Ésta es la segunda entrega sobre el más reciente caso de represión (ya no debe haber duda en usar la palabra) ejercida desde el poder; en Atenco esta vez. A medida que se van conociendo hechos se hace más evidente que nos enfrentamos con algo planeado desde las altas esferas gubernamentales. En este correo […]
Ésta es la segunda entrega sobre el más reciente caso de represión (ya no debe haber duda en usar la palabra) ejercida desde el poder; en Atenco esta vez.
A medida que se van conociendo hechos se hace más evidente que nos enfrentamos con algo planeado desde las altas esferas gubernamentales. En este correo me enfocaré en ello, pero también agrego una selección lamentablemente reducida de la avalancha de monstruosidades cometidas por las fuerzas que se encargaron de reestablecer el imperio de la ley (de Herodes).
Ahora, hechos que han salido a la luz en esta semana que termina. Poco a poco se documenta la enorme brutalidad de las fuerzas «del orden» en el heroico operativo de hace unos días. Veamos sólo algunas cosas.
1. CONTRA LOS EXTRANJEROS
La Jornada, domingo 7 de mayo. El gobierno del presidente Vicente Fox expulsó y prohibió ingresar a México los próximos cinco años a Cristina Valls Fernández y María Sostres Tarrida, de nacionalidad española; a la ciudadana alemana Samantha Ariane Marei Dietmar, y a los chilenos Mario Alberto Aguirre Tomic y Valentina Larissa Palma Novoa.
Fueron deportados la noche del viernes, tras un proceso precipitado y en el que no se tomó en cuenta ninguna prueba de descargo ni las denuncias sobre violaciones a sus derechos humanos. Hubo total hermetismo en estas cosas, así como respecto de los vuelos en que iban a ser expulsados. En resumen, la expulsión de esta gente fue hecha mediante una cadena de violaciones legales.
Valentina Palma, estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), obtuvo un amparo en el juzgado sexto del Distrito Federal que el Instituto Nacional de Migración (INM) no tomó en cuenta. Este organismo pretextó que la protección concedida por el Poder Judicial se emitió a las seis de la tarde, al momento -según ellos- en que la estudiante era deportada. Sin embargo ese argumento era falso, porque Palma salió del país en un vuelo de Lanchile cerca de la medianoche del viernes, cuando no habían transcurrido ni 24 horas de permanecer en el INM.
El gobierno federal, como siempre, pretextó que esta gente estaba realizando actividades que no correspondían con su permiso como visitantes. Pero aun en el caso de que así fuera -lo cual está aún por confirmar-, eso no autoriza a saltarse los procedimientos de ley. Además, en el caso de la chilena tal acusación se muestra como falsa de inmediato. Gobernación ignoró las cartas que enviaron el CCC y otros integrantes de la comunidad cinematográfica para confirmar que Palma estaba realizando un trabajo escolar el día de los hechos violentos en el municipio mexiquense. Esta chica estudia la modalidad de documentalista, y ella misma, en entrevista ya desde su país, lo dijo bien: »La profesión que yo estudio, video documental, implica estar ahí, en el lugar menos apropiado y en el momento menos indicado, para registrar lo que pasa.»
Su maestra, la conocida cineasta María Novaro, explicó la situación en una carta publicada en La Jornada el 8 de mayo. Agrega: «Supimos que Valentina recibió a visitadoras del CNDH y declaró que fue golpeada, molestada sexualmente, amenazada, que le robaron su cámara, su celular y todo lo que llevaba consigo. Nunca nos despegamos de la entrada al penal, y como a las 5 de la tarde las rejas se abrieron y dos automóviles salieron a toda velocidad, casi atropellándonos. Valentina nos gritó desde uno de ellos. Los abogados y el cónsul [de Chile] nos habían dicho que esto no podía ocurrir, porque no era legal, pero sucedió. No pudimos alcanzar los vehículos, que tomaron el Periférico a más de 140 kilómetros por hora. Me puse a hacer llamadas telefónicas para averiguar qué pasaba y quién podía ayudarnos. Por todas partes recibí un rotundo no. No había nada qué hacer. Era una decisión tomada, dijo uno. En el aeropuerto no se pudo hacer nada, nunca nos dijeron dónde la tenían y nadie pudo verla. Pero la subieron al avión de Lan-Chile que finalmente llegó a Santiago a las 8 de la mañana del sábado 6, confirmando que sí la habían expulsado del país, ilegalmente.»
