
Marcos legales como la ley de Violencia Escolar (2010) o la ley Aula Segura (2018), han instalado una cultura escolar punitiva y segregadora, que ha “judicializado” las relaciones pedagógicas, dando espacio a tratos que transgreden los derechos humanos de estudiantes y sus familias», y añadió que «Se ha instalado una cultura del castigo, en la cual la cancelación de matrícula y la expulsión, es la principal herramienta disciplinaria. La convivencia escolar deja de ser democrática, y es reemplazada por un modelo de gestión de sanciones, que emula a un tribunal de justicia penal, más que a una institución de naturaleza pedagógica y formativa.