Hemos tomado conocimiento del nuevo proyecto de ley de prisión domiciliaria aprobado el 19 de diciembre de 2023 por el Senado uruguayo y que debe de ser aprobada por la Cámara de representantes en la sesión actual.
Acorde en ciertos puntos con las normas del Derecho internacional relativas a la encarcelación de las personas vulnerables, el proyecto de ley nos parece presentar importantes ambigüedades e insuficiencias en lo que se refiere a los autores de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya.
- La decisión de otorgar prisión domiciliaria sería tomada por el juez sin consultar en ningún momento a las víctimas o sus abogados. Esta exclusión, tratándose de autores de crímenes gravísimos de lesa humanidad durante la dictadura, deja la puerta abierta a una banalización de esos crímenes y una sub-estimación de su gravedad.
- El proyecto de ley autoriza explícitamente que los autores de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes gravísimos puedan acogerse a partir de los 65 años del beneficio de la prisión domiciliaria, con reparos formales insuficientes para impedir que criminales de lesa humanidad que nunca colaboraron con la búsqueda de la verdad ni manifestaron compasión por sus víctimas puedan beneficiar de la prisión domiciliaria por el solo hecho de su edad.
- El argumento de la situación “bio-psico-social” del detenido, además de ser impreciso toma un valor particular en el caso de los represores recluídos que ya se benefician de condiciones de detención especiales muy favorables con respecto a los demás detenidos. Esas facilidades deben ser tomadas en cuenta en la evaluación de la situación del detenido.
- En lo que se refiere en particular a los mayores de 65 años, consideramos que la modificación de la norma es innecesaria porque la excarcelación por motivos de salud o edad u otros motivos de incompatibilidad con la encarcelación en establecimiento penitenciario ya es posible en Uruguay y ampliamente utilizada.
- Consideramos que el riesgo con el proyecto actual de que todos los represores actualmente presos puedan acogerse al beneficio de esta nueva ley y de que la tendencia jurisprudencial en ese sentido evolucione rápidamente en su favor es muy importante. Eso traería como consecuencia grave una pérdida del valor simbólico de la pena y por lo tanto una denegación de justicia.
- En lo que se refiere al caso particular de los represores imputados y condenados por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la versión actual del proyecto de ley nos parece incompatible con el cumplimiento por parte del Uruguay de las normas de Derecho internacional relativas a los derechos humanos.
En base a estas consideraciones, pedimos al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle,
y a los legisladores uruguayos que no apoyen el actual proyecto de ley de prisión domiciliaria
que facilita la prisión domiciliaria para los responsables de graves violaciones de los derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad, en particular tortura, homicidio político, desaparición
forzada de personas, privación grave de libertad y agresión sexual contra persona privada de
libertad.
Paulo Abrão. Jurista. Profesor invitado, Brown University y Washington College of Law (USA). Secretario ejecutivo de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2016-2020), Secretario ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur (2015-2016). Secretario Nacional de Justicia de Brasil (2011-2014).(Brasil)
Patrick Baudouin. Abogado del Colegio de París y ante la Corte Penal Internacional (La Haya). Presidente de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) (France)
Zakaria Benlahrech. Abogado ante el Tribunal de Argel (Argelia)
Magalie Besse. Jurista. Directora del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie IFJD (Institut Louis Joinet) (Francia)
Marta Bo. Jurista. Investigadora principal, TMC Asser Institute, La Haya (Países Bajos)
Naoufal Bouamri. Abogado del Colegio de Tétouan (Marruecos)
Adnane Bouchaib. Abogado ante el tribunal de Argel y ante la Corte Suprema, Argel (Argelia)
William Bourdon. Abogado del Colegio de abogados de París y de la Corte Penal Internacional. Exsecretario general de la Fedération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) (Francia)
Jo-Marie Burt. Profesora Asociada, Escuela Schar de Política y Gobierno, Universidad George Mason. Senior Fellow, WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas (EE.UU.)
Pablo De Greiff. Senior Fellow y Director, Prevention Project, Director, Transitional Justice Program, Center for Human Rights and Global Justice, School of Law, New York University. Relator del grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la Prevención (2019-2020), Exrelator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Colombia)
Mireille Fanon-Mendes France. Presidenta de la Fondation Frantz Fanon Internacional, Ex experta del Grupo de trabajo sobre Afro-descendientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Francia)
Gabriela Fried Amilivia. Profesora Department of Sociology and Latin American Studies Program, College of Natural and Social Sciences, California State University Los Angeles (CSULA) (EE.UU.)
Jean-Jacques Gandini. Abogado del Colegio de Montpellier. Expresidente del sindicato de abogados de Francia (France)
Carlos G. Guerrero Orozco. Abogado y defensor de derechos humanos. Cofundador de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) (México)
Jean-Pierre Massias. Profesor de Derecho Público-Universidad de Pau. Presidente del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, IFJD (Institut Louis Joinet) (Francia)
Juan Méndez. Profesor en la Washington School of Law de l’American University y en el International Center for Transitional Justice. Expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y exrelator especial de la ONU contra la Tortura (Argentina)
Patricia Naftali. Jurista. Investigadora y docente, Centre de Droit Public et Social (ULB) y Haute école Bruxelles-Brabant (Bélgica)
Naomi Roht-Arriaza. Distinguished Professor of Law (emeritus), University of California, Hastings Law (USA)
Kim Reuflet. Magistrada. Consejera en el Tribunal de Apelaciones de Angers. Presidenta del Syndicat de la Magistrature (Francia)
Niki Siampakou. Jurista. Investigadora conjunta en el TMC Asser Institute y en el International Centre for Counter Terrorism, La Haya (Países Bajos)
Adriana Schnyder. Jurista. Investigadora en derecho internacional y justicia transicional, Facultad de Derecho – Universidad de Ginebra- (Suiza)
Jeanne Solal. Jurista. Investigadora en protección internacional de los derechos humanos- Facultad de Ciencia Política y de Derecho, Departamento de Ciencias jurídicas, Universidad de Québec (UQAM) – Montreal (Canada)
Philippe Texier. Magistrado. Ex integrante de la Corte de Casación francesa, miembro de la FIDH et del Tribunal Permanente de los Pueblos (Francia)
Sophie Thonon. Abogada del Colegio de Abogados de París. Presidenta de France Amérique Latine (Francia)