En nuestra opinión, lo acontecido durante el mes y medio del juicio refleja un patrón de discriminación y criminalización impulsado, avalado y promovido por el Estado de Chile, su Gobierno y el Presidente Gabriel Boric. Estas acciones se inscriben en un progresismo liberal que reprime movimientos populares, una tendencia que satisface las demandas de la extrema derecha y el gran empresariado.
Las venas abiertas de América Latina y la buena memoria de quienes han padecido el terrorismo de Estado recordarán por siempre lo que hicieron los graduados de la Escuela de las Américas, los manuales con los que enseñaban, y todo lo que ha hecho el “ejército democrático” de los EEUU el que ahora, bajo la presidencia de Joe Biden, apoya y envía armas al Estado de Israel el que está siendo acusado de genocidio contra la población palestina y de cometer crímenes de guerra.
Y entonces oí, como digo, la peor noticia que podrían haberme dado allí, en la mesa de dinero.
El Chico Hermosilla se alza luego de su confesión, como el mejor representante de todo lo que el pueblo no quería. La traición, la indignidad de quien miente para consolidar su estatus de persona con conocimientos y poder, la corrupción de todo lo corruptible, para quienes el dinero, o el poder que es lo mismo, tiene en el Chico Hermosilla su estampa señera.
La decisión es resultado de un proceso judicial montado desde el Gobierno (Interior) en evidente asociación con las empresas forestales, utilizando al Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, PDI, como brazo operativo y de presión inventando un “testigo secreto”.
En consecuencia, pensar que hay al menos una decena de generaciones de jóvenes dañados, que van a los liceos públicos únicamente a expresar su rabia, es promover una visión muy pesimista sobre nuestra sociedad, que es necesario cuestionar. No es lo más adecuado pensar así, menos para quienes gobiernan y deben afrontar este problema.
Es importante señalar que ni la delegación presidencial, ni la gobernación provincial se han pronunciado al respecto y han hecho oídos sordos guardando silencio, lo mismo de parte de sectores de derecha, o será porque Isaac Pilquimán Neculqueo fue candidato a concejal por la UDI. O porque Santos Reinao fue candidato a alcalde por el PPD, y por ello calla el ministro Manuel Monsalve.
Esta condena a todas luces política, se enmarca en la contraofensiva neofascista en contra del movimiento mapuche autonomista, en especial de la CAM y su proyecto político de restitución de derechos político- territoriales en Wallmapu.
Al mismo tiempo compartimos su interpelación a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo habituados a operar en defensa de las grandes corporaciones mineras y de otros rubros, para que tomen medidas urgentes en defensa de los derechos de quienes carecen de lo más básico para la vida.
Leontina Córdova, madre de David Toro, quien viajó desde Cartagena para esta actividad, señaló que “mi hijo fue acribillado por 7 disparos (…) como familia exigimos justicia, que este caso no quede aquí, que mi hijo no quede en el olvido, vamos a seguir hasta las últimas como familia, pedimos justicia, que se haga justicia.”