El próximo lunes 18 de julio, la COmisión Nacional de REfugiados (CONARE) brasileña deberá expedirse sobre la solicitud de asilo político presentada por el represor uruguayo Manuel Cordero. El coronel retirado está prófugo de las justicias uruguaya y argentina, y sobre él pesa un pedido de extradición de esta última. En Uruguay, Cordero está requerido […]
El próximo lunes 18 de julio, la COmisión Nacional de REfugiados (CONARE) brasileña deberá expedirse sobre la solicitud de asilo político presentada por el represor uruguayo Manuel Cordero. El coronel retirado está prófugo de las justicias uruguaya y argentina, y sobre él pesa un pedido de extradición de esta última.
En Uruguay, Cordero está requerido por desacato (un delito que no amerita la solicitud de extradición), y en Argentina por haber participado en las torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos cometidos en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocido como Plan Cóndor.
El violador de los derechos humanos está casado desde hace años con una ciudadana brasileña y posee bienes en dicho país, adonde fugó cuando iba a ser citado a declarar ante el juez Pedro Hackenbruch, quien sigue la causa que se le inició por utilizar todo tipo de subterfugios para evitar declarar en una causa anterior que refiere a la apología pública de la tortura que hizo en un reportaje que le realizó en 2003 el semanario BÚSQUEDA.
Según ha informado el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Porto Alegre, el pasado 12 de mayo Cordero expuso su caso ante la coordinadora General de CONARE, Nara Conceicao Nascimento Moreira da Silva, a la que durante cinco horas explicó de qué manera estaba siendo «perseguido y amenazado» en Uruguay, y como ello afectaba su «delicado estado de salud».
A diferencia de lo que sucede en otros países, en Brasil no es el Poder Judicial sino el Ejecutivo el que decide sobre estos asuntos. Asi pues, la CONARE está integrada por delegados del Ministerio de Justicia (que la preside): del Ministerio de Relaciones Exteriores (que ejerce la vicepresidencia); del Ministerio de Trabajo y Empleo; del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y Deporte, un representante de la Policía Federal, uno de la Ong Cáritas, y uno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que no tiene voto.
Según explica el abogado Jair Krischke del MJDH, la forma de funcionamiento de la CONARE pone casi todo el poder de decisión en la Coordinadora General. El próximo lunes, pues, el organismo se reunirá para escuchar el relatorio que la doctora Moreira da Silva hará sobre el caso, y decidirá en base a él.
Si el informe de la coordinadora es favorable a la concesión del asilo, es muy probable que el resto de los integrantes del organismo (en su mayoría desconocedores de la trayectoria del torturador Cordero) voten afirmativamente. Si es así, la Suprema Corte de Brasil se limitará a archivar el pedido de extradición argentino, y Cordero podrá seguir disfrutando de su impunidad, justo en el momento en que esa prebenda está por finalizar en Uruguay.
La idea no es trasnochada, ya que Brasil ha sido y sigue siendo santuario de dictadores como Alfredo Stroessner y de delincuentes de toda monta (desde el famoso Ronald Biggs hasta los zares del contrabando uruguayos). Sin embargo, sería la primera vez que un país democrático amparara legalmente a uno de los violadores de los derechos humanos que actuó en el Plan Cóndor.
El asunto es grave y preocupante, Cordero es responsable de demasiados y muy graves delitos como para que un gobierno «progresista» termine decretando su impunidad. Y más preocupante es porque el gobierno del «Presidente Lula» no solo no ha llevado ante la justicia a sus propios violadores de los derechos humanos, sino que incluso ha impedido que se investigaran sus delitos. ¿Amparará ahora a Cordero? ¿Será esa la frutilla sobre la torta de la decepción?