Introducción
La pandemia del COVID-19, ha obligado a los gobiernos y pueblos de todo el mundo a tomar acciones para contrarrestar la proliferación del virus, el gobierno de El Salvador no ha sido la excepción en este tema. Frente a esta situación, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha venido anunciando y aprobando medidas -a prueba de ensayo y error- que por su manejo mediático aparecen ante la opinión pública como acertadas y replicables, dado el manejo de la información como si fuera un parte de guerra en el que se anuncia el despliegue territorial del enemigo y se hace un recuento a cuentagotas de las bajas.
Un manejo de ese estilo provoca que la emergencia se aborde como una guerra en la cual el enemigo a vencer -poco conocido y proveniente de culturas extrañas- con aliados internos que le abren las puertas para la invasión, requiera entonces de un ejército sólido que le haga frente, dirigido por un liderazgo al que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones que pueden salvaguardar la vida de una población necesitada de ser defendida.
Tal parece que la identificación del enemigo externo que viene a invadirnos, es la principal razón de ser todas las medidas que se están tomando actualmente, a tal punto que, al ser lo principal e inmediato, se abandone de la agenda cualquier otro tema que no sea el de atender la emergencia y cualquiera que ose ponerlo en duda, es porque no le importa la vida humana. Al ser Nayib el dueño de la verdad no se le puede contradecir. Unirse en la emergencia, es hacerle caso en todo y seguir sus órdenes sin discutirlas.
Esta forma de entender el fenómeno ha sido bien utilizado por el presidente salvadoreño quien se presenta como el hombre fuerte, el único salvador destinado a vencer y por lo tanto un líder ejemplar envidiado por otros países. Claro está que para ello se ha hecho valer de un recurso propagandístico que muestra sólo de forma parcial los hechos y que oculta aquellos aspectos que evidencien que sus acciones no sean del todo acertadas o esconden motivaciones no tan claras. Veamos.
Restricción de garantías constitucionales
El día 13 de marzo, fue presentada la solicitud de aprobación de un decreto que permitiera declarar el estado de excepción a nivel nacional con base en el artículo 29 de la Constitución. Este artículo prácticamente permite declarar el régimen de excepción que es la restricción de garantías constitucionales, en específico las que se refieren a la libertad de tránsito y de reunión con la aplicación de detención administrativa que superan las 72 horas.
Sin embargo, de acuerdo a procedimiento, esta iniciativa fue revisada en la Asamblea Legislativa, siendo aprobado en un primer momento, el decreto de “Estado de Emergencia Nacional” con votos de los 84 diputados y diputadas que conforman el pleno legislativo. Esta medida mandata a todas las instituciones del Estado a trabajar en función de la emergencia, permitiendo que se atiendan las necesidades provocadas por la situación. Además establece la restricción de la circulación de personas que puedan ser portadoras del virus, en su ingreso y dentro del territorio y el no despido de aquellas personas que fueran llevadas a cuarentena. La medida podría haber sido suficiente; sin embargo, el gobierno de Bukele, no conforme con el primer decreto insistió que ese mismo día se aprobara también la “Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19”, ante la negativa del FMLN que consideraba que con la declaración de estado de emergencia era suficiente, las fracciones de derecha realizaron una negociación nada transparente y en unas horas, con algunas modificaciones, el decreto fue aprobado sin los votos del FMLN y un diputado del PDC, dando al gobierno la facultad de omitir tres garantías constitucionales: la libre reunión pacífica entre personas, el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio y el libre tránsito. El decreto tiene una vigencia de 15 días. Otras medidas a propuesta del Frente como la compra de medicamentos y una financiación por 30 millones, no consiguieron los votos necesarios.
Por otra parte Bukele de manera continua, ha girado una serie de órdenes entre las que se encuentran: el cierre de todos los bares y discotecas por 14 días en todo el país, a ello le siguieron gimnasios, restaurantes, pupuserías, permitiendo sólo servicio para llevar o a domicilio. Una ventaja demasiado favorable para las cadenas de comida que cuentan con estos servicios frente a la pupusería del vecindario que apenas tiene a su grupo familiar como para sostener la medida. También se ordenó el uso del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) como un hospital temporal para futuros posibles pacientes, con 300 unidades de cuidados intensivos y dos mil camas hospitalarias (el hospital más grande de Centroamérica sentenció). También prohibió las aglomeraciones de más de 75 personas (más tarde reduciría a 50).
Mucha gente aplaudió estas medidas y El Salvador construía una barricada para impedir la inmersión del enemigo. Pero no sería del todo cierto.