«No se respetó el amparo que tenía (dijeron que porque había salido del país a las 6:30 de la tarde, lo cual es una mentira fácil de comprobar). Viajó solamente con lo que traía encima, con mi saco puesto, sin la finalización de su carrera de cine en el CCC, sin los materiales de su documental y sin la cámara que la policía le robó. Sin su computadora, ni sus libros y cuadernos, ni su ropa. Sin que se cumplieran los procedimientos que correspondían con apego a la ley. Lastimada física y moralmente, atropellada en sus derechos más elementales. Una buena alumna, una documentalista valiente. Que tuvo la «mala suerte» de «estar en el lugar equivocado en el momento equivocado» [la cineasta se refiere al comentario de un funcionario menor]. ¿Ese lugar equivocado es México en este momento? (…) ¿Cómo regreso a dar mi clase con mis alumnos de cine, a decirles que tomen sus cámaras, que registren el mundo que los rodea, que conozcan el país en que viven?»
En una entrevista publicada al día siguiente la chica narra cómo el accionar de la policía fue detener a todos (mostrando la mentira de que los allanamientos se hicieron por delito en flagrancia), cómo fue golpeada con brutalidad y, como las españolas y otras mujeres mexicanas, agredida sexualmente. »Me insultaron, me manosearon todo lo que quisieron. Yo era la única mujer. Fue una violación, aunque no hubo penetración. Nos ordenaban permanecer inmóviles. A mi lado venía un viejito que gemía y pedía piedad. Su cara era una sola costra de sangre. Traté de tocarlo y me golpearon. No puedo quitármelo de la cabeza, iba muy mal. »
Durante las horas de detención en México fue revisada por varios médicos legistas, pero ninguno le entregó su reporte. El informe del análisis médico que el practicaron en Chile describe numerosos moretones en nalgas, senos y posible fractura de costillas.
Un testimonio amplio de Valentina está en esta dirección:
http://mexico.indymedia.org/tiki-view_blog_post.php?blogId=39&postId=1873&page=1
Las españolas comentaron esto: «Nosotras llegamos a México para hacer un trabajo con las comunidades indígenas en Chiapas y después nos adherimos a la otra campaña, haciendo un trabajo de observadoras de derechos humanos y de fotografía. (…) «nos metieron en un camión, donde nos empezaron a golpear todo el tiempo con las porras y con patadas. Además de que nos insultaban muchísimo, a nosotras por ser españolas nos llamaban etarras, putas y más cosas. Después nos cambiaron a un camión más grande, donde pasaron lista a todos -creo que éramos 38- y nos agredieron sexualmente a las mujeres.»
Sobre las vejaciones sexuales que sufrieron, María Sastres cuenta: «nos hicieron de todo, y como estábamos encapuchadas no veíamos quiénes eran, cuando mucho veíamos el suelo lleno de sangre y escuchábamos los gritos de dolor de la gente. No quiero entrar en muchos detalles sobre las agresiones sexuales, pero nos quitaron la ropa, nos la rompieron, nos pasaban la mano muchos policías y prefiero ya no decir más cosas. Pero todo esto pasó en el camión en el que nos trasladaron de Atenco a Toluca, donde si intentábamos hablar con algún compañero nos pegaban, nos volvían a insultar y se reían de nosotros».
Al llegar a Toluca, las casi 40 personas que viajaban en el camión fueron ingresadas en la cárcel de Santiaguito, donde -siempre según estos testimonios- separaron a los extranjeros de los mexicanos, y se les dividió por sexo. «A los cinco minutos de entrar en la cárcel nos quitan la capucha y nos quitan las esposas, además de que, como me habían hecho sangrar la nariz, me limpiaron enseguida, pero llegué con todos los pantalones rotos, sin sujetador, con la camiseta rota y con golpes por todo el cuerpo», cuenta María Sastres.
«Tanto a la gente de la cárcel como de Migración les contamos lo que nos habían hecho los policías y las vejaciones que habíamos sufrido, pero ellos decían que eso no era problema suyo e intentaron ser más amables. Sin embargo, siempre nos mintieron y nos amenazaron con tener que cumplir condenas de hasta un año. (…)
«Hay un momento, como a las cinco de la tarde, en el que nos llevaron del cuarto a un coche. Nosotros preguntamos que adónde íbamos y nos dijeron que a una oficina de Polanco, pero el coche arrancó y rápidamente nos llevó al aeropuerto. Nosotros les explicamos que los policías del operativo en Atenco nos habían robado todo, pero se rieron de nosotras.»
