Si el resultado de las elecciones del pasado mayo fue un hecho que sorprendió y que abrió la puerta a una posible transformación en Tailandia, las maniobras posteriores han mostrado que el país asiático las cosas están atadas y bien atadas por el régimen monárquico, una parodia de democracia.
El 19 de septiembre se cumple el aniversario del golpe de estado de 2006, y al igual que en 2014, la fotografía golpista fue muy similar. Protestas minoritarias de los partidarios del régimen, una falsa sensación de caos, partidos pro monárquicos rechazando los resultados, intervenciones de los tribunales y otras agencias contra los vencedores, dando paso a un estancamiento que “justifica” la intervención militar”.
Este año, la intervención ha seguido otro guión. A pesar de que los elementos son similares al pasado, en esta ocasión, todo indica que el golpe de estado está siendo más lento y meticuloso, y sin la presencia de los militares en las calles.
Las elecciones del 14 de mayo mostraron una alta participación (más del 75%), una abrumadora mayoría votó por los partidos Move Forward (MF) y Pheu Thai, que se identificaron como antigolpistas y prodemocracia. y ello junto con el pobre resultado de los partidos gubernamentales del régimen. Además, Move Forward, un partido joven, superó al más establecido Pheu Thai (151 escaños frente a 141). Para muchos fue una votación sobre el gobierno, y también sobre el régimen. Los tailandeses rechazaron el régimen híbrido de semidemocracia controlado por los militares y optaron por una democracia más plena.
La Constitución de 2017 es una de las claves del sistema. Diseñada por la junta militar que gobernó directamente el país desde el golpe de 2014 hasta las elecciones de 2019, fue redactada específicamente para evitar que los políticos electos obtuvieran el poder sin al menos la aprobación tácita del grupo golpista conservador y sus partidarios.
Es la herramienta que permite subvertir los resultados de una elección, al consagrar un papel para el Senado (designado por los militares) en el nombramiento de un primer ministro junto con la Cámara de Representantes electa. Así, cualquier aspirante a Primer Ministro debe obtener al menos 376 votos del Parlamento en lugar de los 251 escaños habituales de la Cámara de Representantes. Todo ello junto a procesos rigurosos y aleatorios de investigación de antecedentes “irregulares”. La constitución no proporciona control ni control sobre las agencias de vigilancia y el poder judicial.
Un tema central en las elecciones ha sido la monarquía, símbolo de muchos males políticos actuales, de las intervenciones golpistas y de violaciones de derechos humanos. MF abogó abiertamente por una enmienda a la Sección 112 del Código Penal (el delito de lesa majestad), de ahí que su triunfo se interprete como un claro apoyo popular al cambio del mismo.
Otras propuestas de MF eran el fin del servicio militar obligatorio, una revisión de la política energética, una mejor educación, derechos laborales más fuertes, un nuevo enfoque ante el conflicto del sur, todo lo cual amenazaría el status quo de la monarquía, los militares, las grandes empresas y la burocracia.
Desde el día siguiente de las elecciones, los poderes fácticos arriba mencionados han puesta en marcha toda la ingeniería del “estado de derecho tailandés” para abortar la victoria de MF. Las maniobras “legales” ya han comenzado, y la intervención de órganos no electos como la Comisión Electoral y el Tribunal Constitucional (claramente soportes del régimen y contrarios a cualquier apertura o transformación) buscan la ilegalización de Move Forward y la inhabilitación de sus dirigentes.
El golpe de gracia a los resultados y las esperanzas de cambio, ha sido la alianza de las élites conservadoras con Pheu Thai de Thaksin Shinawatra, explotando las divisiones con MF y aprovechando los intereses de Thaksin. Un movimiento que traerá consecuencias para todos, y que rompe el discurso reformista del pasado de Thaksin, convirtiéndole en un “títere de la élite, un sustituto del ejército para controlar a las masas”.
Además del desafío de romper con el régimen, Tailandia afronta otros retos. La desigualdad social, la explotación económica, la degradación ambiental y la marginación de los pobres de las zonas rurales en el proceso político. Unido todo ello a una alta deuda doméstica dificultades financieras y un declive demográfico.
El pantano político tailandés fue diseñado por los autores de la Constitución de 2017. La carta, creada para limitar la influencia y la capacidad de los políticos elegidos popularmente, está funcionando según lo previsto. Hay señales de que todos los mecanismos han trabajado conjuntamente para subvertir la voluntad del pueblo. Tal vez conscientes, que en mayo de 2024 caduca la cláusula sobre el papel decisivo del Senado, actualmente designado por los militares, y así, expira también la prerrogativa constitucional de participar. en el nombramiento de un primer ministro.
Txente Rekondo.- Analista internacional
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