Paso a paso la estrategia negociadora del gobierno se acerca a instancias de definición. En ellas deberá perder neutralidad, con el riesgo de dejar heridas que cuestionen el amplio consenso del que hoy disfruta. En los últimos días de junio fueron varios los episodios y los temas que pusieron en cuestión una de las principales […]
Paso a paso la estrategia negociadora del gobierno se acerca a instancias de definición. En ellas deberá perder neutralidad, con el riesgo de dejar heridas que cuestionen el amplio consenso del que hoy disfruta.
En los últimos días de junio fueron varios los episodios y los temas que pusieron en cuestión una de las principales líneas de acción del gobierno progresista: la negociación como forma de resolver el conflicto entre el capital y el trabajo.
El paro general parcial del PIT-CNT de ayer, jueves (1) y la postura de las cámaras empresariales de no participar, en esa misma jornada, del Consejo Superior de Salarios, junto a la voluntad de la bancada oficialista de aprobar una ley de «protección y promoción de la libertad sindical», son los nuevos detonantes de una relación con los sectores patronales que comenzó a enturbiarse desde la eliminación del decreto que daba la potestad al Ministerio del Interior de desalojar las empresas ocupadas por sus trabajadores.
Una carta firmada por 13 gremiales empresariales y entregada el miércoles 29 al ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dejó constancia del malestar de este sector ante el rumbo que ha tomado el gobierno y la central sindical respecto a las relaciones laborales.
La misiva afirma que «existen cuestiones de interés del sector empresarial que no están siendo tenidas en cuenta en la mesa de negociaciones, y que en alguna medida implican desconocer la bilateralidad y el razonable equilibrio que debe darse entre los interlocutores sociales». A la hora de los ejemplos, los empresarios destacan «todo lo referente a las ocupaciones de los lugares de trabajo, las que a partir de la derogación de los decretos que facultaban al Ministerio del Interior para intervenir en defensa de los derechos constitucionales de propiedad de las empresas y de trabajo de los trabajadores que no participan de esa medida, se han incrementado sin que exista un camino jurídico claro para su tratamiento y solución». En segundo lugar ubican el proyecto de ley de libertad sindical a estudio del Parlamento, «que estrictamente contiene aspectos contrarios a los intereses del país y al clima apropiado para el fomento de las inversiones».
Seguidamente advierten que «nada contribuye al buen relacionamiento el paro general parcial que ha sido convocado por el PIT-CNT para el jueves 30 de junio, que está dirigido claramente contra los empresarios (…) porque dirigentes sindicales se han encargado de trasmitirlo así a los medios de prensa y de destacar que no es una medida contra el gobierno». En consecuencia y «ante ese clima hostil, las organizaciones empresariales no estamos dispuestas a participar, el mismo día, en una reunión del Consejo Superior Tripartito».
Por su lado, el PIT-CNT convocó a la paralización parcial en demanda de trabajo y salario digno, por la ley de fuero sindical y en defensa de la negociación colectiva y los consejos de salarios.
Los dirigentes sindicales aclararon enfáticamente que la movilización no era contra el gobierno y, por el contrario, ubicaron al sector empresarial como el principal obstáculo para que la mayoría de los consejos no hayan resuelto sobre los mínimos de categoría. En esa dirección destacaron que los empresarios nunca estuvieron de acuerdo con la negociación y concurren a ella obligados por la ley de 1943.
En respuesta a esas afirmaciones, varios miembros de las cámaras empresariales calificaron al paro como un ejercicio gimnástico pour la galerie, e incluso se preguntaron la razón del mismo cuando se está negociando en los consejos.
Por otro lado, fuentes del Frente Amplio dijeron a BRECHA que la paralización se explicaría mejor si se la considerara como respuesta al magro ajuste salarial previsto para los funcionarios públicos, que provocó la calificación de «inaceptable» por parte de la dirigencia del PIT-CNT.
El ministro de Trabajo, ante la realización de la movilización sindical y la carta de los empresarios, sostuvo que son formas de presión que se suceden en momentos en que se negocia. Bonomi suspendió ayer el Consejo Superior y se reunió en la tarde con las cámaras empresariales, con la intención de aquietar las aguas y retomar el ritmo de los consejos.
Algunos dilemas
«¿Es lógico que hoy los trabajadores, en un gobierno progresista, sigan afiliándose a escondidas a su sindicato para no ser despedidos?», dijo a BRECHA la ex dirigente sindical y diputada del MPP Ivonne Passada. La interrogante de la legisladora, dirigida a recoger una respuesta obvia, ubica otro de los puntos de tensión en la gestión del gobierno.