Sin la mediación de ningún tipo de asistencia jurídica, Sastres y Valls fueron recluidas en una especie de calabozo del aeropuerto durante varias horas, donde las habrían filmado y amenazado de nuevo. Finalmente fueron subidas a un avión con destino a París: «a las 11 de la noche salió al vuelo, pero siempre nos acompañaron dos policías hasta que llegamos a Barcelona».
2. CONTRA LOS «CRIMINALES»
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las más prestigiadas organizaciones en materia de derechos humanos en México, denunció varias cosas (La Jornada, 8 de mayo). Seleccioné éstas:
Uno de los testimonios recogidos por el Centro Pro en San Salvador Atenco da cuenta de cómo un hombre que iba a su trabajo fue perseguido, golpeado y detenido.
«El dueño de la casa donde la policía entró dice a sus vecinos: ‘de veras que soy hombre y tengo ganas de llorar al platicárselos. Por qué con tanta saña -los golpeaban a patadas y con toletes-; somos gente, ¿por qué golpearlos con tanta saña?’ »
» Se habla de violaciones tumultuarias contra mujeres detenidas en San Salvador Atenco, pero el Centro Pro informó que ‘documentaremos y haremos la denuncia de uno de esos casos. Es muy grave que en el trayecto de San Salvador Atenco al penal de Santiaguito, una de las mujeres detenidas haya sido violada por los policías que la trasladaban. Tenemos testimonios del caso’ «.
Además de lo dicho por el Centro Pro, hay mucho más.
Un caso muy grave es el de Alexis Berumea, estudiante de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió en la cabeza la explosión de una bomba de gas lacrimógeno -arrojada por la policía mexiquense- que le produjo dos fracturas de cráneo, exposición de masa encefálica y 30 por ciento de hematoma cerebral. Como la policía impidió el paso de ambulancias (inclusive de una de la Cruz Roja Internacional), el joven permaneció 12 horas sin atención médica. (La Jornada, 5 de mayo). Unas fuentes lo reportan en estado pre-coma, y otras, en coma.
La Jornada, 7 de mayo: dos hombres heridos fueron trasladados por separado al sanatorio Los Angeles, único centro de atención médica en el pueblo, para ser tratados por daños en las extremidades inferiores.
» Personal del sanatorio -que solicitó el anonimato- relató a este diario que el día de la refriega se «presentaron dos hombres heridos de bala». El primero, que fue trasladado en vilo, llegó con el fémur destrozado; «se le quebró el hueso porque la bala le impactó en el tercio proximal del fémur».
«Tal revelación manifiesta que en la intentona policial por despejar los bloqueos instalados en la carretera Texcoco-Lechería sí se utilizaron armas de fuego contra los atenquenses que protestaban por el cerco impuesto en Texcoco al líder del FPDT, Ignacio del Valle, y se contrapone a las negativas constantes de Wilfrido Robledo a reconocer el uso de éstas.»
«Según personal del sanatorio, aquel día enviaron al herido de fémur a tomarse una radiografía antes de proceder a entablillarlo; no obstante, «ya no supimos su destino; se fue y se perdió contacto con él».
«Minutos más tarde, el lesionado de bala en el tobillo recurrió al nosocomio, pero no ingresó, «fue atendido sobre la acera; se le bloqueó la hemorragia que lo estaba desangrando. Necesitaba intervención quirúrgica, pero no estaba grave, por lo que se fue».
En un recorrido por la zona, miembros del Centro Pro recogieron más testimonios (La Jornada 7 de mayo):
La esposa de Jordán Flores, uno de los aprehendidos e hijo del dirigente, narró cómo catearon la casa. «Se llevaron y detuvieron a mi esposo, y a mi suegra (María Rosa Rosas Grimaldo); también a Emperatriz Flores y a un estudiante que se había refugiado aquí. Los policías entraron por la ventana del segundo piso y sacaron a mi marido, y me cuentan que hasta lo aventaron desde lo alto del segundo piso.»
A unos cuantos metros, sobre la misma calle, otras dos viviendas fueron cateadas. Una de ellas es la de Miguel del Valle, papá de Ignacio del Valle. Ahí la saña y destrozos de los agentes fueron mayores; en todos los cuartos hay vidrios rotos y objetos personales regados.
