El presidente peruano, el socialdemócrata Alan García, impulsa en la cámara legislativa una reforma constitucional que permita establecer la pena de muerte, primero defendió esta medida durante la pasada campaña electoral para los violadores de niños, pero según sus ultimas declaraciones esta se aplicaría también para delitos «terroristas». Ante estos hechos, multitud de organizaciones pro […]
El presidente peruano, el socialdemócrata Alan García, impulsa en la cámara legislativa una reforma constitucional que permita establecer la pena de muerte, primero defendió esta medida durante la pasada campaña electoral para los violadores de niños, pero según sus ultimas declaraciones esta se aplicaría también para delitos «terroristas». Ante estos hechos, multitud de organizaciones pro derechos humanos, agrupaciones de familiares y víctimas, organizaciones diversas de la sociedad civil que están desarrollando una campaña internacional contra la impunidad en el Perú, han protestado para que el gobierno detenga esta iniciativa.
La instauración de pena de muerte equivaldría a la impunidad para sujetos como Fujimori o el propio Alan García que están acusados de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Esto es debido a que el hecho de instaurar la pena de muerte implica la necesidad de que el Perú se retire de el «Pacto de Costa Rica», un convenio iberoamericano que firmaron la mayoría de países del continente ratificando la carta de Derechos Humanos de la ONU y asumiendo la protección de estos derechos con medidas como por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, el rechazo a la pena de muerte, entre otros.
Esta medida, planteada desde la demagógica, esconde un objetivo más oscuro, asegurar la inmunidad de Alan García una vez terminado su mandato (para él y su «socio» Fujimori con cuyos partidarios gobierna), así como frenar en seco cualquier tentativa de insurgencia ante las medidas neoliberales y la cada vez menor popularidad de su gobierno.
Tras la firma de este convenio, y gracias al mismo, se iniciaron procesos contra varios ex mandatarios y miembros del gobierno peruano. Después de ganar las elecciones por un minúsculo margen de votos, Alan García, asumió la presidencia del Perú en medio de la resignación de un gran número de ciudadanos peruanos en el exilio, víctimas de las violaciones de derechos humanos que se dieron bajo su gobierno, familiares de desaparecidos, etc. Días antes de su toma de posesión, fue admitida a tramite una solicitud internacional (iniciada por un tribunal chileno) por la cual era acusado por delitos de lesa humanidad y genocidio, por los bombardeos de cárceles, casos Pucayacu, Accomarca, Cayara, Chumbivilcas, entre otras, así como de la creación del grupo paramilitar «Rodrigo Franco». Los procesos está paralizados al adquirir este la inmunidad presidencial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó recientemente al régimen de ex pesidente Alberto Fujimori, prófugo sobre quien pende una solicitud de extradición, de la masacre de 41 guerrilleros presos en el penal Miguel Castro Castro. La eventual extradición y juzgamiento de Alberto Fujimori sentarían un hito muy importante en la lucha contra la impunidad.
Transcurridos cien días desde el inicio de su gestión al mando del ejecutivo peruano en el que ha mantenido la impronta neoliberal de su predecesor Alejandro Toledo (también buscado por la justicia por malversación de fondos y prevaricación), Alan García ha tenido varios escándalos de corrupción y un descalabro electoral en las ultimas elecciones regionales, en las que ha perdido seis de las nueve regiones que gobernaba en la anterior legislatura su partido, el Partido Aprista Peruano (PAP).