No. La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente no es de Rafael Correa, pertenece al pueblo. Ha sido escrita en el transcurso de varios años de resistencia y lucha de los pueblos del Ecuador en contra de gobiernos neoliberales, fue concebida al tiempo que el anhelo de cambio se fortalecía en la conciencia de miles […]
No. La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente no es de Rafael Correa, pertenece al pueblo. Ha sido escrita en el transcurso de varios años de resistencia y lucha de los pueblos del Ecuador en contra de gobiernos neoliberales, fue concebida al tiempo que el anhelo de cambio se fortalecía en la conciencia de miles de ecuatorianos.
La propuesta de nueva Constitución, la instauración de la Asamblea Constituyente y el mismo gobierno de Rafael Correa no pueden ser explicados y comprendidos por sí mismos; es necesario mirar hacia atrás para entender que son el resultado de un proceso incubado durante años, en el que las organizaciones populares y las fuerzas de izquierda tienen responsabilidad directa.
El incansable bregar de los pueblos del Ecuador produjo un cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas en el país: la derecha y el populismo perdieron espacios, la socialdemocracia ha mediatizado su acción, la oligarquía (pelucones como ahora son identificados) está en la mira de millones de ecuatorianos reconocida como corrupta y responsable de la crisis del país; en contraparte, se consolida un franja político-social -que se eleva a la condición de mayoritaria- animada por ideales progresistas, democráticos y de izquierda, que mantiene la iniciativa política y prefigura el cambio en tres palabras: la patria nueva.
Esa circunstancia explica lo que ahora ocurre en el país. El movimiento de masas arrinconó a las clases dominantes y abrió el camino para que Montecristi alumbre la nueva Constitución. Los asambleístas cumplieron el mandato popular: desbaratar el andamiaje neoliberal y elaborar una Constitución que genere condiciones para un cambio positivo, progresista. Las dificultades fueron diversas, se debió sobrepasar los obstáculos puestos por la derecha, y aún las inconsecuencias de algunos asambleístas de PAIS que, por error o ‘convicción’ pretendieron, por ejemplo, introducir la municipalización de la educación y la salud, separar el Seguro Social Campesino de la estructura general del IESS, desconocer el carácter plurinacional del país o impedir la gratuidad de la educación a nivel universitario.
Ahora tenemos una Constitución que, en esencia, responde al anhelo del pueblo; las limitaciones políticas que esa puede tener reflejan los límites organizativos y políticos del movimiento popular para avanzar más. En todo caso, esta nueva Carta expresa, justamente, ese cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales del país.
Finalizado el trabajo de la Asamblea empieza una nueva y no menos dura batalla, el referéndum del 28 de septiembre. Ganar en el referéndum con el SÍ es obligatorio para el movimiento popular en su propósito de afirmar el proyecto político en curso y para cerrar otros espacios a la burguesía. Pero aún ganando en esa lid, el cambio no vendrá fácil. Habrá que pelear para que los elementos progresistas de la Constitución se cumplan; las fuerzas del viejo país que manejan hilos incluso desde altas esferas harán todo lo posible para impedir que las cosas cambien. De manera que no hay espacio para bajar la guardia. Así de agitada es la lucha de clases.