El abogado de Serpaj Guillermo Paysée, según la agencia Comcosur, explicó que una de las pruebas a presentarse en contra el ex dictador es la orden interna 7.777 del Ejército firmada por el propio dictador cuando aún era comandante en jefe del Ejército. En esa orden, librada el día 3 de julio de 1978, Álvarez […]
El abogado de Serpaj Guillermo Paysée, según la agencia Comcosur, explicó que una de las pruebas a presentarse en contra el ex dictador es la orden interna 7.777 del Ejército firmada por el propio dictador cuando aún era comandante en jefe del Ejército. En esa orden, librada el día 3 de julio de 1978, Álvarez asume la responsabilidad de «haber dado la primera orden» en caso de que se hubieran cometido violaciones a los DD.HH.Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos preparan una denuncia penal contra el dictador Gregorio Álvarez (1981-1985) y contra los mandos de las Fuerzas Armadas de la dictadura. Según la prensa uruguaya la idea surgió en una reunión realizada entre los abogados Guillermo Paysee, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj); Pablo Chargonia, del Pit-Cnt; José Luis González, representante del escritor argentino Juan Gelman; Walter de León, uno de los abogados que patrocina la denuncia por atentado a la Constitución contra el ex presidente Juan María Bordaberry; y Oscar López Goldaracena, a quien el gobierno propuso para integrar la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Los abogados afirman que los mandos no están comprendidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En efecto, en su artículo 1º, la «Ley de Impunidad» señala que ampara a los funcionarios militares y policiales que violaron los derechos humanos: «en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto». Este artículo exceptuaría a los mandos y que solamente se refiere a los militares que recibieron las órdenes de ellos. La denuncia esta básicamente dirigida contra el teniente Gregorio Álvarez, quien fuera comandante del Ejército entre febrero de 1978 y febrero de 1979 y dictador entre septiembre de 1981 y febrero de 1985. «Interpretamos que los amparados son los que cometieron delitos por orden de los mandos y entonces los mandos no están incluidos», indicaron los abogados.