La organización armada Mujahidi Halk -Combatientes del Pueblo- que lucha por derrocar al régimen de los ayatollah en Irán, está de enhorabuena. El Tribunal de Primera Instancia de la Unión -el segundo en la jerarquía judicial comunitaria- anuló la congelación de fondos de este grupo iraní, el ala armada del Consejo Nacional de la Resistencia […]
La organización armada Mujahidi Halk -Combatientes del Pueblo- que lucha por derrocar al régimen de los ayatollah en Irán, está de enhorabuena. El Tribunal de Primera Instancia de la Unión -el segundo en la jerarquía judicial comunitaria- anuló la congelación de fondos de este grupo iraní, el ala armada del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán.
La Corte argumenta que la organización no fue informada de la decisión, ni ha recibido ninguna justificación para su pertenencia a la lista, con lo que se vulnera su derecho básico a la defensa. Su líder, Marian Rállaui ha asegurado en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, que la decisión del Tribunal de anular la congelación de las cuentas del movimiento significa que aunque el Tribunal europeo no puede sobrepasar sus competencias, ha quedado muy claro que el término terrorismo no está ligado ya a su organización y que el uso conjunto carece de base legal. Rállaui, que preside el llamado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán ha subrayado que la decisión de la más alta autoridad de justicia europea viene a borrar la mancha negra que tanto ha dañado la imagen del movimiento. Dice que la decisión de congelar los fondos del grupo e inscribirla en la lista de movimientos terroristas sólo obedeció a una estrategia política de los países europeos para tranquilizar a los Ayatollah de Irán, exigiendo que ahora se tache el nombre de su movimiento de esa lista y exigiendo a la UE que les indemnice por el gran daño y perjuicio que tal decisión creó a la resistencia y al mismo pueblo de Irán.
La organización Mujahidi Halk lleva a cabo una lucha armada contra el régimen de Teherán y ha usado, y sigue haciéndolo, el territorio iraquí como sede principal de su actuación contra el régimen de los Ayatollah. Antes de que termine el año, los 25 se sentarán a explicar por qué consideran terroristas a 48 grupos y 45 individuos incluidos en su lista negra, revisando el secretismo del procedimiento y la indefensión de los afectados. La lista fue creada en 2001, tras los atentados del 11-S, y se va ampliando cada seis meses con las propuestas de los Estados miembros tras una reunión de la que ni siquiera se hace un registro. Los representantes de Interior, la mayoría policías más que juristas, apenas dan explicaciones y, hasta que la decisión sea inamovible, no la comunican de forma oficial, ni siquiera al responsable de Política Exterior, Javier Solana.