Una ley anunciada y posteriormente retirada, no porque no fuera legítima e incluso necesaria, sino para rebajar la tensión callejera generada por la movilización de la oposición financiada por Washington y Bruselas.
Quizás haberla retirado podría resultar un error, podría leerse como un signo de debilidad; pero si el gobierno georgiano buscaba la confirmación de la existencia de un plan subversivo para derribarlo y entregar Georgia a manos occidentales, la ha encontrado. Nítida en sus pruebas y clara en sus contornos, nacionales e internacionales. Lo que se representó en Tiflis es, en gran medida, el guión habitual de las «revoluciones de colores» promovidas por Occidente, que ya se había ensayado en Georgia en 2003.
Occidente ha demostrado sobradamente su apoyo a los golpistas, la oportunidad de un Euro Maidan versión 2023 le parecía jugosa. Borrel, qu nunca pierde la oportunidad de interpretar el papel de cabo tonto de la serie, ha amenazado con impedir la adhesión de Georgia a la UE. Blinken calificó la ley de «muy grave, una copia de la rusa» y amenazó con sanciones (qué novedad), ocultando que si bien hay paralelismos con la ley rusa, los hay mucho mayores con la legislación estadounidense y europea. La propuesta que se debate en Georgia es, de hecho, comparable a la llamada Ley de Registro de Agentes Extranjeros estadounidense (FARA) de 1938. Esta ley exige que quienes realicen de hecho actividades de «lobby» para entidades extranjeras se registren como «agentes extranjeros».
Veamos un panorama más preciso ¿Qué representaba esa ley? ¿Qué intereses tocaba y qué repercusiones tendría al ser aprobada? La ley fue descrita por los medios de comunicación occidentales, la UE y la Casa Blanca como una «ley rusa», lo que significa un paralelismo entre la ley propuesta y las vigentes en Rusia destinadas a los marcos jurídicos y administrativos relativos a las Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, ONLUS y Fundaciones. En resumen, toda la galaxia de organizaciones sin ánimo de lucro, es decir, organismos aparentemente sin ánimo de lucro, pero que en realidad catalizan grandes sumas de dinero extranjero, que se invierte en política y no en actividades «sin ánimo de lucro».
La ley establece la definición de «agente extranjero» para todas las empresas en las que el 20% o más del capital proceda del extranjero. La definición de «agente extranjero» no es un insulto: identifica áreas y normas de actuación de la empresa que son propias de las actividades de las entidades extranjeras. ¿Puede utilizarse la ley para discriminar políticamente? Por supuesto y en todas partes. En lo que respecta a Estados Unidos, ejemplos del uso político y arbitrario de la FARA son el requisito de registro impuesto a la cadena rusa RT America en 2017 y a la china China Global Television Network al año siguiente. Pero esto no desató la polémica sobre el evidente abuso. Entonces, ¿dónde está el problema?
¿Será que las prerrogativas de Occidente están vedadas a todos los demás? En el caso concreto de Georgia, como en el de todos los países en los que Estados Unidos promueve el cambio de régimen, una ley que hubiera prohibido las acciones políticas de falsas ONG habría socavado de raíz la labor de subversión. Las actividades de desestabilización de EEUU y la UE en países hostiles son bien conocidas y se basan en la creación de asociaciones, sindicatos, partidos políticos y medios de comunicación que operan en oposición a los respectivos gobiernos. Este conjunto recibe la robusta inyección de millones y millones de dólares para el reclutamiento, la financiación y la propaganda de campañas antigubernamentales. La red mediática interna actúa en sinergia y conexión con el aparato mediático externo, es decir, las cadenas occidentales y la labor de afiliación y propaganda apoyada en los medios sociales. Se generan campañas de mentiras y se organizan actividades delictivas para infundir una sensación de inseguridad y crear un clima de desconfianza en el gobierno y generar un clima de tensión permanente para ser utilizado en las formas y tiempos establecidos. Los métodos son insurgentes, siguiendo el patrón clásico del manual del «golpe suave» escrito por el ex agente de la CIA Gene Sharp.
El golpe permanente
Al fin y al cabo, la indisoluble cadena que une a USAID, NED y las ONG golpistas ubicadas en países «hostiles» a EEUU está sobradamente probada y documentada. Y no hace falta ningún talento especial para el periodismo de investigación, ya que los desembolsos de sus fondos a los golpistas en sus respectivos países son públicos, dada la exigencia de rendición de cuentas debida a la recepción de fondos públicos. En cualquier caso, como dijo su vicepresidente, «USAID hace el trabajo que la CIA ya no puede hacer».
Ahí radica el problema de la ley suspendida. Dada la documentada e incontrovertible procedencia de la financiación estadounidense de proyectos destinados a la subversión y vendidos como «formación de líderes», «desobediencia civil» y cualquier otra cosa que la imaginación sugiera, la entrada en vigor de la ley obligaría a rendir cuentas de los ingresos extranjeros y mostraría así a todo el mundo cómo estos paladines de la solidaridad no son más que agentes encubiertos de la CIA. Que no trabajan para los intereses nacionales de los países donde operan sino para los de Estados Unidos y que lo hacen con dinero, órdenes y proyectos estadounidenses y europeos.