Otra de las viviendas cateadas fue la de Deogracia Morales Solís, de 87 años, donde detuvieron a 15 estudiantes y a Néstor Martínez Romero, nieto de la propietaria.
«Yo de todo corazón le abrí la puerta a los estudiantes; quería evitar que los golpearan», pero «alguien señaló mi casa» y entraron las fuerzas especiales, que encañonaron con sus armas a la señora Morales Solís y a su nieta, Yadira Martínez Romero.
«¡Esténse quietas, no se muevan, si no quieren que se las cargue la chingada!», gritaron los policías, quienes luego golpearon a los estudiantes, cinco de los cuales eran mujeres. Luego de dos horas de causar destrozos, a las 10 de la mañana abandonaron la vivienda.
Y por supuesto, está el caso del muchacho de 14 años que murió de un disparo (recuérdese que al principio el gobierno y los medios juraban que había sido un petardo) El padre denunció que en el informe forense no se especificó el calibre del arma. El inmundo Wilfredo Robledo (de la policía del Estado de México) negaba aún que sus elementos usaran armas en el operativo, lo cual a este día ya está plenamente desmentido por imágenes y testimonios que han visto la luz pública poco a poco. Pero además el Centro Pro divulgó el 10 de mayo un video donde aparecen tres elementos de la policía estatal -encubiertos- que confesaron algunas cosas. En el caso del muchacho fue esto:
«-¿Y el niño que murió?
-Fue por un impacto de 38 especial.
-¿Y esa arma quién la utiliza?
-Nosotros, la policía estatal, y fue un compañero el que disparó.
-¿Le disparó al menor al calor de los hechos o fue de manera directa?
-De manera directa. Ya que el niño lo estaba descubriendo que estaba escondido; dijo que había un policía estatal y éste sacó el arma y le disparó.»
Y créanme. Podríamos seguir un buen rato.
3. CONTRA LOS «IMPARCIALES»
La Jornada, 6 de mayo: La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos informó que su coordinador jurídico, Damián Gustavo Camacho Guzmán, fue detenido por la policía en San Salvador Atenco cuando acudió a esa localidad para asumir la defensa de los detenidos en los enfrentamientos.
José Martínez Cruz, vocero del organismo, explicó que tras el desalojo en la carretera México-Texcoco, «Camacho Guzmán acudió al llamado de los de Atenco para asesorarlos legalmente. Estando ahí fue detenido de manera violenta, sin que hasta el momento sepamos de su paradero».
La Jornada, martes 9 de mayo: la enfermera del IMSS Edith Rosales -quien acudió al pueblo con objeto de apoyar en la atención de los heridos- fue capturada violentamente por la policía estatal y violada
La Jornada, martes 9 de mayo: la red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todos denunció que fueron detenidos de manera «arbitraria e ilegal» los defensores Damián Camacho, coordinador jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y Pedro Alvarado Delgado, miembro del Comité de Derechos Humanos del Ajusco. Esos dos defensores, dijeron, junto con cientos de habitantes de San Salvador Atenco «han sufrido violaciones a sus derechos humanos, entre las que se encuentra el que nunca fueron informados de los delitos que se les imputan; no fueron remitidos de inmediato ante la autoridad competente; no se les permitió de manera inmediata comunicarse con una persona de confianza, y tampoco recibieron asistencia legal desde el momento de su detención».
Según la red, en el momento de su detención por elementos de la PFP Damián Camacho daba información a periodistas sobre los hechos que conocía. Y a pesar de que se identificó como abogado y defensor de los derechos humanos, añadió, «la policía lo aprehendió de manera arbitraria e ilegal, sin que hubiera orden de arresto ni flagrancia».
(Evidentemente -digo yo- lo detuvieron para que no siguiera dado a los periodistas información inconveniente.)
En el caso de Pedro Alvarado, también en el momento en que fue aprehendido se encontraba llevando a cabo tareas de observación sobre los hechos violentos.
4. EL LARGO (Y BÁRBARO) BRAZO DE LA LEY
Una vez en manos de los agentes de la ley, de los servidores públicos, de quienes se encargaron de restaurar (¡al fin!) el estado de derecho, sucedieron cosas como las que siguen.