El primer caso y un Plan de alivio económico… pero sin plan
El miércoles 18 se anunció el primer caso confirmado por COVID-19, de una persona a la que se le acusó de haber entrado por un punto ciego para evitar los controles sanitarios y la puesta en cuarentena. Esta noticia desató las alarmas en buena parte de la población que, ante la amenaza, tomó la decisión de hacer compras de pánico en las grandes cadenas de supermercados (con aglomeraciones de más de 50 personas), además de pedir el linchamiento de esa persona y de sus familiares, como si de un delito de alta traición a la patria se tratara. Esto se manejó como una “ irresponsabilidad” de la persona y no como una debilidad de las medidas de defensa. Por su parte, el gobierno decidió acordonar y aislar la ciudad de domicilio de aquella persona como una medida de contención y la ubicación de retenenes policiales y militares en distintos puntos del país. El enemigo no se burlaría de nuevo, había que impedir su avance en el territorio. Era necesario elevar la moral y el ánimo nacional.
En este marco, se vinieron experimentado una serie de hechos de tipo económico, como el cierre o la reducción de actividades en los sectores de producción y servicios, sobre todo del sector informal. Por ello, el gobierno no podía quedarse de brazos cruzados, así que además de combatir con la fuerza militar y policial al invasor, había que responder las necesidades de ayuda del pueblo indefenso y también afectado en su bolsillo. Hasta aquí todo bien a excepción que además del confinamiento y las promesas de apoyo económico, no se anuncia ninguna medida sanitaria.
El viernes 20 de marzo, el gobierno, a través del Ministro de Hacienda, presentó el “Plan de respuesta y alivio económico ante la emergencia del COVID-19”. Entre algunas de estas medidas, que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, se encuentra la suspensión por tres meses de los pagos de energía eléctrica, de agua, de teléfono, internet, créditos, préstamos y alquileres. El mundo admiraba esta acción temeraria, los empresarios por fin entenderían que en estos casos el pueblo es primero.
Ahora bien, retomando el manejo propagandístico de Bukele, esta iniciativa se manejó como una decisión exclusiva y unipersonal del Presidente, se ha asumido como un alivio que, de nuevo gracias a Él, la población ya no va a pagar los gastos mencionados. Pues no, la medida no significa que las personas ya no tengan que pagar debido a que no se trata de una condonación de deuda, sino más bien de una reestructuración de los pagos; es decir, que no es que no se vaya a pagar las facturas por esos tres meses, sino que esos montos (deuda adquirida y acumulada por tres meses) deberá cancelarse en cuotas diluidas hasta en unos 24 meses.
En un estado de emergencia, esa medida puede ser válida en lo inmediato, pues las personas que evidencian reducción de ingresos o que no los percibirán mientras dure la crisis, les es favorable; pero hay que tener presente que a corto plazo significa que las personas acumularán deuda, mientras que las empresas financieras y de servicios, aún con el atraso de los pagos, de todas maneras percibirán ingresos. En una guerra como esta, parece que no todos los actores se sacrifican por igual. Pero también, a una semana de anunciado aquello, empresas de telefonía argumentan que la medida sólo es válida para las personas que presentan casos positivos.
Otra de las acciones tomadas por el gobierno, es la solicitud a la Asamblea Legislativa para la autorización de gestión de recursos hasta por 2mil millones de dólares, aunque el mecanismo específico todavía no se ha aprobado, es muy probable que sea el de contraer deuda ante organismos financieros (welcome mister FMI). El destino del préstamo se resume en una frase: “Financiar el Fondo de Emergencia y de Reconstrucción Económica del país, por los efectos de la pandemia a causa del COVID-19”, pero hasta la fecha no se conocen los detalles de para qué y dónde serán usados los recursos. Considerada esa suma, no tener claridad de su uso genera justificadas sospechas.
Para ilustrar la dimensión de esa deuda, la economista Tatiana Marroquín, advierte que la cifra de los 2mil millones, representa el presupuesto de salud de más de dos años y más del 30% del presupuesto nacional de todo el año; representa también el 7.6% del PIB, lo que significa que llevará la deuda de 73% del PIB a 80%. Todavía no está claro en que se invertiría ese dinero pues no se cuenta con planes económicos. La sospecha radica en que el gobierno ha manifestado un comportamiento compulsivo por la contracción de deuda pública para financiar planes llamativos en sus nombres, pero vacíos en sus contenidos, no obstante son redituables para promover la figura presidencial que las presenta no como fondos públicos sino ayuda de su bolsillo. Esa actitud se percibe no sólo con este posible préstamo sino con todo lo que ha anunciado desde que asumió el mandato, pues a la solicitud de fondos, los supuestos planes se manejan como secretos de Estado que no deben caer en manos de los enemigos. Nadie más que el grupo más cercano al presidente sabe cuál será el destino de la inversión y de los gastos.
