La necesidad de recurrir a mecanismos punitivos para contener la protesta revela la incapacidad del régimen para procesar las demandas que emergen desde abajo.
Categoría: Chile
El verdadero trasfondo del debate no es un supuesto estancamiento económico, sino el límite político a la capacidad de una industria para seguir expandiéndose sin contrapesos ecológicos ni territoriales, particularmente cuando comunidades de pescadores artesanales y pueblos originarios exigen participar en la definición de los usos del espacio costero.
Memoria y cultura
El fin justifica lo que escribo (prólogo del libro Un amor fuera del tiempo. Mi vida con Luis Sepúlveda de Carmen Yáñez)
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Estos actos de violencia no son espontáneos. Ya en los días previos, el mismo grupo —vinculado a organizaciones que negocian y reciben financiamiento directo de la empresa estatal noruega Statkraft— había intentado prohibir el entierro del peñi Jaime.
Creemos que llegó la hora de empezar a preparar un plan de organización y lucha. No basta únicamente con llamar a una huelga general, necesitamos organizar comandos locales en cada lugar de trabajo y estudio, en cada población o villa, en cada comuna, en cada región, en cada rincón de este país, para tener una paralización exitosa y obligar a los empresarios y la derecha a respetar nuestros derechos mínimos como seres humanos.
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Señora ministra yanacona, ahora lo último que le faltaría decir es que Kast juega palin en vez de golf.
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Comunidades mapuches denuncian que se trata de una persecución penal selectiva: “El Estado chileno no solo ejecuta una condena, sino que prepara el terreno para una nueva, ignorando la naturaleza de los hechos originales”, advierten 21 comunidades del territorio entre Lautaro y Padre Las Casas.
Sabemos que existe mucha rebeldía juvenil; lo que nosotros queremos es que se convierta en acto revolucionario, que la rebeldía transite a la revolución.
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“Este objetivo de que la imputada prestara colaboración se traduce en la formalización no como un ejercicio comunicativo, y mucho menos como una garantía procesal, sino como un mecanismo funcional para que una persona imputada sea doblegada, sea compelida a la renuncia de uno de sus derechos más importantes de un procedimiento racional y justos, contemplados en diversos instrumentos legales y tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”