La Jornada, 7 de mayo: habitantes de San Salvador Atenco detenidos en el penal estatal de Santiaguito hicieron llegar a La Jornada varias cartas en las que denuncian golpizas brutales, amenazas de muerte, atracos, ultrajes y otros abusos perpetrados por policías durante las redadas, detenciones y el traslado al reclusorio.
1. «Forzaron las entradas de las casas de al lado para acceder por las azoteas. Ya dentro, golpearon con toletes y armas a los compañeros que se encontraban en los cuartos, inclusive a los que estaban heridos. Con las mujeres cometieron bajezas como bajarles el brassier y manosearles los senos y sus partes íntimas. No pararon de golpearnos hasta subirnos a los camiones. Algunos fuimos arrastrados escaleras abajo como bulto, y pateados sin compasión en el piso. Luego nos paraban para seguirnos golpeando con los toletes en la cabeza o donde cayera. La mayoría sufrimos heridas en la cabeza. Muchos quedaron cegados o inconscientes por el gas. Hay un compañero en riesgo de perder un ojo.»
Afirma además que LOS GRANADEROS ESTABAN DROGADOS. Eso, digo yo, no es raro, y seguramente es una medida técnica para aumentar la…efectividad en el trabajo.
2. »En mi caso fue sin deberla. Los (policías) estatales agarraron a cuanta gente encontraron: mujeres, ancianos, menores (…) A todos nos golpearon brutalmente. Nunca había visto personas bañadas en sangre. Luego nos subieron a un camión. Creí que habían acabado los golpes, pero no fue así: también nos golpearon en el camino durante cinco horas hasta llegar al penal de Toluca. Quiero que sepa toda la sociedad del atropello de tanta gente inocente que no tenía vela en el entierro. Estamos pagando algo que no cometimos.»
3. Un detenido, al parecer electricista, dijo que los policías le robaron 20 mil pesos. Según su testimonio, »el proceso está plagado de irregularidades; desde nuestra detención se violaron nuestras garantías (…) Se nos ha mantenido incomunicados, sin agua y sin saber de qué se nos acusa».
La Jornada, 11 de mayo: «Cuando me subieron al camión me tomaron fotos y de inmediato me manosearon los pechos, me tomaron de la cara y me metían los dedos a la boca, querían que los chupara, me obligaron a hacerles sexo oral a tres personas que me mancharon de semen el suéter, otros se masturbaban, al final me amenazaron que si yo decía algo me iban a romper la puta madre», relata Gabriela, en una carta manuscrita que le entregó a su abogado defensor.
Por otra parte, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) destacó que hasta ayer (8 de mayo) a las 14 horas «no había sido posible a los abogados asignados por los familiares para la defensa de los presos entrevistarse con los detenidos».
El Cencos aseveró que «algunos habitantes de San Salvador Atenco que lograron ver a sus familiares detenidos sólo pudieron estar con ellos 15 minutos, y no se les admitió pasar ropa ni artículos de aseo personal o para resguardarse del frío; siguen con la misma ropa que traían cuando los detuvieron».
Denuncia también que a los organismos de derechos humanos no se les ha permitido el paso al penal para hacer las observaciones pertinentes que garanticen los derechos de los presos.
Y además está toda una cadena de irregularidades, violaciones legales y marrullerías en los procesos a los detenidos. Aquí va un resumen con datos tomados de La Jornada, (8 de mayo):
Hasta el 7 de mayo se consignó a 189 personas por el delito de delincuencia organizada, con lo que ninguno podrá obtener su libertad en lo inmediato, pues tal ilícito es considerado grave por el código penal mexiquense.
Los abogados de los detenidos presentaron un recurso legal, en el que argumentaron «privación ilegal de la libertad» de los presuntos inculpados, pues se cumplió el término legal de 48 horas para que el Ministerio Público consignara a un juez las averiguaciones previas donde se les involucra, y hasta el mediodía del domingo 7 no se había remitido a ningún juzgado los expedientes.
Las autoridades adelantaron que además de delincuencia organizada, a algunos se añadiría el cargo de ataques a las vías de comunicación y otros el de secuestro, por la retención de 13 policías en Atenco, el pasado 3 de mayo.
Los defensores calificaron la resolución de «estrategia mafiosa» del Ministerio Público para justificar su retraso en las consignaciones. Acusaron a los gobiernos federal y estatal de «utilizar a las instituciones» de administración y procuración de justicia «con fines políticos y con un ánimo de venganza».
