Vale señalar también que durante este cuatrimestre se registran algunas protestas de trabajadores en defensa de las minas que se encuentran en explotación y que, luego de la aprobación parlamentaria, el gobierno de Toledo termina reglamentando -aunque anuncia su pronta modificación- la ley que impone nuevas regalías a dicha actividad, despertando, a pesar de su magro impacto, la crítica de las empresas del sector.
Por otra parte, las protestas del movimiento cocalero en Perú, particularmente las impulsadas por la Federación Provincial de Campesinos de la Convención, Yanatile y Lares, encuentran expresión también en la región del Chapare boliviano. A lo largo del mes de septiembre, las organizaciones de los campesinos cocaleros de dicha zona -de las que proviene Evo Morales- llevan adelante una serie de luchas -movilizaciones, bloqueos de las tareas de erradicación, cercamiento de los campamentos militares- contra la erradicación de los cultivos y por el retiro de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Finalmente, a principios de octubre llegan a un acuerdo con el gobierno que incluye la conservación de 3.200 ha de cocales por un año. Sin embargo, en el contexto del desarrollo de la campaña electoral para las elecciones municipales, la cuestión de la política estatal sobre los hidrocarburos -que había estado en el centro del levantamiento popular del año anterior- vuelve a ocupar la escena política nacional. Si bien tras el referéndum convocado por el gobierno meses atrás, las demandas sociales por la nacionalización de dicho recurso habrán de menguar significativamente, el tratamiento parlamentario de una ley que recupera algunas de las reivindicaciones expresadas por dichos movimientos habrá de despertar la reacción de las empresas trasnacionales del sector y de los comités cívicos y autoridades de los departamentos en los que se encuentran los yacimientos más importantes, que culmina con un paro cívico en Santa Cruz y Tarija en reclamo de autonomía regional. Este proceso da cuenta del complejo de fuerzas sociales que se dan cita alrededor de la prolongada «Guerra del Gas». En términos gubernamentales, la aprobación de una legislación sobre los hidrocarburos que -al tiempo de incrementar los recursos fiscales- permita y garantice la exportación de crecientes volúmenes, parece constituirse no sólo en la clave del control del déficit fiscal sino también en la precondición para ser aceptado como miembro pleno en la negociaciones del TLC que EE.UU. lleva adelante con otros países andinos.
En relación a esta cuestión vale finalmente señalar que el crecimiento de la protesta social en Colombia se orienta particularmente al cuestionamiento de dicho tratado así como a las políticas e intenciones reeleccionistas del gobierno de Uribe Veléz. A la prolongación de las manifestaciones impulsadas en el pasado cuatrimestre por el Comando Nacional Unitario (que agrupa a tres de las centrales sindicales colombianas) y la Gran Coalición Democrática (que además integra a otras organizaciones sociales y políticas), que toma cuerpo en la importante adhesión obtenida por el paro cívico nacional del 12 de octubre, se suman en el presente período las acciones del movimiento campesino-indígena y de los estudiantes universitarios. En este sentido, a mediados de septiembre tiene lugar una significativa y extensa marcha de los pueblos indígenas hasta la ciudad de Cali en reclamo de autonomía y en cuestionamiento a las políticas del gobierno -particularmente las negociaciones del TLC con EE.UU. Asimismo, especialmente a partir de octubre, los estudiantes llevan adelante diferentes movilizaciones y tomas de facultades en rechazo de la política privatizadora oficial y también del TLC, sufriendo en repetidas ocasiones la represión de las fuerzas policiales. Este crecimiento de la protesta social en Colombia, que lleva ya dos cuatrimestres seguidos, no impide sin embargo que el presidente Uribe avance un paso más en su ambición de aspirar a un segundo mandato al frente del gobierno, con la consagración parlamentaria de la posibilidad de reelección presidencial.
La democracia en América Latina: elecciones y militarización social
La implementación de las políticas neoliberales tuvo como rasgo distintivo en el plano político-institucional la concentración de poder en manos de los ejecutivos, configurando así democracias representativas restringidas. En contraposición con este progresivo deterioro democrático institucional, los movimientos sociales que protagonizaron el nuevo ciclo de luchas a lo largo de la década de los ’90 desarrollan una intensa y rica experimentación y programática desarrollada en el terreno democrático, que se expresó tanto en el plano interno de las organizaciones como en relación a las iniciativas y demandas de democratización radical de lo institucional-político (Seoane y Nacci, 2004).
