La Coordinadora Civil (CC) promovió una Campaña internacional de presión para que se flexibilicen las condicionalidades impuestas a Nicaragua por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el economista Adolfo Acevedo Vogl, esta política se ha intensificado con el pasar de los años y durante el gobierno de Enrique Bolaños, el FMI ha alcanzado […]
La Coordinadora Civil (CC) promovió una Campaña internacional de presión para que se flexibilicen las condicionalidades impuestas a Nicaragua por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el economista Adolfo Acevedo Vogl, esta política se ha intensificado con el pasar de los años y durante el gobierno de Enrique Bolaños, el FMI ha alcanzado imponer 25 condicionalidades a Nicaragua, a cambio de suscribir nuevos Programas de financiamiento.
«Como Coordinadora Civil hemos promovido una fuerte Campaña de presión contra la actitud del FMI, involucrando a organizaciones internacionales como Oxfam Intermón, Oxfam Gran Bretaña y Francia, Trocaire, MS Dinamarca, Foro SY Suecia, ALPE, Red Jubileo, diferentes organizaciones de España y también muchas organizaciones nicaragüenses. Hasta el día de hoy, han sido enviadas casi 20 mil cartas, entre mensajes de correo electrónico y postales, para recalcar el hecho de que con estas condicionalidades impuestas a Nicaragua se impide al país poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados por unanimidad por todos los Jefes de Estado que integran las Naciones Unidas. Por primera vez, el FMI está imponiendo reformas constitucionales al gobierno nicaragüense, hecho totalmente inaceptable y que violenta la soberanía de nuestro país.»
El 19 junio del 2006, el FMI envió una carta de respuesta a la Coordinadora Civil, declarando que los principales problemas que obstaculizan el alcance de los ODM no tienen nada que ver con sus políticas y con las condicionalidades impuestas al país, sino que dependen del aumento del Gasto Social. Ese aumento, según el FMI, se debe esencialmente a las Transferencias presupuestarias a las municipalidades y a la asignación del 6 por ciento del PIB a las universidades, porcentaje garantizado por la Constitución Política de Nicaragua.
En la conferencia de prensa convocada por la Coordinadora Civil, el economista Adolfo Acevedo afirmó que «el FMI en su carta expresó conceptos que ya está tratando impulsar en el país, presionando al gobierno y a la Asamblea Nacional, para convencerlos de que hay que reformar los artículos de la Constitución que regulan el 6 por ciento a las universidades y los porcentajes de las transferencias a las municipalidades, subordinandolos al control, las restricciones y los techos impuestos por el «Programa Económico y Financiero» del Gobierno (en este caso, el Programa de tres años del FMI), de la misma manera que cualquier Ministerio de Linea. Es la primera vez que el FMI llega hasta este extremo».
Oxfam Intermón y la Coordinadora Civil contestaron a la carta enviada por el FMI, definiendo su posición y la de todas las organizaciones que, a nivel mundial, han promovido la Campaña contra las condicionalidades del Organismo financiero internacional. «El Gasto destinado a la Lucha contra la Pobreza, se mantuvo prácticamente estancado en los últimos años y esto a pesar de los considerables recursos adicionales, aportados por el aumento de los ingresos fiscales y el alivio de la Deuda Externa, fruto de la Iniciativa HIPC (para los países altamente endeudados). Sólo en 2005 hubo un cambio de tendencia, debido a dos razones. Una primera razón fue el incremento en los montos de transferencias presupuestarias a las municipalidades y el aumento de los salarios de los docentes y trabajadores de la Salud. El FMI se manifestó en contra de esta medida, llegando incluso a justificar en ella la suspensión de su Programa con Nicaragua. La segunda razón – continuó Acevedo Vogl – fueron los subsidios otorgados al sector Transporte urbano colectivo y a la transnacional española Union Fenosa, quien controla la distribución de la energía eléctrica. El subsidio a Union Fenosa resultó ser cinco veces superior al que se otorgó al sector Transporte, alcanzando hasta un 0.6% del PIB. Pero la cosa más absurda es que el FMI lo incluye como parte del Gasto para la Reducción de la Pobreza».
Los firmantes de la carta expresan también su rechazo al intento del FMI de imponer modificaciones al marco constitucional de Nicaragua «en cuánto constituiría un acto sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales, el cual difícilmente resultará en la creación de un sentido de apropiación alrededor de las decisiones adoptadas, y lo más probable, es que engendre resistencia en la población».
«Los verdaderos obstáculos al cumplimiento de los ODM – añadió Acevedo Vogl – son representados por el Sistema Tributario nicaraguense, que es uno de lo más regresivos de la región y por las entradas económicas que siguen concentradose en un pequeño grupo de personas. Ese grupo, que concentra en sus manos las riquezas del país, contribuye de forma mínima a las entradas fiscales, sigue gozando de masivas exenciones y exoneraciones fiscales, mientras que el cargo tributario recae casi totalmente en la mayoría de la población, que vive en la pobreza. Además, el alivio a la Deuda Externa en los últimos años liberó importantes recursos fiscales pero, en lugar de ser invertidos en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, fueron absorbidos por el pago de la Deuda Interna, que ha alcanzado niveles desmedidos».
La parte conclusiva de la carta enviada por la Coordinadora Civil y Oxfam Intermón puntualiza un concepto muy importante. Las políticas del FMI deberían de ser profundamente modificadas, para pasar a tener como propósito fundamental apoyar a los países para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales. Se hizo también una declaración de principios en que «las decisiones sobre el futuro de un país deben ser el objeto de un proceso deliberativo nacional, abierto y transparente, con una participación democrática y pleno acceso a la información necesaria por parte de la población y no un proceso secreto manejado por el FMI y el Gobierno, como suele ocurrir. Democracia no quiere sólo decir realizar las elecciones, sino que su esencia reside en poder tomar decisiones con la máxima participación de la sociedad y no de un Organismo financiero, cuya estructura es antidemocrática, ya que nunca se responsabiliza por los efectos desastrosos de sus Programas hacia millones de personas» concluyó el economista Adolfo Acevedo Vogl.
Georgina Muñoz, Enlace de la Coordinadora Civil, informó los participantes en la conferencia de prensa que la Campaña seguirá adelante y que se realizarán nuevas formas de protestas y de presión. En los próximos días se dará a conocer una carta dirigida al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional y se recogerán firmas en apoyo a las demandas incluidas en la carta misma. Con esta carta se les pide a las Instituciones del estado la suspensión del pago de la Deuda Interna, «hasta que se haya investigado a fondo los procedentes de la misma y se haya dirimido lo referente a su legalidad». La Deuda Interna surgió a raíz de la quiebra de cuatro bancos entre 1999 y 2001, y a la emisión de Títulos de Deuda Pública (Cenis) por más de 500 millones de dólares y su adquisición por banqueros nacionales. Actualmente, el estado ha pagado 298 millones de dólares a los bancos privados en concepto de intereses muy elevados y dudosas recualificaciones de carteras, que han levantado muchas sospechas sobre la legalidad del entero proceso. Además se exige que el Gobierno no acepte las condicionalidades que el FMI impone a Nicaragua que causan severos daños al país.