La represión es constante: día y noche sobrevuelan avionetas y drones; se instalan cámaras trampa; y circulan vehículos con vidrios polarizados, tripulados por individuos armados y encapuchados, constituyendo una clara intimidación y hostigamiento hacia nuestras familias, impidiendo la realización de nuestras ceremonias comunitarias.
Las organizaciones firmantes repudiamos el intento de aprobar una ley para la construcción de una estatua y el intento de nombrar el Puente Industrial, en Concepción, con su nombre. Ambas acciones son agravios a las víctimas por su actuar como presidente y constituyen un menoscabo a las obligaciones internacionales de Chile y una burla a la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Tendría algún sentido una ley de esta naturaleza si tipificara como “actos terroristas” el ecocidio, la destrucción de la tierra con agrotóxicos, el perverso lucro forestal y minero o el asesinato de los ríos y la contaminación del agua y aire.
Los socialistas no pueden olvidar jamás que el imperialismo norteamericano – de conjunto con las fuerzas más reaccionarias del país que hacen gárgaras con la palabra democracia -, financiaron y realizaron todo tipo de boicot y atentados dirigidos a generar las condiciones para derrocar al legítimo Gobierno de la Unidad Popular.
El reciente caso de un exsoldado denunciado en la Patagonia, acusado de haber participado en la masacre en Gaza, Saar Hirshoren, deja en evidencia la urgencia de cuestionar quiénes ingresan a nuestro país. Chile no puede ser refugio para criminales de guerra.
El trabajo no solo documenta la resistencia de estas tres mujeres, sino que también expone la complicidad del Estado en la expansión del extractivismo en Wallmapu. En un escenario donde la militarización del territorio mapuche se ha institucionalizado desde 2021 mediante el Estado de Excepción, prolongado por dos administraciones consecutivas
“Todo lo anterior demuestra la actitud hostil y sistemática del Estado de Chile, representado por Gendarmería, al negarse a colaborar a que nuestro representado pueda declarar en condiciones óptimas, y esto avalado por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza encargada de resolver el asunto”
No hay aún juicio ni imputados. Se desconocen por completo las líneas de investigación desarrolladas por el fiscal Carlos Bahamondes en la demanda por secuestro y posible homicidio. No hay medidas urgentes adoptadas al respecto por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, o por el Presidente Gabriel Boric y su Plan de Búsqueda, o por la ministra Antonia Orellana del Ministerio de la Mujer, o el Director de CONADI, Álvaro Morales.
El Gobierno de Boric no ha cambiado la forma de financiamiento establecida para las empresas por la dictadura militar; por el contrario, ha robustecido dicho modo de operar al aceptar que el aumento de la cotización empresarial vaya a las AFP.
«Héctor Llaitul es la primera persona, al menos respecto a los delitos de apología a la violencia, en ser condenado en Democracia por estos ilícitos.»