Estas demandas aparecieron reflejadas en la exigencia a la convocatoria a una asamblea constituyente enarbolada durante las jornadas de la «Guerra del Gas» en octubre de 2003 en Bolivia. En similar dirección se inscriben la masiva movilización y participación popular en el referéndum revocatorio del mandato presidencial en Venezuela en agosto del presente año y el triunfo en el plebiscito -organizado en forma simultánea a la elección presidencial uruguaya- a favor de la derogación del artículo de la constitución nacional que permitía la privatización del servicio de agua corriente.
Por otra parte, también algunos de los procesos electorales que tuvieron lugar durante 2004 reflejan las aspiraciones de cambio y profundización democrática. El caso más significativo es la victoria de la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) en Uruguay, que a finales de octubre se impuso en primera vuelta en las elecciones presidenciales con la fórmula Tabaré Vazquez-Rodolfo Nin Novoa. Este binomio presidencial obtuvo el 50,4% de los votos contra la fórmula del Partido Blanco, que alcanzó el 34,3%. En esta votación, donde participaron casi el 90% de los electores habilitados, el EP-FA-NM consigue también la mayoría absoluta en ambas Cámaras de Representantes, logrando un triunfo histórico que quiebra la continuidad de 174 años de gobierno bipartidista, alternado entre blancos y colorados.
En Bolivia se realizan elecciones municipales a inicios de diciembre en el marco de una reforma electoral que habilitó la participación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indios. El bajo apoyo obtenido por los partidos tradicionales, sin embargo, contrasta con la elección de candidatos que, provenientes de las viejas filas políticas, integraron las listas de estos nuevos agrupamientos. Por otra parte, es preciso señalar también el crecimiento electoral a nivel nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. En Brasil, el crecimiento a nivel nacional del Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales debe ser relativizado por las significativas derrotas sufridas en las ciudades de San Pablo y Porto Alegre y los magros resultados obtenidos en otros grandes centros urbanos.
El resultado de las elecciones municipales ecuatorianas a mediados de octubre arroja una derrota gubernamental que no logra sin embargo ser capitalizada por el movimiento indígena nucleado en el Movimiento Pachakutik y la CONAIE. A finales del mismo mes se realizan elecciones regionales en Venezuela en las que la coalición de partidos que apoyan al presidente Chávez logra triunfar en 20 de las 22 gobernaciones y 270 de las 335 alcaldías. El 7 de noviembre los sandinistas se imponen en las elecciones de alcaldes y prefectos provinciales en Nicaragua, ganando, entre otras, la alcaldía de Managua. En Perú se realizan a mediados de octubre elecciones de revocación de los mandatos de los alcaldes y regidores. En simultaneidad con las elecciones presidenciales en EE.UU. se realizan el 2 de noviembre elecciones generales en Puerto Rico para la elección de gobernador de la isla. Al cabo de las mismas, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) realiza denuncias de fraude. En este contexto se lleva a cabo la «Marcha de la Dignidad», a la que concurren 25 mil personas convocadas por diversas organizaciones políticas y comunitarias. Los participantes se pronuncian a favor del respeto a la autoridad del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el tratamiento de las denuncias de fraude y en repudio de la intromisión del Tribunal Federal de EE.UU. en los asuntos electorales boricuas.
En paralelo a los procesos electorales reseñados es preciso apuntar la perduración -y en muchos casos la agudización- de los procesos de criminalización y militarización social y de restricción de las libertades democráticas en numerosos países de la región, que prolongan y agudizan en este cuatrimestre una tendencia ya reseñada en números anteriores del OSAL. Esta escalada represiva contra las organizaciones y militantes sociales apunta a contener las demandas sociales frente a los devastadores efectos del neoliberalismo. La misma encuentra creciente legitimidad en la política de lucha contra el terrorismo y de «guerra preventiva», y parece constituir en algunos países (en particular en Colombia) la contracara de las «democracias realmente existentes».
El incremento de la criminalización y de la represión de las luchas y conflictos protagonizados por los movimientos campesinos y sin tierra resalta como uno de los rasgos distintivos del cuatrimestre. Esta tendencia -ya señalada en cuatrimestres anteriores- cobra una preocupante dimensión en la mayoría de los conflictos rurales, en los cuales se registran asesinatos, encarcelamientos y procesos judiciales contra aquellos que reclaman nuevas políticas de desarrollo agrario, acceso al crédito y el rechazo al modelo del agro-business.
