Los investigadores Recadero Gálvez, Marco Kremerman y Venus Reyes de la Fundación SOL, realizaron un detallado estudio sobre los resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, a mayo de 2023. Lo siguiente es el resumen ejecutivo de la investigación y al final del texto se encuentra el estudio completo.
La presión popular por nuevos retiros va a continuar, que nadie se equivoque en ello. Es una demanda justa que confirma la ilegitimidad del sistema de ahorro forzoso AFP. El pueblo tiene toda la razón al exigirlos. No la tienen asesores gubernamentales que se oponen a los mismos. Tampoco quienes dirigen instituciones públicas y transgrediendo sus atribuciones funcionarias han presionado en contra. Para intentar frenarlos, quienes pretenden mantener y agravar este abuso exageran los aspectos negativos de los retiros mientras soslayan sus evidentes y masivos aspectos positivos. Todos ellos le dicen al pueblo que ese dinero es “ahorro” que le pertenece ¡Pues bien, dice el pueblo, que lo devuelvan!
Como clase debemos retomar la iniciativa, elevar los niveles de organización y conciencia e impulsar la movilización de masas por nuestros intereses, abrir el debate y potenciar las plataformas de lucha.
En los últimos años se ha generalizado en nuestro país el mito de que las nuevas Constituciones generan cambios políticos y sociales de envergadura, cuando es al revés: son los cambios políticos y sociales de envergadura los que generan nuevas Constituciones. Y cuando dichos cambios van en beneficio de una minoría son habitualmente impuestos por la violencia y consagrados en Constituciones no democráticas.
También denunciaron que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se ha negado a recibirlos, pese a que le han pedido varias audiencias. De acuerdo a Luis Philimon, dirigente social del sector y vocero de la manifestación, “si el ministro solamente va a escuchar a los grandes empresarios y no a la gente trabajadora, mejor que renuncie”.
Héctor Llaitul no puede convertirse en una víctima más del sistema. Aunque una inexplicable calma chicha paralice hoy las organizaciones sociales, sus núcleos más avanzados deberían desplegar generosa solidaridad con Llaitul y la CAM.
La distribución de la publicidad es una solución inmediata. Pero hay otra más directa. Es la indemnización que el Estado de Chile debe hacer a los dueños del diario Clarín. El gobierno del presidente Boric no solo no ha pagado la indemnización ni se ha abierto a un acuerdo con la contraparte. Solo mantiene silencio.
Llamamos a las comunidades y Lof en Resistencia de todo el Wallmapu y donde se encuentren, a estar atentos a lo que suceda con el peñi Simón Huenchullán, a manifestarse en todos los espacios y denunciar está grave situación de violación sistemática de derechos humanos.
Invitamos a todas las organizaciones del pueblo de Chile, en su rica diversidad, a sumarse a este justo, necesario, urgente y ético llamado a la protesta popular.
Un Banco no presta el dinero que tiene, sino -precisamente- el que no tiene. ¿De dónde vendrían las ganancias, si no?