La aplicación de esta estrategia golpista es más conocida en América Latina, Europa del Este y Oriente Medio. Definido por la corriente dominante como un «levantamiento popular» en nombre de hipotéticos déficits democráticos que se superarían mediante una «primavera», no tiene nada de popular y no aporta democracia: es sólo una intervención militar y financiera estadounidense llevada a cabo por delegación por cientos de personas entrenadas durante años para llevar a cabo la tarea asignada.
Al fin y al cabo, la desestabilización permanente es la única política exterior real de Estados Unidos. Las más de 700 bases militares diseminadas por todo el planeta, acompañadas de las seis flotas militares y el dispositivo nuclear táctico y estratégico, garantizan el control sobre los cinco continentes, los corredores de tránsito y las vías de comunicación, el control de las fuentes de agua dulce y los recursos del mar, la tierra y el subsuelo. Pero la forma de saquearlos y de imponer por la fuerza el liderazgo político estadounidense se ejerce también mediante operaciones de desestabilización interna en cada país, con el control de las elecciones y la formación de la cúpula militar, de inteligencia, financiera, judicial, diplomática y mediática.
En el contexto de las transformaciones que se han producido en los últimos 25 años en las doctrinas de seguridad nacional estadounidenses, la más evidente es que el golpismo -salvo en casos esporádicos- ha sustituido a los golpes de Estado clásicos. Mientras que antes los golpes se llevaban a cabo de la forma típica de intervención militar interna, aunque apoyada desde el exterior, en los últimos 25 años el modo de derrocamiento institucional de un país se ha disfrazado con una versión de protesta popular de carácter insurreccional. Según el momento y el lugar, ha adoptado la forma de un verdadero golpe de Estado, como en Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia. En años anteriores se aplicó en varios países de Europa del Este, como Rumanía y Ucrania, pero fracasó en Bielorrusia, Kazajistán y Georgia. En Oriente Medio, se promovió, con desigual fortuna, en Egipto, Túnez y Marruecos, pero resultó insuficiente para el propósito, hasta el punto de forzar la invasión de Libia, Siria, Irak y Líbano.
¿Georgia no y G-7 sí?
La obligación de rendición de cuentas y transparencia de los actos administrativos, de rastrear los movimientos de dinero cuando superan el umbral del 20% de la financiación total, de comunicar cuando llega del extranjero, ya sea como desembolsos de otras organizaciones o de fondos privados, o -con mayor razón- cuando procede de gobiernos u organizaciones rastreables hasta ellos, es una obligación imperativa en todos los países en los que se permite operar a las ONG.
La exigencia de trazabilidad de los movimientos bancarios es una norma que se han comprometido a respetar todos los Estados del mundo que se han adherido a la disciplina internacional contra el blanqueo de capitales. Esta disciplina nació a finales de los años ochenta tras la creación a escala internacional de un organismo particular, surgido al margen de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G-7 celebrada en París en julio de 1989; este organismo recibió el acrónimo de GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. A él se adhieren todos los miembros del G-7.
El GAFI, según sus estatuto, «desarrolla y promueve políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y formula recomendaciones que los países deben seguir». Desde finales de 2022, las normas de la UE se han ampliado a las transacciones de criptodivisas.
En concreto, Estados Unidos y la UE presionan para que se contraten unidades específicas de lucha contra el blanqueo de dinero y amenazan a quienes no cumplen las sanciones comerciales: por tanto, no está claro por qué una ley que respeta las normas contra el blanqueo de dinero debe contar con la oposición de los mismos que la exigen.
Los disturbios callejeros fueron organizados y dirigidos por miembros de ONG financiadas por Estados Unidos y la UE. El objetivo es la caída del gobierno, porque esto llevaría a la realización de dos objetivos primordiales: el primero es colocar un régimen pro estadounidense en la frontera con Rusia, algo que ya se intentó y tuvo éxito con Ucrania en 2014, pero fracasó con Bielorrusia y Kazajistán en 2020 y 2021. Si Georgia pasara a manos de la OTAN, la amenaza militar a Rusia se duplicaría y es casi seguro que se abriría un segundo frente con provocaciones ad hoc, que desembocaría en un intento de amenaza militar y en el cierre de una de las rutas por las que llegan a Rusia mercancías sancionadas.
Después de todo, aquí está el enfado de Occidente con el gobierno de Irakli Garibashvili: Georgia quiere permanecer neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania y no se asocia a las sanciones contra Moscú, lo que dificulta a la OTAN seguir expandiéndose hacia el Este y amenazar las puertas de Moscú. Todo vía guerra o vía ONG.
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