El pasado domingo 13 de diciembre se cumplieron 28 años del histórico plebiscito donde la ciudadanía dijo SÍ a las empresas públicas con un contundente apoyo popular que frenó la ola privatizadora del gobierno del Partido Nacional. Pasaron 28 años de una campaña histórica para las izquierdas y el campo nacional y popular. 28 años han pasado y parece que la rueda volvió al mismo lugar. Claramente el mundo ha cambiado, Estados Unidos cede cada vez más terreno a China en la hegemonía mundial.
En el principio de los 90 había salido triunfante de la guerra fría contra la URSS. En América Latina se sucedían los gobiernos de derechas con un talante neoliberal bien marcado, mientras que ahora en Latinoamérica parece que el ciclo progresista vuelve a tener su revancha. Esta coyuntura no es un calco, pero hay señales que parece un deja vu.
La Ley Nº 16.211, conocida como Ley de Empresas del Estado fue promulgada apenas cincuenta días después de que el gobierno de Luis Alberto Lacalle asumiera. Este Lacalle es padre del actual presidente Luis Lacalle Pou, por si las coincidencias existen. El decreto se lanzó luego de quince días de realizar un ajuste fiscal. El 13 de septiembre de 1990 fue la fecha elegida por el gobierno para presentar al Parlamento un proyecto denominado “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”.
Lacalle padre distribuyó a los líderes integrantes de la “coincidencia nacional” un borrador de 125 artículos para discutir conteniendo las pautas para redactar la Ley de Empresas Públicas. Por si otra coincidencia aparece, el gobierno de Lacalle fue denominado con el nombre de “Coincidencia Nacional” donde convergieron el Partido Nacional y el Partido Colorado.
El gobierno de su hijo, Lacalle Pou, se denomina “Coalición Multicolor”. Donde se reunieron cinco partidos políticos (tres de ellos no existían en los 90) para desbancar al Frente Amplio del gobierno.
El titular de “Búsqueda”, periódico neoliberal fundado por Ramón Díaz, patter totum de esta corriente en su versión uruguaya, publicó en su edición del día 20 de setiembre: “Tras siete décadas de estatismo, el gobierno dio el primer paso para la reducción de su dominio industrial y comercial”.
En el marco de la ley aprobada el Uruguay inició el camino de las grandes reformas del Estado, concretándose la privatización de la Compañía de Gas, que fue vendida al grupo francés Gaseba;.
Se efectuó la liquidación de ILPE dejando el Estado de cumplir las deficitarias tareas de pesca que pasaron a manos privadas a igual que los servicios de tierra en el Aeropuerto de Carrasco; se encaró la privatización del transporte aéreo al interior del país; se otorgó la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en zonas de Maldonado y se adjudicó el sistema de telefonía celular.
UTE, empresa estatal monopólica de electricidad, empezó a adquirir electricidad generada por el sector privado y se puso en marcha, por régimen de concesión de obra pública, la construcción de la doble vía Montevideo – Punta del Este con una inversión privada que se estimó en unos cien millones de dólares.
El Estado se retiraba de sectores estratégicos y con lógica de mercado, todo lo que no daba ganancia era privatizado. Esa fue la brújula que guió al gobierno del Partido Nacional de 1990 a 1995.El 13 de diciembre de 1992 el «Sí» recibió 1.293.016 contra 489.302 del «No».
Refritos
Las organizaciones de izquierda y del campo nacional y popular crearon el espacio de la Intersocial como lugar que nuclea a todas la organizaciones que están en contra de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La LUC es un paquete de leyes de corte netamente neoliberal que pretende criminalizar la protesta, mercantilizar la educación, vaciar las empresas públicas y además contiene leyes favorables al lavado de dinero, entre otras cuestiones.
Los diferendos en la Intersocial se saldaron cuando al final se decidió ir por la recolección de firmas de 133 artículos de los 467 de la LUC. Los diferendos en las izquierdas vuelven a reflotar cuando en los 90 se dirimía entre ir por toda la ley de empresas públicas o parte de ella. La derecha lo tiene claro. El diario oficialista «El País» en su editorial del día lunes 14 expresó: «Ahora, al FA se agrega esta intersocial que nadie votó, pero que pretende torcer el rumbo nacional en el sentido que a ella se le antoja. Es una minoría tan intensa como antidemocrática.»
No titubean en calificar de anti democrática a una organización social. Tampoco recuerdo que la Asociación Rural del Uruguay haya sido ungida por el voto popular, menos Un Solo Uruguay y menos aún las cámaras empresariales. Ellos no son votados, pero votan y deciden por los trabajadores día a día.
Al fin y al cabo, con matices pero en sustancia, las batallas de los 90 se están reeditando. Con apellidos que se repiten, con errores porfiados que se empeñan en volver, con enseñanzas que todavía están vigentes.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)