Es una ley de gatillo fácil y de fomento del uso de armas de fuego por parte de las policías. Les permite actuar con impunidad contra civiles, ya que se ampara en la “legítima defensa privilegiada”, que limita la investigación y permite presumir un actuar legítimo de las fuerzas policiales ante una agresión en contra de la población, evitando el control del actuar policial en el marco de los derechos humanos.