Los que obstaculizan la libre locomoción son delincuentes, expresó el presidente Oscar Berger el 25 de abril. La afirmación, referida a bloqueos realizados por maestros el mismo día, criminaliza las movilizaciones sociales y a sus promotores, definiendo un presente brumoso y un futuro incierto para la democracia y la convivencia en Guatemala. No es la […]
Los que obstaculizan la libre locomoción son delincuentes, expresó el presidente Oscar Berger el 25 de abril. La afirmación, referida a bloqueos realizados por maestros el mismo día, criminaliza las movilizaciones sociales y a sus promotores, definiendo un presente brumoso y un futuro incierto para la democracia y la convivencia en Guatemala.
No es la primera vez que funcionarios del actual gobierno se pronuncian de forma similar sobre el movimiento social y los sindicatos. «Se dice que ahuyentan o desincentivan la inversión, que sólo defienden a haraganes, que los dirigentes sindicales no trabajan porque se declaran en sesión permanente, que abusan de las licencias sindicales; que son anárquicos» afirma el periodista del vespertino La Hora, Hugo Madrigal.
La insistente reiteración revela el estancamiento o involución democrática y los escasos niveles de tolerancia de la administración Berger. En este sentido, lo expresado por el mandatario no representa una opinión personal sino un pensamiento enraizado en las elites gobernantes: la peligrosidad y «casi ilegalidad» de las protestas y los movimientos sociales.
Define también un posterior y peligroso modus operandi: organizaciones que bordean la legalidad pueden ser perseguidas de manera contundente, incluso con el uso de la fuerza. En tres años de gobierno Berger, afirma el Centro de Estudios de Guatemala, se han producido 629 ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, frente a 482 en los cuatro años del gobierno de Alfonso Portillo (considerado por los actuales gobernantes uno de los más nefastos de nuestra historia).
En esta dinámica no pueden verse como coyunturales ni circunstanciales los recientes allanamientos a organizaciones internacionales, denunciados por el Foro de ONG Internacionales, FONGI, el 26 de abril: «Para el FONGI es inaceptable esta ola de violencia contra la población en general, mujeres y hombres líderes comunitarios y organizaciones dedicadas al desarrollo y esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos. Rechazamos la intimidación, hostigamiento y amenaza como formas para garantizar la impunidad, característica singular del contexto de la guerra formalmente ya finiquitada en Guatemala».
Berger no está solo, lamentablemente, en su cruzada. La cobertura por parte de los medios de comunicación de las movilizaciones magisteriales y sociales privilegia, monótona y machaconamente, los aspectos más negativos y menos populares de las mismas, especialmente su impacto sobre la libre locomoción. Apenas se aborda el fondo de las demandas y mucho menos el estado calamitoso de la educación en el país: «Guatemala es uno de los países que menos invierte en esta importante área. El gasto en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, es de aproximadamente 2,4%, en comparación al 4,4% del promedio en América Latina» según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF».
En este contexto de descalificación se invisibiliza la participación de miles de personas en las marchas, a las que se atribuye el carácter de masas desinformadas y acarreadas, que no saben responder con certeza las agudas preguntas de los periodistas sobre su participación en las movilizaciones. Independientemente de la forma en que se producen las reivindicaciones ¿cree usted que los miles de maestros presentes en las manifestaciones de 2007 desconocen el por qué y el para qué de su protesta?
Es cierto que algunas organizaciones sociales guatemaltecas adolecen de gremialismo, falta de visión integral, escasa promoción de la solidaridad, incapacidad de articular nuevas formas de protesta, excesiva permisividad a la influencia de la corrupción y los partidos políticos en su membresía. Pero todavía son, en general, expresión necesaria de las necesidades de la población y su única intermediación ante el gobierno y el estado.
Lenguaje de guerra fría
Sin avances o para atrás como el cangrejo. La calificación de comunistas a organizaciones populares e indígenas (por ejemplo, a los organizadores y acompañantes de la Consulta Popular de Ixcán que se opuso a la construcción de represas y la explotación del subsuelo, el 21 de abril) hace retroceder al país a los tiempos de la guerra y el Estado contrainsurgente, que en su esencia sólo se ha refuncionalizado: «El Estado ha recuperado su viejo discurso (el enemigo interno) ante el opositor político, el disidente, el que cuestiona el status quo» afirma la filósofa y dirigente social Claudia Samayoa quien sitúa como parteaguas la represión a partir de 2004 contra los movimientos anti Tratado de Libre Comercio y de lucha por el control de los bienes naturales (minería, agua y otros).
En sintonía con ello, la nueva Ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte, contrapuso el 25 de abril el derecho de manifestación a la seguridad de todos. ¿Quiso decir la seguridad nacional? ¿Cometió un lapsus linguae? ¿Presenciamos en vivo y en directo una elipsis histórica, un lamentable feed-back de la justificación de la violencia? En cualquier caso, se evidencia que no habrá cambios de políticas, tan sólo de personas, en el Ministerio de Gobernación.
Diez años después de firmada la paz, veinte años después del fin de las dictaduras militares, cinco meses antes de un nuevo cambio de gobierno, la tentación de enfrentar situaciones políticas como problema de orden público sigue siendo demasiado fuerte para nuestros gobernantes. En cierta forma, es el único recurso cuando se carece de la voluntad de construir un país incluyente y se opta por políticas sectoriales a corto plazo, expoliación de los bienes del pueblo y la continuidad de los privilegios.