Recientemente, hace apenas unos días, el Fiscal Superior de Lima, Edgar Chirinos archivó definitivamente la investigación de Alan García, Luis Giampietri y Agustin Mantilla Campos en el caso de la Matanza de los Penales, ocurrida en junio de 1986. Ayer, en cambio el Fiscal Supremo Avelino Guillén pidió a la Corte Suprema de Justicia imponer […]
Recientemente, hace apenas unos días, el Fiscal Superior de Lima, Edgar Chirinos archivó definitivamente la investigación de Alan García, Luis Giampietri y Agustin Mantilla Campos en el caso de la Matanza de los Penales, ocurrida en junio de 1986. Ayer, en cambio el Fiscal Supremo Avelino Guillén pidió a la Corte Suprema de Justicia imponer Cadena Perpetua al cabecilla y fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos, acusándolo de «terrorismo agravado».
Alan García Pérez y Víctor Polay Campos, fueron amigos. Intimos amigos, de familia, de barrio y de Partido.
Hay quienes cuentan que a fines de los años setenta se ganaban la vida con una guitarra en la mano cantando canciones de protesta en el Barrio Latino de París, en bares atestados de estudiantes. Estaban ambos influidos por la tempestad del Mayo francés del 68, pero alejados del Perú por el proceso progresista de Velasco Alvarado, al que se enfrentó el APRA mostrando ser lo que siempre fue: una carta más de la política de Washington. Cómodo exilio, en ese entonces, que compartieron convencidos de «un futuro mejor».
Si por mejor se entiende el acceso a bienes materiales, ciertamente que García le sacó distancia a su compañero. Este, que lo miró con buenos ojos en 1985 cuando por primera vez el APRA asumió la dirección del Estado, se desencantó pronto de la acción del régimen de entonces y resolvió pasar a la lucha armada, organizando frentes guerrilleros -a la usanza clásica- en la selva peruana.
Fue ése el signo de la distancia, y la piedra definitiva de la ruptura que hoy asoma como una visión polarizada del escenario peruano.
Si de terrorismo agravado se trata, la acusación podría esgrimirse sin mucho esfuerzo y mucho mayor fundamento, precisamente contra García, Giampietri y Mantilla, independientemente de los cargos y funciones que ellos -o algunos de ellos- desempeñen actualmente en el país.
En el pasado, es decir entre 1985 y 1990, García y Mantilla actuaron a partir de la lógica del Estado Terrorista, y tuvieron preponderante presencia en la comisión de delitos de ese signo, que la justicia no ha saldado.
El tema de los Penales basta para acreditarlo, pero por si fuera necesario, lo refrendan también el Informe en minoría de la Comisión Parlamentaria que investigó el accionar del Comando Rodrigo Franco, los documentos publicados en la época por los organismos encargados de velar por los Derechos Humanos y hasta el Informe de la Comisión de la Verdad que, presentado bajo el gobierno de Toledo, indagó sobre el periodo.
Luis Giampietri, sin embargo, no se quedó en esa etapa. Bajo el ala del régimen fujimorista, y trabajando en el Servicio de Inteligencia Naval, siguió haciendo de las suyas en detrimento de la conciencia ciudadana. Hoy, sin embargo, es una de las figuras más encumbradas del Estado en su condición de Vicepresidente de la República, Congresista y, por si fuera poco, Presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Legislativa. Es decir, todos (los poderes) a una (misma persona). Y toda la impunidad, claro.
Víctor Polay, en cambio fue encarcelado precisamente bajo el gobierno de García cuando ingenuamente se instaló en el más elegante hotel de la ciudad de Huancayo en una circunstancia en la que visitaba la región don Armando Villanueva del Campo, entonces Ministro y parlamentario del Gobierno Aprista. A mediados de los 90, huyó del Penal de máxima seguridad en el que se hallaba, liderando una espectacular fuga de 47 de sus seguidores. Pero después nuevamente fue capturado cuando tomaba café en un establecimiento público en una zona residencial de la ciudad.
Polay fue un guerrillero en toda la extensión de la palabra. Se puede discutir la oportunidad de su insurgencia, o incluso la viabilidad de la misma. Pero no se puede negar el carácter del movimiento que condujo, y que se expresó en la existencia de columnas armadas que tomaban poblaciones para hacer discursos y repartir víveres. La dinámica de la lucha condujo, sin embargo al MRTA a la comisión de otras acciones más agresivas, pero Polay ya no estaba al frente de ellas. Vivía en una cárcel.
Hace algunos meses el Poder Judicial condenó a Polay y a la cúpula del MRTA por los sucesos que ocurrieron en ese periodo. Sin contemplación alguna, el tribunal condenó al líder del MRTA a 32 años de cárcel. Hoy la fiscalía busca elevar la pena para convertirla en Cadena Perpetua.
Es claro que Polay no tiene quién lo ampare.
Curiosa la actitud de la Izquierda oficial que, para no ver afectadas sus ilusiones electorales, declinó -salvo honrosas excepciones- expresar su solidaridad con la víctima de esa injusticia.
Pero ella hoy luce más clara y definida. Si Mantilla, Giampietri y García, son inocentes ¿qué autoridad tienen los jueces para considerar culpable a Víctor Polay Campos?