Según el procurador mexiquense, Abel Villicaña, el término legal para consignar estas averiguaciones previas vencía el viernes, pero bajo el argumento de que se les imputaría un delito grave se duplicó el plazo, que fenecía este domingo a la una de la tarde.
Los abogados que promovieron un amparo por la mañana solicitaron la liberación de los detenidos, por haberse cumplido el término legal del Ministerio Público; hasta el cierre de esta edición no habían recibido respuesta, por lo que el pliego consignatario surtió efectos legales.
Entre los señalados en el pliego consignatorio se encuentran Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y su compañero Felipe Alvarez Hernández. Los dos se encuentran en el penal de máxima seguridad de La Palma desde el jueves en la noche, al ser considerados «peligrosos» por autoridades federales y estatales (recordemos que lo mismo hicieron con los estudiantes del CGH: achacarles peligrosidad social para dificultarles su acceso a la libertad; y lo mismo hicieron con los detenidos en 1968).
Bárbara Zamora (una de las más respetables defensoras legales de México, al nivel de digna Ochoa), está entre los abogados defensores, pero no fue notificada del pliego consignatorio oficialmente, sino se enteró a través de los medios. Siempre clara, calificó de «infamia» acusar de delincuencia organizada a personas que fueron sacadas «con brutalidad de sus casas». Sobre la tardanza de la PGJEM para consignar las averiguaciones previas, afirmó que esa dependencia «sigue actuando al servicio del Ejecutivo para satisfacer venganzas personales».
Con esa maniobra de presentar cargos por delincuencia organizada, se frustró al esperanza de la liberación de las 84 personas a quienes el procurador mexiquense tomó declaración el viernes pasado.
El juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en la ciudad de Toluca, estado de México, recibió el recurso de amparo, pero hasta la tarde-noche de ayer domingo se decidió a aceptarlo, pues la titular del tribunal, Laura Ordaz, dijo tener conocimiento que se realizarían las consignaciones de los aprehendidos, por lo que el medio en cuestión no procedería. Los abogados informaron que las autoridades del juzgado de amparo enviarían un grupo de actuarios hacia el penal de Santiaguito para verificar que se hubiese cumplido el plazo fijado por la ley. «Están haciendo tiempo, como se tramita (el amparo) por privación ilegal de la libertad debe venir una comisión. Es una confabulación del gobierno», dijo Zamora.
Y, de nuevo, son sólo algunos ejemplos, pero dudo mucho que los comenten, indignados, los merolicos de tele y radio comerciales.
Bien, ahora creo que es momento de decir algunas cosas.
No sé si en el cúmulo de información que ha visto la luz ya se haya conformado de alguna forma esto que voy a decir, pero aquí va: lógicamente, los de arriba quieren presentar todo este esquema de brutalidad como algunos casos aislados, llamándolos «excesos», que no deben contaminar la imagen de toda la corporación. Incluso, muchas personas, de buena fe, también reproducen esta línea ni darse cuenta, cuando hablan de «los casos de brutalidad». Pero si uno se mete a fondo, una cosa se va haciendo evidente: los tales casos no fueron excepciones -como sugiere la palabra «caso»- sino la constante.
Es decir, se trató de una línea estratégica premeditada. Es claro que -como se ha hecho tantas veces en el pasado-, la orden fue: «duro contra todo y contra todos». No es casual que todos actuaran igual, y por supuesto no puede ser atribuido -como lo hace el tal Medina Mora, Secretario de (In)Seguridad Pública- al «calor de la batalla», al enojo de los policías por las agresiones a sus compañeros. No dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque. Es algo más grande: se trató de un operativo de TERRORISMO DE ESTADO.
La intención es meter miedo, disuadir a quienes estaban logrando triunfos en la resistencia civil, como los activistas de Atenco o los de Morelos. Se está aplicando la mano dura para evitar que cunda el mal ejemplo entre la sociedad.
Y el término Terrorismo de Estado no lo inventé yo; sólo lo aprendí. Los conocedores han establecido dos vertientes del terrorismo: por un lado, el que ejercen grupos disidentes, siempre motivados por alguna afrenta previa por parte del poder -lo cual no justifica sus actos contra civiles inocentes- y que siguen un objetivo concreto. Y por el otro lado, está el terrorismo que lanza el Estado contra su población, y que casi siempre es el que origina, como respuesta, al otro terrorismo. Los medios de propaganda, claro, sólo usan el término terrorismo para referirse a los disidentes, cuyos actos brutales son mucho menos numerosos que los que se ejercen desde el poder.