El conflicto campesino en Paraguay, ya reseñado, resulta el más emblemático de esta tendencia. El gobierno del presidente Duarte Frutos, con el apoyo de las principales organizaciones patronales, profundiza su política represiva y autoriza la presencia y el accionar de las Fuerzas Armadas junto a la policía en distintos operativos contra los sin tierra. Esta agudización de la represión deja como saldo el procesamiento de 1.500 campesinos y la detención de 190 militantes, entre ellos a Odilón Espínola, secretario general de la Federación Nacional Campesina (FNC) de Paraguay. En el marco del endurecimiento de la política represiva del gobierno, es importante también señalar el anuncio realizado por el ministro del Interior del país guaraní en el sentido de que el gobierno norteamericano cooperará con la seguridad paraguaya capacitando al personal policial de ese país.
En el cono sur se suma la ya citada matanza de sin tierras en Brasil, que constituye el mayor asesinato de campesinos desde el inicio del gobierno de Lula. Mientras que en Bolivia se registra una disminución de las acciones represivas en el cuatrimestre, en Cajamarca, Perú, 5 campesinos son heridos y 21 personas detenidas en el marco del conflicto contra la empresa minera Yanacocha. El dirigente magisterial peruano Robert Huaynalaya, líder de la fracción radical del SUTEP, es denunciado por delito por la Fiscalía de Huamanga a raíz de los enfrentamientos acontecidos en el mes de junio en dicha ciudad. En Chile, los pescadores artesanales de Coyhaique son reprimidos por carabineros en el marco del conflicto en reclamo de la restricción de la pesca de merluza a los barcos industriales, al igual que los estibadores del puerto de Iquique, que reclaman aumento de salarios.
En continuidad con una tendencia ya analizada en el OSAL 14, en algunos países se realizan marchas en reclamo de mayor seguridad que, impulsadas desde los medios de comunicación y sectores del empresariado, con el apoyo de sectores medios urbanos, promueven el endurecimiento de las penas y la reforma regresiva de la legislación penal. En Paraguay, luego del asesinato del hijo de un empresario se realiza en octubre la Marcha Patriótica por la Seguridad Nacional para reclamar el fin de la violencia y la delincuencia. Frente a este reclamo se vota en Diputados la modificación del Código Procesal Penal, y el gobierno crea una unidad de elite que tiene a su cargo actuar contra acciones terroristas. En Perú, 5 mil habitantes de la provincia de Azángaro, en la región de Puno, marchan hasta el Congreso para pedir el endurecimiento de las penas contra los delincuentes.
En el caso colombiano, el triunfo electoral del presidente Bush sirve de estímulo a la política de militarización y de «seguridad democrática» del presidente Uribe, quien recibe la promesa de mayor ayuda al Plan Colombia por parte de su par norteamericano, que visita la ciudad de Cartagena, donde elogia la lucha contra el «narcoterrorismo» emprendida por el mandatario colombiano. El incremento de la protesta social en dicho país (marchas contra el TLC, la militarización y el gobierno de Uribe) se enfrenta a una importante represión y a persecuciones contra los protagonistas y organizadores de las acciones. La respuesta desde el estado y paraestatal al fortalecimiento de la oposición crítica al gobierno uribista es la represión, el hostigamiento y los asesinatos. Podemos citar aquí la brutal represión ejecutada durante el paro nacional del 12 de octubre y contra los estudiantes universitarios en lucha. Durante la marcha campesina e indígena del 14 de septiembre es asesinada, por personas no identificadas, una persona de apoyo a la movilización, a la que suceden la muerte del líder campesino Pedro Mosquera y las amenazas de paramilitares a afiliados y militantes sindicales.
El señalamiento de los hechos represivos más significativos -que por cierto no agota la totalidad de los mismos en el cuatrimestre- ilustra la consolidación, en los espacios nacionales, del tratamiento represivo de la cuestión social y de la pobreza, que parece erigirse como «política de estado» constitutiva del proceso de relegitimación (por vía coercitiva) del modelo neoliberal. Frente a esta amenaza del «centauro autoritario» (Seoane y Nacci, 2004), la acción y la consolidación de las prácticas y reivindicaciones democráticas de los movimientos resulta decisiva para limitar la violencia estatal y generar condiciones de reconquista y regeneración de derechos sociales, económicos y culturales.