Un ejemplo de lo anterior es el anunció de la construcción del ahora «hospital más grande de Latinoamérica» (porque el presidente de Guatemala anunció que haría el más grande de Centroamérica, siempre hay que ser más más que los demás). Para ello el Ministro de Obras Públicas afirmó que esto tendrá un costo de «entre 70 y 100 millones de dólares»; es decir, ni siquiera tienen un presupuesto ya definido para ello. Esta diferencia de de 30 millones de dólares puede ser bastante cuestionable y si a ello le sumamos que en realidad no es la construcción de un hospital como tal, sino que es el acondicionamiento de las instalaciones de un centro de ferias y convenciones para que haga las labores de un hospital provisional, que una vez pasada la emergencia será desmontado.
Esa cifra parece ser sacada de la manga pues hay que mencionar que el presupuesto para la construcción del nuevo hospital Rosales será de 80 millones, que sería un hospital con una estructura permanente. Lo cuestionable acá no es la atención de la emergencia, sino la solicitud de préstamos para realizar acciones de las que no tienen idea de cuánto realmente podrían costar, lo que confirma el carácter improvisado del gobierno. (No hay que olvidar que cuando Nayib fue a China, de nuevo sin plan y sobre la improvisación, en lugar de solicitar inversión para la construcción de hospitales, pidió la construcción de un nuevo estadio de fútbol!).
Cuarentena domiciliar, compensaciones económicas y penalización de la pobreza
Con lo anterior y aún siendo El Salvador uno de los países con menos casos positivos confirmados a la fecha (3), el día 21 de marzo, Bukele anunció en cadena nacional, la aplicación de una cuarentena domiciliar por 30 días en todo el país. A través del Ministerio de Salud presentó el decreto denominado “Medidas extraordinaraias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de que contener la pandemia COVID-19”. Esta medida refuerza la prohibición al libre tránsito y a reuniones que, con sus excepciones, obliga a todas las personas a mantener cuarentena domiciliar por el plazo mencionado bajo riesgo de ser “retenida” y llevada a “Centros de Contención”. Prácticamente es la aplicación de hecho del Estado de Excepción que se mencionó anteriormente sin la aprobación del legislativo. Es, como dice un amigo: “arresto domiciliario con libertades específicas”.
En concordancia con ello, el Fiscal General dictó la orden de procesar bajo el ilícito de desobediencia de particulares, a aquellas personas que no cumplan las disposiciones del Ejecutivo. Quien no acate este decreto, corre el riesgo de someterse a responsabilidades penales. Esto significa que si una persona incumple la medida, (justificada o no, legal o no) será llevada a un “centro de contención” para que pase el período de la cuarentena y pasado el período, se le someterá a juicio por desobediencia, lo que implica una pena de entre uno a tres años de cárcel. Lo peligroso aquí es la justificación de detenciones arbitrarias por parte del ejército y la policía con justificación por la emergencia y con aceptación popular. De hecho en sí misma es arbitraria pues no está contemplada en ninguno de los decretos aprobados.
Lo anterior parece no importar mucho debido al manejo mediático de las medidas anunciadas, no son las restricciones a las libertades de tránsito y de reunión, sino lo que más eco ha hecho y las que más han aumentado la fama del mandatario, son las de carácter económico que han sido vendidas como medidas que están hechas pensadas en la necesidad de las personas.
El decreto anunciado, en su artículo 7 menciona una medida de compensación de un bono por 300 dólares a las personas afectadas económicamente y de forma directa por la pandemia.
Quiero detenerme en este punto pues al parecer es el que más reacciones positivas ha generado; sin embargo por su aparente beneficio, está llena de contradicciones:
El decreto utiliza dos categorías como sinónimos (vivienda y persona) y en la conferencia se usó otra (familias), Nayib dijo que el bono aplicaría a un aproximado de un millón y medio de familias (siendo un desembolso de 450 millones mensuales), el uso de las tres categorías puede resultar confuso pero en concreto, para la aplicación del bono se aplicaría la de vivienda, pues las personas afectadas para acceder deberán presentar un recibo de energía eléctrica de aquellas hogares en cuyas viviendas tengan un consumo inferior a los 250 kilovatios, además de que en el seno familiar no haya ninguna persona recibiendo salario; por lo tanto, no es un beneficio asignado de forma individual a cada persona afectada, como se presupone, tampoco corresponde necesariamente a la cantidad de familias dentro de una vivienda ni toma en cuenta las diferencias en la cantidad de personas que la habitan. Tampoco considera aquellas familias que no tienen servicio de energía eléctrica en su casa ni mucho menos aquellas personas que no tienen vivienda y siendo un subsidio podría presentar desigualdades en el beneficio.