Una vez más, el maestro Chomsky lo sintetiza bien en un conocido artículo llamado «El terrorismo funciona»:
«El terrorismo sí funciona: es el arma de los fuertes. Es un error analítico muy grave decir, como se hace habitualmente, que el terrorismo es el ‘arma de los débiles’. Al igual que cualquier otro tipo de violencia, el terrorismo es fundamentalmente el arma de los fuertes. De hecho, lo es de un modo arrollador. Simplemente se dice que es el arma de los débiles porque el fuerte ejerce también el control sobre los sistemas de adoctrinamiento y porque su terror (el del fuerte) no cuenta como tal.»
Y el terrorismo, como su nombre lo dice, pretende doblegar a base de temor. A esto le está apostando el poder. Van algunas pruebas:
La Jornada, martes 9 de mayo de 2006: «La campaña de miedo institucional que arrancó desde el pasado jueves, con el asalto a San Salvador Atenco, rindió fruto ayer en la Vía Morelos, de Ecatepec, donde la amenaza de presencia de 400 efectivos policiacos desactivó la protesta por el encarcelamiento de ejidatarios, mujeres y estudiantes en los penales de Santiaguito y La Palma (…)» «Minutos antes de las 14 horas, los manifestantes decidieron levantar el bloqueo porque se hablaba de que en cualquier momento podría presentarse la fuerza pública, ‘y ya ven, están bien loquitos, mejor nos vamos a replegar para que transiten los vehículos’, fue la conclusión ante el temor imperante.»
Además, el 7 de mayo se dio un nuevo capítulo en la resistencia civil en Morelos. Luis Hernández Navarro (La Jornada, 9 de mayo) menciona algo que no apareció en los medios:
» El ejemplo de Atenco quiere ser replicado en Cuautla, Morelos (…) Las nuevas víctimas fueron los vecinos de Cuautla, organizados en el Frente de Defensa del Agua en Cuautla, que han luchado durante meses contra la instalación de la gasolinera Milenium 3000. La fecha escogida fue el pasado domingo. La acción punitiva buscó abrir por la fuerza el expendio de combustible con el apoyo de un trascabo, golpeadores de la empresa y 100 policías armados con armas de fuego, toletes, cascos y escudos. Días antes, la presencia del subcomandante Marcos y la otra campaña en la localidad impidieron la apertura del negocio.»
«Quienes se oponen a la gasolinera no lo hacen por caprichosos o porque sean enemigos del «progreso». El expendio de combustible se construyó a sólo 350 metros del pozo de agua El Calvario, uno de los más importantes del sistema acuífero de la localidad. Abastece de líquido a 80 por ciento de la población de la ciudad. Si Milenium 3000 entra en funcionamiento, su contaminación es inminente.»
«La acción punitiva en Cuautla comenzó el domingo 7 de mayo a las 11:30 de la mañana, cuando un trascabo, propiedad de Rafael Anguiano, dueño de la gasolinera y promotor del candidato panista-yunquista a la gobernatura de Morelos Marco Adame, así como del actual gobernador, embistió y destruyó las jardineras que a lo largo de los últimos meses construyeron los trabajadores del ayuntamiento y los ciudadanos de Cuautla para evitar la operación de Milenium 3000.»
«Detrás del trascabo llegaron unas 20 camionetas pick up de diversos cuerpos de la Policía Estatal de Morelos (GOES o Grupo de Operaciones Especiales, granaderos y otros más) con alrededor de 100 efectivos, mientras otros 100 se mantuvieron a varias cuadras a distancia del establecimiento, esperando, con tres o más ambulancias y un enorme camión de volteo, el momento oportuno para entrar en apoyo de los cuerpos policiacos, así como para recoger los cuerpos de los heridos de la posible refriega.»