Como hemos señalado anteriormente, las medidas y acciones de criminalización y represión estatal, paraestatal y privada aparecen crecientemente asociadas y legitimadas a nivel nacional en el contexto de la lucha antiterrorista promovida por EE.UU., en el marco de la «guerra preventiva». Esta política, que tiende a asociar la acción reivindicativa de los movimientos al accionar de grupos terroristas, se ha consolidado de forma alarmante durante 2004 en muchos países de la región para asegurar la contención y el control de la protesta social.
Las acciones domésticas emprendidas por numerosos gobiernos de la región en pos de sintonizar las políticas de seguridad con las coordenadas definidas por la Casa Blanca se acompañan de una creciente presión diplomático-militar norteamericana tendiente a garantizar el control territorial estratégico de EE.UU. Esta presión se hizo presente en la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada a fines de noviembre en Quito, Ecuador, que se destaca como el episodio diplomático más relevante del cuatrimestre relativo a la cuestión de la seguridad hemisférica en Latinoamérica. Dicho encuentro estuvo precedido por la visita de los jefes militares del Comando Sur de Estados Unidos a Ecuador. En el marco de la cumbre, el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, defendió la política del gobierno Bush para la región, sintetizada en las siguientes propuestas: la habilitación para la intervención de los ejércitos latinoamericanos en cuestiones de seguridad interior, la pretensión de convertir a la Junta Interamericana de Defensa en un organismo de coordinación de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y la creación de un ejército multinacional para intervenir en Colombia. Estas iniciativas fueron rechazadas por los ministros de Defensa de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, quienes reivindicaron el derecho de cada estado a identificar y definir sus prioridades en materia de defensa y seguridad.
Cabe señalar que la política norteamericana apunta por un lado a asegurar la presencia directa de tropas del Pentágono en América Latina, al mismo tiempo que promueve la participación directa de los ejércitos latinoamericanos en los conflictos de la región: el caso de la intervención militar en Haití y la creciente presión para intervenir en el conflicto colombiano son dos ejemplos en ese sentido.
Por otra parte, en Argentina, el Congreso Nacional aprobó el ingreso y egreso de tropas norteamericanas para participar de ejercicios militares con fuerzas de otras naciones para 2004 y la primera mitad de 2005. Durante los primeros días de noviembre llega a la base ecuatoriana de Manta un buque estadounidense con 170 marines, con el objetivo de participar en obras comunitarias en barrios periféricos y pobres de la ciudad. En igual sentido, el Congreso de Guatemala aprueba el ingreso al país de brigadas militares estadounidenses de ayuda humanitaria.
La intervención militar conjunta de países latinoamericanos, EE.UU. y Francia en Haití se ve reforzada con el envío de integrantes del ejército ecuatoriano y guatemalteco. El Senado uruguayo aprueba en diciembre el envío de 200 nuevos efectivos al país caribeño. En el país oriental se realiza también una nueva edición de la operación Unitas en la que participan 1.200 efectivos militares de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, EE.UU. y España.
En el marco de una gira por países centroamericanos durante el mes de noviembre con anterioridad a la citada cumbre en Quito, el secretario de Defensa norteamericano presiona al gobierno nicaragüense para destruir misiles en poder del ejército de ese país. En Panamá insta al presidente Torrijos a aumentar la cooperación bilateral en materia de seguridad para entrenamiento de personal panameño por parte de EE.UU.
Libre comercio, imperio y resistencias
Esta creciente presión en torno a la política de seguridad se conjuga con una sostenida ofensiva diplomático-comercial tendiente a liberalizar el comercio y abrir los mercados latinoamericanos a los capitales transnacionales norteamericanos. Estas iniciativas, simultáneas y coordinadas, delinean el contorno de los planes estratégicos del país del norte en la tentativa de asegurar el control de regiones que, como señala Ana Esther Ceceña, son ricas en biodiversidad y recursos naturales estratégicos para el capitalismo norteamericano (ver su artículo en este número del OSAL).
El objetivo inicial de EE.UU. para la conclusión de las negociaciones del ALCA a finales de 2004 se vio frustrado como consecuencia de las discrepancias puntuales de algunos gobiernos de la región en relación a los subsidios de productos norteamericanos y la oposición creciente de los movimientos sociales nucleados nacional y regionalmente en las campañas contra el ALCA, el libre comercio y la militarización. Sin embargo, la tentativa de Washington por avanzar en la conclusión de TLCs logró progresar de forma significativa en algunas regiones del subcontinente. La conclusión a inicios de 2004 de un TLC con los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), la entrada en vigencia de similar acuerdo entre Chile y EE.UU. a partir del 1º de enero de 2004, y la apertura de negociaciones con los países andinos (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia como observador), son los casos que mejor ilustran el avance norteamericano en materia de libre comercio.
