La central única de los trabajadores uruguayos (PIT-CNT) lanzó su campaña nacional por la anulación de la Ley de Caducidad. La idea de esta campaña es promover un gran debate nacional que sensibilice a la población sobre el tema, para promover la anulación de la ley. Según la agencia Comcosur el integrante de la secretaría […]
El jurista del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y candidato uruguayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Oscar López Goldaracena, dijo en una conferencia de prensa que el tema de la anulación de esta ley debe trascender los partidos políticos y los gobiernos de turno, y estableció que si bien no está pensada la fórmula concreta, el camino debería ser a través del Poder Legislativo. Explicó que el Derecho Internacional considera a las leyes de «impunidad» como inexistentes, ya que «existe un mandato de rango jerárquico superior a la soberanía de los Estados, que impone el juzgamiento a los criminales».
López Goldaracena recordó que Uruguay ha suscrito convenciones relacionadas con los Derechos Humanos e incluso ha adoptado como ley la Convención de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado impide juzgar a los policías y los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura. La Comisión de Derechos Humanos de Frente Amplio también se pronunció a favor de la nulidad de esta ley.