Acciones judiciales Reunida en plenario en Maldonado este sábado 21 de mayo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida decidió rechazar el decreto del Presidente de la República del pasado viernes, que consolidó la permanencia de la empresa Aguas de la Costa configurando una clara violación a la Constitución. Considerando que […]
Acciones judiciales
Reunida en plenario en Maldonado este sábado 21 de mayo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida decidió rechazar el decreto del Presidente de la República del pasado viernes, que consolidó la permanencia de la empresa Aguas de la Costa configurando una clara violación a la Constitución.
Considerando que el decreto del Poder Ejecutivo es «jurídicamente nulo» porque contradice la nueva Constitución, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida rechazó la resolución del Presidente Vázquez anunciando que la recurrirá a nivel judicial.
El decreto, que cuenta con la firma de todos los ministros, establece que las empresas privadas concesionarias de servicios de agua potable y saneamiento «continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento».
Esto quiere decir -dadas las acciones de incumplimiento iniciadas contra la empresa URAGUA- que el decreto del gobierno consolida la presencia de la empresa Aguas de la Costa hasta el año 2018 en que está prevista la finalización del contrato.
Esta resolución claramente contradice los principios establecidos en la Reforma Constitucional, aprobada el 31 de octubre de 2004 con el respaldo del 65% de la ciudadanía, en la cual se establece que los servicios de agua potable y saneamiento deben ser prestados «exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales».
Reunida en Plenario en la ciudad de Maldonado, la CNDAV emitió la llamada Declaración de Maldonado en la que se resuelve «rechazar y recurrir el decreto del Presidente de la República del viernes 20 de mayo de 2005 y todas las resoluciones del gobierno que contradigan el mandato popular».
Bajo la consigna de que «La voluntad popular no se interpreta, se cumple» la Declaración de Maldonado establece además que el decreto presidencial viola los derechos humanos de acceso al agua potable y el saneamiento consolidando la exclusión social, ante lo que las organizaciones sociales plantearán «un plan de movilización a escala nacional ( …) exigiendo el cumplimiento estricto del mandato popular».
Durante el Plenario realizado en Maldonado, las organizaciones y vecinosdel departamento esteño plantearon su preocupación por el hecho de que a seis meses de la vigencia de la Reforma Constitucional, la situación con respecto al abastecimiento de agua potable y saneamiento se mantiene incambiada en Maldonado, con centenares de familias excluídas del acceso al agua, permanentes daños ambientales y en una situación claramente inconstitucional.
DECLARACIÓN DE MALDONADO
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida reunida en plenario en la ciudad de Maldonado el 21 de mayo de 2005 reafirma que el resultado obtenido el pasado 31 de octubre de 2004 con la aprobación de la Reforma Constitucional por el 65% de la ciudadanía, vigente desde el 8 de noviembre de 2004, ha hecho caer todas las concesiones de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Por lo tanto resuelve: rechazar y recurrir el decreto del Presidente de la República del viernes 20 de mayo de 2005 y todas las resoluciones del gobierno que contradigan el mandato popular.
Debido a que:
1.A partir del 8 de noviembre de 2004 la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida ha venido realizando gestiones ante el gobierno para comenzar el diálogo hacia la implementación de la Reforma Constitucional y como resultado no ha tenido respuesta.
2.El día 20 de mayo de 2005 el gobierno dio a conocer su camino de acción a través de un Decreto del Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros.
3.Este decreto viola los derechos humanos de acceso al agua potable y el saneamiento consolidando la exclusión social.
Ante lo expuesto se planteará un plan de movilización a escala nacional, manteniéndose alerta y exigiendo el cumplimiento estricto del mandato popular.
Asimismo se destaca la importancia de:
1.Recuperar por parte del Estado los servicios de agua potable y saneamiento de Maldonado de acuerdo a la legislación vigente y
2.Fortalecer las Comisiones Locales en Defensa del Agua y de la Vida reivindicando la gestión integrada de los recursos hídricos con la participación de las organizaciones sociales directamente involucradas, pero excluyendo a la Asociación Uruguaya del Agua cuyos principios contradicen la Reforma Constitucional.
LA VOLUNTAD POPULAR NO SE INTERPRETA, SE CUMPLE
CON LA CONSTITUCIÓN TODO, SIN LA CONSTITUCIÓN NADA
EL AGUA ES DE TODOS
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida Maldonado – Uruguay, 21 de mayo de 2005