Distintos proyectos que se vienen anunciando en la prensa y con mucho beneplácito por parte del gobierno uruguayo encabezado por el derechista Luis Lacalle, deja a las claras nuevamente que se sigue produciendo una entrega de soberanía alarmante.
Por un lado, zonas francas, ciudades enteras e islas privadas a medida de los ricos, recursos naturales entregados a capitales privados. Y por el otro, ollas populares, desempleo, informalidad laboral, gente viviendo en las calles y la conflictividad sindical que aumenta, aunque no tanto como los precios de la canasta básica.
Islas privadas versus ollas populares
El semanario Búsqueda publicitó en mayo pasado un proyecto aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que permitía la construcción de una isla privada a 450 metros de la rambla costanera de Montevideo. El proyecto denominado MVD 360, abarca 36 hectáreas de superficie acuática frente al Puerto del Buceo para la construcción de una isla artificial privada para el atraque de unas 300 embarcaciones en la cual también habrá tránsito de vehículos.
El costo total del proyecto es de unos 2.000 millones de dólares y tomaría unos 10 años en concretarse. A lo largo de esa década se generaran 4.500 puestos de trabajo según Jirkel SA, la empresa constructora con solo un año de creación.
Para la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la propuesta no es una innovación y plantea un modelo de ciudad segregada. “Más bien refiere a la copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes, tanto sociales como económicas que lejos de aportar al mejoramiento de los problemas de Montevideo, más bien puede empeorarlos y generar otros”, advierte.
Además, sostiene que la rambla montevideana “es el espacio público por excelencia y que da cuenta de una sociedad democrática, que siempre ha protegido el carácter público del borde costero”. Este proyecto fue rechazado por la Intendencia de Montevideo y a raíz de esto el edil del Partido Nacional (que lidera Lacalle) Pablo Fredes cursó un pedido de informes en la Junta Departamental para ahondar en los «elementos de juicio» que llevaron a la comuna a tomar esta decisión.
Además, el diputado por el Partido Nacional Alfonso Lereté, planteó al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que la propuesta se concrete en la costa del departamento de Canelones. Veremos en las próximas semanas si Yamandú Orsi, intendente de Canelones por el centroizquierdista Frente Amplio, acepta o rechaza dicha propuesta. De ser afirmativa generaría un revuelo en la interna frentista.
La indignación de la derecha por el rechazo del proyecto en Montevideo y su insistencia con instalarlo en Canelones, también de gestión frenteamplista, deja en evidencias las contradicciones y el modelo de país para unos pocos.
Hace pocas semanas la misma derecha en Montevideo negó con sus votos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar saneamiento en barrios periféricos de la capital. Ahora son los primeros lanceros en defender este tipo de proyectos como el de la ciudad privada en el departamento de Colonia. (1)
Se vende
La soberanía del agua vuelve a estar en el tapete como en el 2004, cuando se realizó el plebiscito para impedir que se privatizara, durante el gobierno del neoliberal Jorge Batlle.
Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast son las empresas que, reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo, presentaron en octubre de 2020 el proyecto Neptuno. Su objetivo es construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana. La nueva iniciativa privada estará ubicada en la zona de Arazatí y Bocas del Cufré, en San José, y tomaría agua del Río de la Plata
La planta potabilizadora necesitará de 17 hectáreas, la estación de bombeo de agua bruta dos hectáreas, el polder 190 hectáreas y el “monorelleno” 21 hectáreas más. A esto se suman las líneas de impulsión de agua bruta y tratada que tendrán 81 kilómetros “con un ancho de faja que se prevé de 10 metros”.
El estudio de impacto arrojó que habrá una posible pérdida de vegetación y fauna debido al despeje y tala. También tuvo en cuenta una perspectiva paleontológica; se comenta que producto de esta actividad se “pueden afectar y dañar restos fósiles valiosos” y que habrá “alteración de la geomorfología y estructura del suelo, así como de la configuración y dinámica costera por intervenciones en la faja de defensa de costas”.
Al mismo tiempo, se recuerda que el acuífero Raigón se ubica en la zona sur de San José y es “fuente de agua para abastecimiento y uso industrial”. Señalan que “una mala gestión” del polder y el agua bombeada desde el Río de la Plata podría contaminar estas aguas subterráneas.
En el documento elaborado por las empresas que buscan construir el proyecto Neptuno se advierte que los efluentes líquidos deberán pasar por un “proceso de deshidratación de lodos” y que de “no gestionarse adecuadamente” podrán “contaminarse suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas”
Por su parte, la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) plantean que el Proyecto Neptuno es privatizador, inconstitucional, inconsulto con la sociedad y lo pagará el pueblo con aumento de tarifas. La Constitución es clara al respecto y establece en su artículo 47 que: “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Oro negro
El pasado 25 de mayo, coincidentemente con su visita a Londres, el presidente Lacalle Pou firmó el decreto de adjudicación de la licencia por 40 años sin cánones y con limitada participación de la estatal Ancap en la futura explotación de petróleo, a la empresa Challenger Energy, según se desprende del informe del servicio de noticias de la Bolsa de Valores de la capital inglesa.
Challenger Energy es una empresa petrolera que actualmente tiene licencias de exploración y explotación en Trinidad y Tobago, Surinam y las Bahamas. Antes era conocida como Bahamas Petroleum Company y es una empresa de exploración offshore que cotiza en la bolsa AIM de Londres (London AIM Stock Exchange).
La explotación se dará en el área OFF-1”. Este bloque está a una distancia mínima de aproximadamente 100 kilómetros de la costa y tiene una superficie de unos 15.000 kilómetros cuadrados.
Ancap tiene la opción de asociarse, lo que significa que, después de que se declara la comercialidad de un descubrimiento, tiene el derecho de asumir un porcentaje de participación en el desarrollo del proyecto. Dicho porcentaje varía desde un 20% hasta un máximo que también se oferta.
La empresa Challenger Energy está en conflicto en uno de los países donde realiza perforaciones. Una coalición de organizaciones ambientalistas renovó su petición para que se prohíba de forma permanente la extracción de petróleo en el archipiélago atlántico de Bahamas, medida calificada de «absoluta necesidad» a raíz de un informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático.
El pasado febrero, grupos ambientalistas ya habían pedido una moratoria definitiva para las perforaciones petroleras después de que la compañía Challenger Energy Group anunciara que abandonaba los trabajos en el archipiélago atlántico tras no haber encontrado las cantidades necesarias para una explotación comercial.
Las venas siguen sangrando
Se pretende entregar la rambla de la ribera del Río de la Plata, el agua, el petróleo, ya se entregó el puerto por 60 años. La tierra uruguaya viene sufriendo un proceso de extranjerización desde hace décadas. La forestal y papelera finlandesa UPM y sus miles de hectáreas de eucaliptus, su tren. Responsabilidad compartida entre el progresismo neoliberal y el neoliberalismo a secas.
Uruguay está en venta. No de manera explícita como en los 1990 o principios de los 2000, que se pretendía privatizar todo lo público. Pero sí de otras maneras más sutiles y encubiertas. Al final del día, en nombre de la libertad y la apertura al mundo, se termina vendiendo el país (quizá) al mejor postor. Como decía Eduardo Galeano: “El desarrollo es un banquete con escasos invitados, aunque sus resplandores engañen, y los platos principales están reservados a las mandíbulas extranjeras.”
Nota:
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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