Argentina es el tercer productor de bienes y servicios de América Latina (después de Brasil y de México) es, sin embargo, el cuarto más pobre de la región en cuanto a porcentaje de su población.
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Un anticipo de lo que vendría con el golpe militar, empresarial, eclesiástico del 76.
Los hechos más salientes de la última semana transcurrieron en medio de una ofensiva multiforme de los poderes fácticos. El desfile silencioso de la CGT fue, por omisión, en el mismo sentido.
Luego de idas y vueltas se designó a Gabriel Rubinstein en el ministerio de economía. Será el segundo a bordo en la gestión económica de Massa.
Entrevista a Cristian Castillo, dirigente del PTS en el FITU
Como otras veces, en su corta historia, Argentina se encuentra nuevamente en la antesala de redefinir su articulación con el mundo.
En territorio pampeano conviven la realidad del este agropecuario, donde el avance del modelo agroquímico desplaza a la ganadería, y el oeste semiárido dañado por el secuestro de los ríos por parte de Mendoza y San Juan. Las familias campesinas, de histórica producción caprina, padecen esa falta de agua. El Gobierno no ayuda, pero los productores avanzan hacia la agroecología.
Condenan a Santiago Goodman a 3 años de prisión acusado por incendios en las protestas de 2019.
El tema anunciado en el título se complica cada vez más. La “justicia” argentina, a través del accionar del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y la fiscal Cecilia Incardona, está empecinada en retener el avión de EMTRASUR y a sus tripulantes en la Argentina aún al precio de violar los fundamentos del derecho moderno (por ejemplo, la presunción de inocencia) para dar cumplimiento a la orden de incautación emitida por las autoridades norteamericanas.
Panorama político-sindical
En plena crisis socioeconómica continúa el superajuste iniciado por Batakis en su paso de 24 días por el ministerio de Economía. Así lo anunció el miércoles 3 de agosto el flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura Sergio Massa, que detalló un conjunto de medidas en línea con lo exigido por el FMI, que incluyen un fuerte ajuste fiscal, congelamiento de la planta del Estado, más extractivismo, auditoría y posible baja de muchos planes sociales.