Pongamos por ejemplo, si en una familia hay dos o tres personas que se dedican a trabajos en el sector informal, aplicará solo una de ellas. No diferencia si en una vivienda viven dos personas o diez personas, aplicaría sólo una de ellas. No considera si en una vivienda vive una familia o tres familias, aplicará sólo una persona de ellas. Siempre que ninguna de ellas perciba salario. Esto sin mencionar todos los conflictos que puedan derivarse sobre quien será la persona beneficiara que controlará el dinero, entre otras. Y si retomamos que es por debajo del consumo de energía, una persona que tenga una vivienda que usa poco tiene más posibilidad que el de una vivienda que por la cantidad de personas o porque tiene una actividad dentro de ella (como un comedor familiar, por ejemplo) pueda no acceder. Antecedentes ya hay.
Aunque esta medida parece de aplicación inmediata, lo que no se dijo en la conferencia es que se tiene que solicitar a la Asamblea permiso para gestionar esos fondos. Por lo tanto, la gente que aplique al bono, no lo va a recibir en los próximos días, ni siquiera se sabe cuales serán los mecanismos para aplicar ni para recibirlo.
Otra medida consignada en el mismo artículo es el de un bono de 150 dólares para empleados públicos que estén trabajando frente a la crisis. Aquí hay recordar que Nayib tiene experiencia demostrada en prometer bonos a empleados públicos pero también el de incumplir sus promesas. Tampoco se sabe de donde saldrá este dinero. No importa, él y lanzó las medidas, hay que vean aquellos que no estén de acuerdo a aprobarles aún a costa de endeudar todavía más al país, igual habrá algún recurso del Estado que después se pueda vender para pagar la deuda. Lo que parece inamovible, es la revisión y reasignación del presupuesto.
Ahora bien, la suma de las medidas anunciadas, más la imposición de hecho de acciones represivas y el manejo mediático de la crisis, en la que se hace ver que contraer el COVID-19 es más bien un delito que debe ser penalizado que una enfermedad que debe tratarse como tal, está provocando -por imposición- el cierre o suspensión de actividades en el sector no capitalista (sector informal) y al mismo tiempo desde el aparato gubernamental se promueve y se incentiva el consumo exclusivamente en el sector capitalista; es decir que se impone el cierre de ventas en los mercados y pequeños comercios que no sean exclusivamente de alimentos, bajo riesgo de que a estas personas se les aplique la ley penal; mientras que se permiten licencias para mantener la actividad económica a través del consumo en las cadenas de supermercados y franquicias de comida.
Esto hace que el subsidio de los 300 dólares, aportados por deuda del sector público, que no se puede negar serán de ayuda las familias afectadas, también servirán para la reactivación del sector privado comercial y de servicios -principalmente- aunque sea de forma mínima y velada.
Los amigos del Presi
En la conferencia del día 21, Nayib junto a parte de su gabinete, se hizo acompañar de dos personajes que representan el poder real detrás del ejecutivo quienes, a parte del presidente y del representante de la OPS, fueron los únicos a los que se les facilitó el uso de la palabra. Uno de ellos era Ronald Johnson, embajador de los EEUU, quien en otras ocasiones ha aparecido junto a Nayib para anunciar medidas importantes sobre migración (firma de Acuerdo contra migración irregular) y suele darle sus espaldarazos cuando lo necesita. El otro personaje era Roberto Murray Meza, conocido empresario miembro de la gran burguesía criolla, quien además fue presidente del Consejo Ejecutivo y financista de ARENA. Su nombre aparece vinculado al llamado “Caso Flores”.
Esta exposición ha tenido un impacto mediático pero también tiene una motivación política. Lo mediático radica en enviar un “mensaje de unidad nacional” con respaldo internacional (de EEUU) al aparente liderazgo de Bukele para enfrentar la situación. Hecho que refresca la imagen de un personaje que hasta hacía unas semanas fuera duramente criticado por los eventos alrededor del 9F. Esto también tiene sus implicaciones a futuro y es la demostración de que tanto los grandes grupos de poder económicos en el país están asumiendo a Bukele como uno de sus aliados y por lo tanto podrían prescindir de ARENA que hasta hoy es su principal instrumento político. Pero lo que no se puede pasar por alto, es que ese representante de la burguesía, vinculado a un caso de desvío de donaciones financieras para ayuda, que no ha sido investigado por ello y quien llevaba una buena temporada desaparecido del espectro público, casualmente aparezca ahora como el amigo empresario que hacía falta.
