Las reformas en el campo de la seguridad en distintas zonas del mundo que han atravesado conflictos deberían incluir una «apertura hacia los enfoques no occidentales», dijo el experto en seguridad y defensa Bjørn Møller en entrevista con IPS. Estas reformas se han convertido en el leit motiv de los debates entre donantes a propósito […]
Las reformas en el campo de la seguridad en distintas zonas del mundo que han atravesado conflictos deberían incluir una «apertura hacia los enfoques no occidentales», dijo el experto en seguridad y defensa Bjørn Møller en entrevista con IPS.
Estas reformas se han convertido en el leit motiv de los debates entre donantes a propósito de la construcción de la paz en zonas que han atravesado conflictos.
Møller, del Instituto Danés para los Estudios Internacionales, señaló que es necesario dar participación a las comunidades locales, así como abordar la situación de ex combatientes y reformar las estructuras de poder.
IPS: ¿A qué tipo de seguridad se refieren las «reformas en el sector de la seguridad»?
BJØRN MØLLER: Principalmente a la «seguridad nacional» en relación a enemigos internos como los insurgentes, pero también a la seguridad humana de los habitantes (de cada país). La parte más importante puede ser el desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes, pero garantizar el control civil y democrático de las fuerzas armadas y policiales también es muy importante.
En el caso de ceses del fuego negociados y acuerdos de paz, las reformas en el sector de la seguridad a menudo incluyen disponer que partes de las fuerzas rebeldes se reconviertan en fuerzas nacionales de seguridad, que también brinden protección para el desarme de los insurgentes.
IPS: ¿Cómo afecta la falta de seguridad particularmente a las personas que viven en la pobreza?
BM: Los pobres son los menos capaces de escapar o de defenderse de las consecuencias de las guerras civiles. Los más ricos a menudo pueden huir o contratar protección armada.
IPS: ¿Hasta qué punto son importantes las reformas de seguridad para crear las estructuras de una paz duradera? ¿Qué pueden lograr en comparación con otros instrumentos de construcción de la paz?
BM: El elemento de desarme, desmovilización y reintegración es el más importante. Inmediatamente después de una guerra civil, lo que más importa luego de firmar la paz es dar a los ex combatientes algo mejor para hacer que luchar. De otro modo pueden recurrir a delitos violentos, iniciar una nueva guerra o unirse a otra en un país vecino, como vimos en África occidental, donde los mismos combatientes lucharon en Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil.
IPS: «Reformas en el sector de la seguridad» se convirtió en una expresión atractiva en la política internacional. ¿Por qué lo es tanto para los países donantes?
BM: Esto sobrevino junto con un nuevo énfasis en la construcción de la paz luego de conflictos y como parte integral de la misma. Por lo tanto puede verse como un medio para prevenir segundas vueltas de conflictos armados.
IPS: Usted planteó preocupaciones conceptuales clave en los casos en que las reformas de seguridad se aplican a países africanos. ¿Puede explicarlo mejor?
BM: A Occidente le resulta muy difícil pensar más allá de su propia experiencia. Por lo tanto busca establecer un «monopolio estatal sobre el legítimo uso de la fuerza». El sociólogo alemán Max Weber sostuvo que ésta es la característica que distingue al Estado moderno.
En Europa, crear ese monopolio llevó varios siglos, y esperar que un país no occidental salga de una guerra civil para cumplir con esto en, como mucho, un par de años, es bastante poco realista.
IPS: Pese al hecho de que, como usted mencionó, se basa en nociones y experiencias occidentales, el concepto de las reformas en el sector de la seguridad se aplica a países de todas las regiones. ¿Cuáles son las implicaciones para elaborar políticas efectivas y para las poblaciones afectadas?
BM: Primero que nada, se malgastan muchos esfuerzos con, por ejemplo, el entrenamiento de fuerzas «nacionales» de seguridad antes de que la confrontación realmente haya terminado, y gran parte de estas fuerzas pueden simplemente «desaparecer» poco después de completar su entrenamiento. Y esto ocurre tal vez porque sus miembros se unen a los rebeldes que quedan, ahora mejor entrenados e incluso armados que antes, como vimos por ejemplo en Somalia, Iraq y Afganistán.
Segundo, a menudo las instituciones de autoprotección colectiva de las aldeas, tribus u otras comunidades son desmanteladas porque no parecen compatibles con un monopolio estatal del uso de la fuerza.
IPS: ¿Cuáles son los desafíos a cumplir?
BM: Todo esto depende de las circunstancias concretas, que difieren según el contexto. No hay una fórmula única para todos los casos. También es importante tener tiempo suficiente, pero los actores externos, como las organizaciones nacionales e internacionales, casi siempre buscan una opción de salida, que a menudo se define como completar un programa superficial de reforma del sector de la seguridad y la celebración de elecciones.
IPS: ¿Hay complementos políticos que puedan mejorar el concepto? ¿Qué ocurre con los enfoques alternativos?
BM: Hay una necesidad de apertura hacia enfoques no occidentales para brindar seguridad. En sociedades divididas por la religión, por ejemplo, puede existir la necesidad de un orden legal más pluralista, como la coexistencia de un orden secular y uno religioso, o uno cristiano y uno islámico. Esto es difícil de conciliar con los ideales occidentales, pero puede parecerle más legítimo a la población local.
También puede ser importante brindar posibilidades a las fuerzas de seguridad locales y basadas en la comunidad, simplemente porque pueden parecer más legítimas. De hecho, la legitimidad suele ser mucho más importante que las habilidades profesionales, pero esto es algo que no se puede enseñar.
A menudo no se le tiene suficiente confianza a Occidente –y no sin motivos–, y la población local no necesariamente comparte sus valores. De ahí que, cuanto más hace Occidente por ayudar, incluso con las mejores intenciones, más puede perjudicar, inadvertidamente, la legitimidad del estado posterior a un conflicto y sus fuerzas de seguridad.