Requerido por la justicia argentina y la de su país, el represor uruguayo Manuel Cordero huyó a Brasil y pidió refugio a las Naciones Unidas, ya que se considera «un perseguido político».El abogado brasleño del coronel Manuel Cordero, Julio Favero, presentó un pedido de asilo político para el militar retirado, al que la Justicia uruguaya […]
Requerido por la justicia argentina y la de su país, el represor uruguayo Manuel Cordero huyó a Brasil y pidió refugio a las Naciones Unidas, ya que se considera «un perseguido político».
El abogado brasleño del coronel Manuel Cordero, Julio Favero, presentó un pedido de asilo político para el militar retirado, al que la Justicia uruguaya requiere por «desacato por ofensa» y la argentina por su participación en secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos durante los años del Plan Cóndor.
El pasado lunes, Favero presentó dicha solicitud ante la Policía Federal de Santana do Livramento, la ciudad fronteriza con Uruguay en la que se supone está radicado el prófugo, aunque sus familiares insisten en que vive en la ciudad de San Pablo.
Con esta acción, el abogado del violador de los derechos humanos pretende congelar su extradición a Argentina. Como explicó al diario portoalegrense ZERO HORA: «Antes de que ese trámite concluya, mi cliente estrá amparado por unos tres años, pudiendo llevar una vida normal en Brasil».
Favero asegura que sólo se comunica por teléfono con el criminal, que no le reveló su paradero, que desconoce las acusaciones contra su cliente en Uruguay y Argentina, y que no existe nada contra él en Brasil. Según afirma, su pedido deberá ser comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por la Policía Federal brasileña.
Explica que a partir de la iniciación de ese procedimiento, Cordero no podría ser repatriado a Uruguay o extraditado a algún otro país,y que la solicitud de asilo permitiría al torturador residir legalmente en Brasil, con derecho a documento de refugiado, permiso de trabajo y amparo para su familia.
Favero asegura que Cordero correría riesgo de vida si volviese a Uruguay, ya que él y su familia estarían siendo víctimas de persecución política. Por ese motivo pidió apoyo al diputado Fernando Pereira (PT) de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, consultado al respecto, Pereira dejó claro que el trabajo de esa comisión es «condenar torturadores políticos y no defenderlos». Por su parte, el comisario de la Policía Federal de Livramento, José Dinarte Costa Silveira, dijo a ZERO HORA que para que el pedido sea considerado, Cordero deberá pedir el amparo de refugiado personalmente ante una unidad de la Policía Federal.
Según el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande do Sul, Jair Krischke, Cordero no tiene alternativas legales, y deberá responder por los crímenes de los que es acusado.
«Ese pedido no tiene validez. Él debe responder por el crimen de tortura, el que según a convención de las Naciones Unidas jamás prescribe. Cordero podría inclusive ser juzgado por esos crímenes en Brasil mismo,» señaló Krischke.
El juez argentino Guillermo Montenegro, que en 2001 expedió una orden internacional de captura contra Cordero, envió la semana pasada el mismo pedido a la Embajada Argentina en Brasilia, y ahora espera la confirmación de su solicitud de «detención preventiva con fines extraditorios» por parte del Ministerio de Justicia brasileño y la Interpol.
Una solicitud similar fue denegada en 2002 por el gobierno uruguayo. El presidente Jorge Batlle consideró que los crímenes cometidos por Cordero en Buenos Aires están amparados por la Ley de Impunidad uruguaya, que impide castigar a los policías y militares que violaron los derechos humanos durante los años del Cóndor…