Para Passada es claro que se terminó el relacionamiento entre empleados y empleadores basado en la desregulación y la flexibilización laboral. A su juicio, y el de la totalidad de la bancada oficialista, es tiempo de que los convenios suscritos por anteriores gobiernos a nivel internacional, y especialmente con la oit, sean refrendados en el Parlamento. Por tanto es la hora de que se apruebe una ley de fuero sindical, que proteja una actividad que hasta ahora ha sido permanentemente reprimida en el ámbito de la actividad privada.
El PIT-CNT ha denunciado que en el proceso hacia los consejos de salarios han sido despedidos varios trabajadores por la simple razón de crear un sindicato en la empresa donde desarrollan su labor, por lo cual urge una ley de fuero sindical.
Uno de los aspectos del proyecto a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo de diputados consiste en impedir el despido del empleado por actividad sindical, así como la restitución de éste cuando se comprobara que el cese tuvo ese motivo. También prevé el establecimiento de un registro de empresas, donde aquellas que tuvieron actitudes antisindicales no podrán ser proveedoras del Estado (una modificación prevista por los legisladores oficialistas permitiría que sí licitara quien sólo tiene un único antecedente al respecto) y, además, sanciona cualquier procedimiento aplicado en la selección de trabajadores que exija la no afiliación sindical o su desafiliación si la tuviere.
Los representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, en su comparecencia ante la Comisión de Legislación, cuestionaron los fundamentos del proyecto, considerándolo unilateral (reclamaron la reglamentación del derecho de huelga y la actividad sindical) y nocivo para las futuras inversiones en el país. Uno de los argumentos esgrimidos respecto al artículo 1, que impide el despido por militancia gremial, es que éste invierte la carga de la prueba, obligando al empresario a demostrar que su cese no es por persecución antisindical, lo que facilitaría que un «mal trabajador» se afilie a un sindicato para impedir su baja de la plantilla.
La diputada Passada, por el contrario, sostuvo que ese extremo se evitaría al obligar a la empresa a llevar «un libro de sanciones y observaciones, en el cual deberá firmar el trabajador. Si hay un mal trabajador tiene que estar asentado en algún lado. Eso ya es la prueba que necesita el empleador».
Con ser importante, el proyecto de ley de libertad sindical es el último episodio de un notorio cambio de escenario en materia de relaciones laborales. Hay otros actos episódicos que abonan la intención del gobierno de modificar las políticas tradicionales en ese campo ahora en beneficio de los trabajadores.
Juan Mailhos, asesor de la Cámara de Comercio, dijo en la comisión parlamentaria que «lamentablemente, hay cosas sobre las que la sociedad no ha pensado bien. En Gaseba se han reinstalado dirigentes sindicales después de diez años de haber sido despedidos, todo en aras de que se pueda vender la empresa. Este tipo de cosas, que puede ser muy bueno para el sector gubernamental y que puede significar una solución puntual a un tema importante, desde el punto de vista empresarial es visto con mucha preocupación por todo lo que representa. ¿Quién va a querer venir a hacer una inversión en estos términos? ¿Quién va a querer tener un tema sin solución por diez años y que, cuando se resuelve, se hace de esta manera? (…) Porque se ataca la certeza jurídica, y cuando no hay certeza jurídica ya no hablamos de capitales golondrina, sino de que el ‘colchón bank’ tampoco se va a abrir para reactivar el aparato productivo».
Estos diferentes puntos de vista caracterizan la negociación. Por el lado de los empresarios han aparecido resistencias a la modificación del escenario; para el movimiento sindical es hora de terminar con la desregulación y la flexibilización. En toda negociación, repiten los participantes, cada uno de los interlocutores cede en parte de sus planteos, pero la resolución nunca pasa por el término medio y menos cuando se parte de cero en materia de regulación laboral y cualquier alteración afectará el modo operativo de gran parte del sector empresarial. En ese panorama será decisivo hacia dónde el gobierno y sus legisladores inclinen la balanza.
1) Nota de Correspondencia de Prensa. El paro general fue parcial, apenas de tres horas. La dirección de la central sindical aclaró una y otra vez que «no es un paro contra el gobierno» sino contra la actitud de las gremiales patronales en los Consejos de Salarios. Sindicatos importantes como el magisterio y transporte urbano «adhirieron» a la plataforma reivindicativa pero no realizaron la medida. La paralización, que no cambió en casi nada la fisonomía del país, alcanzó sobre todo a Montevideo. El PIT-CNT convocó una marcha hacia la Cámara de Comercio, donde participaron algo más de mil personas.