Mujeres indígenas y negras de América Latina y el Caribe sufren una triple discriminación por sexo, raza y clase social en la política y en el trabajo. Así lo explicaron participantes del panel «Ciudadanía y participación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes», en la X Conferencia Regional sobre la Mujer que se celebra en […]
Mujeres indígenas y negras de América Latina y el Caribe sufren una triple discriminación por sexo, raza y clase social en la política y en el trabajo.
Así lo explicaron participantes del panel «Ciudadanía y participación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes», en la X Conferencia Regional sobre la Mujer que se celebra en esta ciudad hasta este jueves.
La dirigente indígena guatemalteca Otilia Lux de Cotí aseguró que «desde nuestra visión, la lucha por el derecho a la participación de la mujer va unida a la lucha por el derecho a la participación del pueblo indígena».
«Nosotras somos discriminadas por los Estados, por los hombres y muchas veces por las otras mujeres, por eso para corregir las desigualdades históricas debemos reestructurar el Estado y construir una sociedad igualitaria», aseguró De Cotí, ex ministra de Cultura y Deportes de Guatemala.
Por eso al exigir cuotas de participación femenina es necesario también especificar las cuotas de mujeres indígenas y afrodescendientes, recomendó.
«Queremos rescatar la democracia, y para eso debemos replantearla desde nuestra visión. Una democracia desde América Latina sólo puede ser intercultural», argumentó.
La dirigente afrobrasileña María Inés Barbosa aseguró que machismo y racismo están en la misma base de construcción de los Estados nacionales de América Latina y el Caribe.
«Para eliminar el machismo y el racismo es necesario cambiar la sociedad. Muchas veces en foros internacionales cambiamos las palabras para no cambiar la sociedad. No podemos seguir en eso, debemos cambiar la sociedad», aseguró.
«No nos engañemos, muchas veces los documentos que surgen de estas reuniones son una cosa, pero la realidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes afuera es otra, porque además somos las más pobres», afirmó.
La indígena miskita nicaragüense Margarita Antonio aseguró que es necesario que los Estados y las agencias de Naciones Unidas sigan trabajando en una mayor formación de las mujeres, que a su vez deben entregar el conocimiento adquirido a quienes permanecen en las comunidades para acortar las distancias que también existen entre diferentes sectores de la población femenina.
Al panel, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y la Secretaría del Foro Permanente de Asuntos Indígenas, asistieron más de 100 representantes de diversas organizaciones regionales.
Las indígenas presentes hicieron conocer el manifiesto «Por la construcción de un estado plurinacional».
«A pesar de los avances cuantitativos y cualitativos, a la mitad de la década dedicada a lograr los objetivos de Desarrollo del Milenio y la Segunda Década de los Pueblos Indígenas del Mundo, enfrentamos una situación crítica agudizada por la aplicación creciente de políticas macroeconómicas que desconocen los derechos colectivos de nuestros pueblos», dice el documento.
También asegura que «el avance de los derechos humanos de las mujeres indígenas está vinculado a la lucha por proteger, respetar y ejercer tanto los derechos colectivos» de los pueblos como su unidad «basada en sus territorios, recursos naturales, conocimientos tradicionales colectivos y el pleno reconocimiento de las instituciones de autogobierno».
«Reconocemos la importancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como herramientas para avanzar en estrategias para el desarrollo sostenible y los derechos humanos de las mujeres a pesar de que las metas utilizadas para medir sus avances no incorporan indicadores de pertinencia cultural», afirma el manifiesto hecho público este miércoles.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron adoptados en 2000 por los países miembros de las Naciones Unidas como una plataforma para abatir la pobreza y la desigualdad en todo el mundo, mejorar la salud, la educación y la equidad de género, combatir la contaminación y adoptar un modelo de desarrollo sustentable y un régimen de comercio internacional más justo. El plazo para alcanzar las metas vence en 2015.
El documento de las mujeres nativas recomienda a los Estados que «adopten de forma inmediata la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2006, como plataforma básica para el desarrollo y la participación equitativa de las mujeres indígenas».
Según un estudio del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw por sus siglas en inglés), otro de los organizadores del panel, las indígenas experimentan el acceso a los recursos y a espacios de poder de manera distinta que los hombres y mujeres no indígenas.
«Ellas, que representan casi 60 por ciento de las 50 millones de personas indígenas de América Latina y el Caribe, enfrentan además una triple discriminación por su condición de mujeres, indígenas y pobres» afirma la investigación.
Esta edición está dedicada a abordar la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, sobre todo respecto del trabajo no remunerado, y la participación política y la paridad de género.
En esta materia, «además de las reformas de los sistemas electorales, es necesario modificar numerosos aspectos de la cultura política que provocan sesgos discriminatorios, como el acceso inequitativo al financiamiento, la influencia desigual de las redes sociales y el uso injusto del tiempo que (…) exige a las mujeres centrar su atención en las labores reproductivas», afirma un estudio presentado por la Cepal el martes.
«El surgimiento de liderazgos femeninos en la región, el comportamiento electoral crecientemente autónomo de las mujeres y el voto femenino a favor de las mujeres constituyen parte del nuevo escenario democrático», señala el documento «El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe».
«La paridad es uno de los símbolos de las nuevas democracias, que se presenta como un recurso ético para fortalecer la legitimidad de las instituciones democráticas», afirma.