El período analizado corresponde con el inicio de la ratificación parlamentaria del TLC en los países centroamericanos (CAFTA): en el mes de diciembre el acuerdo es aprobado por el parlamento salvadoreño y se presenta para su tratamiento en Nicaragua y Honduras. En un alarde de presión comercial luego de concluidas las negociaciones, EE.UU. anuncia que el Congreso norteamericano no votará el texto del CAFTA hasta tanto Guatemala, donde el tratamiento parlamentario del tratado está previsto para enero de 2005, elimine un decreto que libera la venta de medicamentos genéricos y agroquímicos. En la misma dirección, el gobierno norteamericano condiciona la participación de República Dominicana en el CAFTA a la derogación del arancel a las importaciones de jarabe de maíz en el país caribeño, que cede a las presiones votando su anulación en el mes de diciembre. Por otro lado, a poco de asumir el nuevo presidente panameño, se llevan a cabo la V y VI ronda de negociaciones para la conclusión de un TLC entre el país centroamericano y EE.UU. en las que se acuerda incluir (por primera vez en un TLC) una disposición especial sobre mecanismos de seguridad que contempla cláusulas sobre control de armas de destrucción masiva y seguridad marítima, entre otras.
En este contexto, el Plan Puebla Panamá (PPP) parece cobrar un nuevo impulso con la realización de la reunión de presidentes de los países involucrados realizada en octubre en Tuxla Gutiérrez, México. Con la firma en septiembre de acuerdos de cooperación económica entre los comisionados presidenciales de Mesoamérica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con la incorporación de Colombia al PPP en calidad de observador.
De septiembre a noviembre se desarrollan la V, VI y VII ronda de negociaciones entre los países andinos mencionados y los representantes de Washington en vistas de la conclusión del TLC andino. La incorporación como miembro pleno de Bolivia a las negociaciones queda supeditada a la sanción definitiva de la nueva ley de hidrocarburos. Esta ronda de negociaciones moviliza una serie de acciones de repudio al libre comercio en algunos de los países involucrados, destacándose las protestas en Colombia y la campaña en Ecuador. En el primer país, la Gran Coalición Democrática, junto con organizaciones estudiantiles, campesinas e indígenas, convoca a un paro nacional con movilizaciones contra el TLC, la ingerencia norteamericana, el gobierno de Uribe y la política de seguridad democrática. Un millón de personas participan de manifestaciones sin precedentes en las ciudades más importantes del país. En el Ecuador, unas 30 organizaciones políticas y sociales lanzan a inicios de octubre la campaña de recolección de firmas «Ecuador Decide» para exigir la realización de una consulta popular sobre el tratado comercial. En Guayaquil (V ronda de negociaciones) unas 4 mil personas de todo el país, junto a activistas de Colombia y Perú, realizan una marcha en rechazo al TLC convocada por la ECUARUNARI. A inicios de noviembre se lleva a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia, el III Encuentro Boliviano contra el TLC y el ALCA, del cual participan más de 500 representantes de organizaciones sociales de Bolivia y de las delegaciones de las campañas contra ambos acuerdos comerciales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Campesinos y agricultores nucleados en la VIII convención nacional del agro peruano plantean al gobierno de Toledo la suspensión de las negociaciones del TLC con EE.UU. y proponen que el congreso apruebe una ley marco que regule las negociaciones del TLC, y que este sea sometido a una consulta popular. A fines de noviembre la Central General de Trabajadores Peruanos (CGTP) encabeza una movilización en la que miles de personas marchan al congreso para expresar su rechazo al TLC.
Si bien en este cuatrimestre se registra una disminución de las protestas contra la invasión a Irak, es importante destacar las acciones del 12 de octubre realizadas en diferentes países de la región. Este día de «acción regional» revistió particular magnitud e importancia en los países andinos y centroamericanos donde se suceden manifestaciones que incluyen, entre otras reivindicaciones específicas, el rechazo a los TLCs, el ALCA y la militarización, y en algunos casos promueven campañas de recolección de firmas para exigir la convocatoria a consultas populares sobre la firma de los acuerdos comerciales. Este día de «acción regional», promovido por la Red de Movimientos Sociales desde el Foro Social de las Américas realizado en Quito a mediados de año, contó con la participación de miles de personas que se sumaron a las numerosas manifestaciones realizadas en Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Esta masiva presencia en las calles ilustra la significación que cobra la lucha contra el ALCA, el libre comercio y la militarización, y la capacidad de articulación de procesos de convergencia y acción regional en torno a estas problemáticas.
