Este domingo el ballotage uruguayo dirimirá entre dos modelos con serias consecuencias para el país y la región, independientes de la magnitud demográfica o económica. Una opción es un giro neoliberal como el que promete la coalición multiderechista encabezada por Lacalle Pou, que tendrá efectos devastadores aún con resistencias para limitar sus alcances. Su paso […]
Este domingo el ballotage uruguayo dirimirá entre dos modelos con serias consecuencias para el país y la región, independientes de la magnitud demográfica o económica. Una opción es un giro neoliberal como el que promete la coalición multiderechista encabezada por Lacalle Pou, que tendrá efectos devastadores aún con resistencias para limitar sus alcances. Su paso por el gobierno demandará largos períodos de posterior reconstrucción en manos progresistas una vez retomado el poder político en 5 años. El modo de evitar un esfuerzo semejante y un riesgo aún mayor es la alternativa contraria, votando por Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio (FA) ganador en la primera vuelta. Sobre ello deberán reflexionar los 200.000 votantes esquivos esquivos o desencantados.
El contexto regional e internacional en el que tendrá lugar esta segunda vuelta es extremadamente amenazante. No tan solo por la realidad fehaciente de matanzas cotidianas de las fuerzas represivas en Bolivia y Chile sino además por el hecho de que algo tan autoevidente como el golpe de estado en el primero sólo fue reconocido -y condenado- oficialmente por 4 países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. El domingo no se dirime exclusivamente el resguardo de las conquistas populares de 15 años de gestión frentista sino además la confrontación o aquiescencia ante la barbarie neofascista que se esparce en el mundo. ¿Qué otra cosa que un golpe de estado puede ser la «sugerencia» de renuncia del Presidente por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la policía, al tiempo que parapoliciales saqueaban y quemaban viviendas de dirigentes y autoridades, amenazando inclusive a sus familiares? ¿Qué carácter tiene la autodesignación presidencial de una ignota senadora carente de peso electoral ante una asamblea legislativa virtualmente desierta? ¿Cómo se significa politológicamente que las mismas FFAA que sugirieron la renuncia presidencial invistan con la banda a la sustituta usurpadora? Constitucionalmente, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, además de jefe del Estado y de gobierno es «capitán general» de las FFAA. Obviamente no es el primer golpe de Estado en la región en lo que va del siglo. Al contrario, entre los exitosos y los conjurados tenemos para una larga enumeración. Ni tampoco el primer país en el que militares se inmiscuyen en la política (v.g. Manini Rios o Centurión). Pero es el primero que abiertamente erige un Estado Terrorista ortodoxo.
Si bien no existe una definición estrictamente jurídica (sería de gran utilidad para la morosa Corte Penal Internacional contar con ella, además del concepto de crimen de lesa humanidad y su imprecriptibilidad) las divergencias respecto a la caracterización de estas formas de organización del Estado se han reducido casi hasta la insignificancia. Seguramente por la contundencia argumental de quienes se han encargado de teorizarlas, uno de cuyos pioneros fue Eduardo Luis Duhalde en su libro del ´83 «El Estado terrorista argentino», escrito en el exilio español. Allí sostiene que «el terrorismo de Estado es algo más que la consecuencia violenta de la implantación de un régimen dictatorial, es una política cuidadosamente planificada y ejecutada, que respondió a proyectos de dominación continental, que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de estructuras institucionales». La cara pública se presenta en Bolivia como represión militar con asesinatos, heridos y detenidos. Con amenazas a la integridad y la libertad de los líderes y dirigentes. Con la censura y persecución a la prensa (los equipos televisivos argentinos debieron refugiarse en la embajada y ser llevados al aeropuerto en autos diplomáticos para su subrepticia salida).
Pero esta caracterización no lograría completarse sin la actividad clandestina y su resguardo que no es otra cosa que la impunidad. Precisamente lo que el decreto 4078 de la golpista ururpadora Añez emitió con la firma de 11 secuaces a los que denomina cariñosamente ministros el 14 de noviembre. De su existencia tomé conocimiento por la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También la propia prensa boliviana, ya que los pocos diarios como «La Razón» que aluden a él, lo hacen a través de la denuncia externa. He recorrido las diversas páginas web del poder ejecutivo sin poder dar con información alguna. La mayoría de ellas están intactas, refiriendo a las antiguas autoridades, entre ellos al Presidente Evo Morales. Los actos del gobierno golpista son secretos. Según la transcripción hecha allí, en su art. 3° el decreto establece que «el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal». Ningún uruguayo puede desconocer lo que significa la caducidad de la pretensión punitiva de los actos aberrantes de la institución armada.
La página que encontré actualizada es la del Ministerio de Gobierno (de interior) que quedó a cargo del cómplice Arturo Murillo quien al igual que la presidenta de facto, extrajo del arcón del horror los significantes «sedición» y «subversión» con los que acusa a los manifestantes y a la prensa. Abiertamente sostiene que «vamos a ir a la cacería de Juan Quintana» quien era el legítimo ministro de quien no consta renuncia alguna al momento de escribir aquí.
La furia política e inclusive religiosa expresa la racialización de las relaciones de clase que atraviesa -en mayor o menor medida- a toda América Latina. El odio hacia la otredad tiene múltiples formas expresivas de la humillación. Desde la violación física hasta la violación del laicismo, desde la censura y la amenaza hasta la persecución de toda forma de pensamiento crítico. Desde la marginación económica, simbólica y cultural, hasta el crimen impune.
Optar por el Martínez es también ponerle límite al avance del neofascismo en la vecindad. No sea cosa de que Camacho, resulte tan solo un Lacalle Pou desinhibido.
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