Al mismo tiempo, tales estrategias invisibilizan las causas estructurales de la violencia escolar, como la desigualdad, la precarización de las condiciones educativas y la falta de recursos para equipos psicosociales y programas integrales de convivencia.
Y en relación al período 1990-2026, por si todo lo anterior fuese poco en demostrar la derechización extrema experimentada por el liderazgo de nuestra antigua centro-izquierda, tenemos abrumadoras evidencias adicionales. En primer lugar, el hecho de que al menos varias decenas de sus líderes se fueron convirtiendo en directores o ejecutivos de empresas, AFP, medios de comunicación o fundaciones de grandes grupos económicos; o en directores o ejecutivos de asociaciones de grandes empresarios; o en columnistas permanentes de sus medios de prensa o digitales; o en lobistas de grandes empresas o entidades corporativas.
Por ello es impensable que con más violencia y más represión hacia las diferentes comunidades, organizaciones y expresiones de resistencia mapuche, puedan conseguir la sumisión de nuestro pueblo, ni mucho menos la solución al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche.
El jurista alerta que dados los profusos pronunciamientos por parte de los gobiernos chileno y argentino “que criminalizan (condenan) al Sr. Apablaza Guerra de manera anticipada a cualquier condena judicial, se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.
Galvarino Apablaza ejerció su derecho a la legítima defensa, autorización otorgada por la Ley de defenderse, o de proteger al prójimo o un bien cuando se es atacado.
Ahora la justicia debe investigar al ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, al ministro de la Corte de Apelaciones Guillermo de la Barra y al propio Hermosilla por los delitos de prevaricación, cohecho y violación de secreto, tras la querella presentada por Mauricio Hernández Norambuena que sostiene la intervención y mantención indebida en su condena.
El «Caso Quilleco» se enmarca en un conflicto histórico y estructural entre el Estado chileno y comunidades mapuche que reclaman tierras, autonomía y reconocimiento cultural.
Seguiremos desempeñando nuestro trabajo con el mismo profesionalismo, convicción ética y compromiso social, conscientes de que cada documento, testimonio y registro son piezas esenciales en la lucha contra el olvido y la impunidad.
La situación del lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan —de la comunidad Miguel Cheuquepan, en la comuna de Curacautín—, autoridad tradicional respaldado por 21 comunidades mapuche del territorio que abarca Lautaro, Curacautín, Perquenco, Victoria, Lonquimay, Vilcún y Padre Las Casas, ha sido calificada por estas como un ejemplo paradigmático de persecución penal continuada.
«El desafío consiste en reproducir este debate crítico en el seno de nuestro pueblo, y en contextos donde no se hablan muchas cosas ni se plantean los problemas con una impronta de compromiso militante»