El proceso de integración regional aparece marcado también por dos iniciativas promovidas desde diferentes gobiernos sudamericanos (particularmente el brasileño) que parecen inscribirse en la tentativa de conformación de un bloque regional que permita mejorar las condiciones de negociación con EE.UU. El 18 de octubre en Montevideo, Uruguay, el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) firman un acuerdo de libre comercio que crea el quinto mayor espacio económico del mundo y sienta las bases para el proceso de integración sudamericano. Posteriormente, el 8 de diciembre, en el marco de la III Cumbre Presidencial Sudamericana desarrollada en la ciudad de Cusco, Perú, los presidentes y/o representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela firman la Declaración de Cusco, dando así nacimiento a la Comunidad Sudamericana de Naciones. Frente al potencial que en términos de desarrollo autónomo encierra semejante iniciativa regional, no pueden dejar de advertirse -tal cual señala Lander- las notorias «contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamenricanos» (ver artículo de Edgardo Lander en el presente OSAL).
Una significativa importancia cobraron las protestas que a lo largo del cuatrimestre se sucedieron en Chile en los diferentes encuentros preparatorios a la XVI Reunión Ministerial de la APEC realizada en Santiago de Chile a mediados de noviembre, que contó con la participación de presidentes, representantes de economía y comercio de los 21 países miembros de la zona Asia-Pacífico. Las numerosas acciones desplegadas por organizaciones sociales desde el mes de septiembre sirvieron para preparar la masividad sin precedentes de las manifestaciones de mediados de noviembre, brutalmente reprimidas por los carabineros, que detienen a 189 activistas. En forma simultánea y paralela al inicio de las sesiones formales de los 21 presidentes de la zona (entre ellos los de EE.UU., Rusia, China y Corea del Sur) se desarrolla el Foro Social Chileno, en el que participan más de 3 mil personas en torno a la discusión de temas como democracia, derechos humanos, medio ambiente y críticas a la globalización y el libre mercado.
Los casos enumerados ilustran una tendencia -ya señalada en anteriores ocasiones- que parece consolidarse en el curso de 2004: la adscripción de la mayoría de los gobiernos y de las élites económicas latinoamericanas a las políticas y acuerdos de liberalización comercial inspirados en las normas de la Organización Mundial del Comercio. La promoción de este modelo de apertura comercial aparece justificada en los discursos oficiales como garante del flujo de capitales externos para la inversión doméstica. Según este punto de vista, el incremento de la inversión externa permitirá sostener e incrementar en los próximos años el nivel de relativa recuperación económica experimentado recientemente. Estos argumentos están también presentes en las firmas de acuerdos comerciales de algunos países de la región (Argentina, Brasil, México) con países asiáticos (particularmente China y Corea del Sur) suscriptos en ocasión de los viajes de los presidentes Lula y Kirchner a China y de las misiones comerciales en estos países del Cono Sur encabezadas por los presidentes asiáticos.
Bibliografía
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Zavalla, Cynthia 2004 «Canon minero y distribución de ingresos en el Perú», en Perú hoy. Los mil días de Toledo (Lima: DESCO).
Notas
1- El presente artículo forma parte del N° 15 de la revista del OSAL (Observatorio Social de América Latina – CLACSO) que incluye en sus dos dossier («Los desafíos de América Latina y las elecciones en EE.UU.» y «Los foros sociales, balances y documentos») las colaboraciones de Imannuell Wallerstein, Noam Chomsky, Ana Esther Ceceña, Edgardo Lander, Emir Sader, Boaventura de Sousa Santos, Walden Bello, Armando Bartra, entre otr@s. Dicho número del OSAL será presentado en el V Foro Social Mundial, Porto Alegre, Brasil. Para la preparación del presente texto se consideraron tanto las cronologías del conflicto social correspondientes al último cuatrimestre de 2004 como los informes sobre las mismas elaborados por el equipo del OSAL. Queremos agradecer la colaboración de tod@s ell@s y especialmente a Clara Algranati por las sugerencias y revisión del texto.
2- Sociólogo, Coordinador del OSAL – CLACSO.
3- Sociológo, Coordinador Académico de CLACSO.
Observatorio Social de América Latina, OSAL-CLACSO
Revista OSAL Nº 15 septiembre – diciembre de 2004