Represión y cárcel para el pueblo
Las medidas anunciadas e impuestas, justificadas para el abordaje de la emergencia por el COVID-19, se han promocionado como las más efectivas siendo que por sus resultados oficiales concretos, hacen pensar que han sido las más acertadas aún con todos los problemas que en el mundo de la precariedad genera. Hasta hoy, las medidas de alivio económico son mera ilusión; lo que si se está aplicando son las medidas restrictivas. Sólo en las primeras horas del anuncio y de la aplicación de hecho, ya habían 269 personas detenidas por incumplir la cuarentena domiciliar (aumentando a más de 500), algunas incluso capturadas en los horarios en que todavía no se conocía el anuncio de esas medidas, siendo expuestas al escarnio público como si de delincuentes peligrosos y enemigos de la patria y de la familia salvadoreña se tratara.
En tal sentido lo que se teme es que mucha gente, en específico la que vive del “día a día” se verá obligada a retomar sus actividades cotidianas para obtener ingresos o buscar comida, e incluso aquella población que no cuenta con acceso domiciliario de agua tendrá que salir de su casa para poder obtenerla, a riesgo de que la policía o el ejército, con métodos arbitrarios, la lleve a un «centro de confinamiento» que es como decir prisión.
En un país con un sistema sanitario y de salud pública deficiente y mermado, de un sistema de agua y saneamiento insuficiente, con una alta tasa de densidad poblacional y con una población en mayoría del sector informal (alrededor del 70%), las medidas de prevención mencionadas pueden resultar insuficientes por lo que no se descarta que haya casos de fallecimiento a causa del COVID-19; situación que será usada para criminalizar a la población por supuestamente no acatar las medidas y ejecutar acciones cada vez más restrictivas contra el pueblo trabajador. Y, claro está, no se podrá salir a la calle a reclamar derechos porque simplemente está prohibido y esta vez justificado.
Aunado a lo anterior, un elemento que no se está tomando muy en cuenta, es que toda esta emergencia puede provocar una recesión económica, esto es la disminución de la actividad económica durante un período de tiempo, lo que provoca la disminución en el consumo, en la inversión y en la producción de bienes y servicios, lo que para el pueblo trabajador significa desempleo. Por ello, personas que están siendo despedidas (afectadas por la emergencia), no necesariamente serán reinstaladas de forma inmediata en sus empleos; aquí no aplica el bono de los 300 dólares que son por causa directa de la emergencia, esa bonificación no significa un seguro por desempleo a mediano plazo. La recesión no sería tan preocupante si previéndolo, el gobierno diseñara un plan para enfrentar ese escenario, pero hasta hoy como lo hemos mencionado, la planificación no es su principal característica, lo que si lo es, la legitimación y naturalización de lo una sociedad militarizada y con un liderazgo autoritario.
Por lo tanto, lo anterior no quita que -a mediano y largo plazo- aún pasada la emergencia, algunas de las medidas puedan ser utilizadas para imponer, legitimar y naturalizar mecanismos de represión contra la población y sus adversarios y justificar el control casi absoluto del aparato del estado para su propio beneficio y sus allegados, dada la actitud autoritaria del gobierno. Todavía está fresco el hecho de que el 9 de febrero invadiera con un asombroso dispositivo militar el edificio de la Asamblea Legislativa. Es llamativo que a la fecha, lo que más se discute son las disposiciones de tipo militar y policial y no las de tipo sanitario, si de lo que se trata es de tratar una enfermedad y no la de “combatir” a un enemigo a fuerza de bala.
Quiero cerrar afirmando que las medidas de prevención de tipo sanitarias son importantes y necesarias. Asumir medidas y hábitos para evitar y reducir los contagios también. El hecho de contar con el mínimo de casos positivos y sin ningún fallecimiento hasta la fecha, es una noticia positiva. No obstante, la alerta por CORONAVID-19 no debe ser una justificación para imponer un estado de excepción que restringe la libertad de tránsito y de reunión, ni la violación de los derechos humanos, asumiendo que “primero hay que salvar las vidas humanas para después ver si se respetan los derechos”; tampoco justifica la naturalización de la remilitarización de la sociedad. Por lo tanto, un mal manejo de estas medidas aceptándolas como la solución única y posible por sus aparentes resultados cuantitavos del número de bajas, sólo justificaría un nuevo tipo de dictadura y de gobierno autoritario que -no dudo- quieran replicar en otros países.