» Sin embargo, los vecinos reaccionaron y a la media hora se encontraban en el lugar unas 200 personas, organizadas para impedir que los destructores se llevaran la tierra, los ladrillos y las plantas arrancadas de raíz. Indignados, evitaron las provocaciones y preguntaron a los mandos del operativo policiaco, a los representantes de la empresa, a la brigada de empleados destructores y a las filas de uniformados que se escondían detrás de sus escudos: ‘¿Dónde están los documentos que amparan esta destrucción y la presencia de tantos policías’ » Y gritaron: ‘¡Papeles, papeles, muestren los papeles!’ »
» Resultó entonces obvio que detrás de este aparatoso operativo no existía ningún documento oficial que lo respaldara, y que, por lo mismo, la policía no se atrevía a embestir si la gente se mantenía pacífica y fuera de la gasolinera. Por ello, los vecinos sacaron valor de sí mismos y decidieron impedir que los trabajadores y su trascabo retiraran el cascajo, la tierra y los árboles jóvenes que se derribaron dentro de las jardineras. Los trabajadores comenzaron en ese momento a dar puñetazos en la cara a los opositores y vejar a las mujeres, sin que la fuerza pública hiciera nada para evitarlo. »
» A las 14:50 horas llegó a apoyar el operativo un camión del ejército, con aproximadamente 50 efectivos. No entró en acción porque las provocaciones jamás surtieron efecto. »
«A las 15:30 horas y no habiendo logrado ni su cometido limpiador ni el provocador, los empleados de Milenium 3000 desistieron y los mandos policiacos ordenaron la retirada de los subordinados.»
Es a todas luces evidente que el gobierno de Morelos trató de aprovechar el «calor» del momento (se había reprimido brutalmente a mucha gente sin que hubiera reacción de una parte significativa de la sociedad) para aplastar a sus propios núcleos disidentes, que además ya tenían relaciones con los atenquenses. Afortunadamente no les resultó la táctica, pero la intención era clara. De la forma en que se desarrollen los sucesos del país como resultado de Atenco dependerá sin duda que el gobierno morelense decida intentarlo de nuevo.
Ahora, como siempre se hace, los responsables usan el discurso conciliador. El gobernador Peña Nieto sale en la tele, jurando que todo fue por apego a la ley, y diciendo que ahora es momento de la reconciliación y de mirar hacia delante. Y Fox dice lo mismo. O sea, olvidarse de todo.
Es repugnante ver cómo una y otra y otra vez, después de cada ramalazo, el agresor siempre nos dice lo mismo: ahora, a reconciliarse, a curar las heridas y no volver a hablar de eso, porque se abren las heridas. Con ese discurso, en México y otros países, se defiende a los exdictadores y a sus asesinos cuando hay intentos de juzgarlos por sus crímenes. Es el discurso del bruto que le dice a la mujer que acaba de violar: «ya no llores, ya pasó. Anda, vístete, que te vas a enfermar.» Eso nos dicen cuando encarcelan estudiantes de la UNAM, cuando dejan morir mineros, cuando reprimen a trabajadores siderúrgicos, cuando protegen paramilitares que asesinan indígenas, cuando mandan a policías y soldados a matar campesinos, etc. Siempre dicen que eran criminales, transgresores de la ley; un tumor que era necesario extirpar. Y ya extraído, pues sólo resta esperar a que la herida cicatrice. El encabezado del diario Reforma que publicó la noticia de la represión llevaba implícita esa idea: «PURGAN ATENCO», decía.
Y los medios, como, siempre, construyendo una imagen ficticia del mundo: una y otra vez reporteros se pasean por Atenco, machacando que ha vuelto la calma, de modo que parezca cierto que todo era culpa de un grupito. Desde luego, ocultan el clima de temor que domina en el lugar, y del cual han dado cuenta otros medios informativos. Dan prioridad a entrevistas con gente que apoya la represión, pero nunca dicen que muchos de ellos -según denuncia el FPDT- son conocidos militantes priístas y panistas.
Así pues, el gobierno de Fox ya cumplió el último requisito que le faltaba para ser igual a sus predecesores: su represión. Se ha incorporado a la lista donde están otros selectos personajes: Zedillo (Acteal, El Bosque, Aguas Blancas), Salinas (300 perredistas asesinados), de la Madrid (Wolonchán, Chiapas), Echeverría (San Cosme), Díaz Ordaz (Tlatelolco), López Mateos (ferrocarrileros) y etc.
Ahora, con su etiqueta «Fox (Atenco)», este tipo se ha ganado su lugar en la élite…y por supuesto, su pensión como expresidente.
Quizá haya una tercera entrega. Dependerá de los sucesos. Hasta entonces, cuidado con los medios comerciales, y sobre todo, con sus dueños y aliados: SON UN PELIGRO PARA MÉXICO.
Cuídense.