La disyuntiva que plantean las plantas de celulosa va más allá de la cuestión ambiental, y más allá de los límites de uno o dos países: apunta de raíz a decisiones sobre qué modelo político y económico es el deseado y viable para América latina: así puede formularse lo que tienen en común tres testimonios […]
La disyuntiva que plantean las plantas de celulosa va más allá de la cuestión ambiental, y más allá de los límites de uno o dos países: apunta de raíz a decisiones sobre qué modelo político y económico es el deseado y viable para América latina: así puede formularse lo que tienen en común tres testimonios obtenidos por Página/12 en Uruguay: el de un político que dentro del Frente Amplio disiente con la política oficial; el de un destacado profesor universitario y el de la titular del gremio de Obras Sanitarias uruguayo. Son muestras del poco difundido conjunto de organizaciones e investigadores que cuestiona estos emprendimientos.
«Si la mayoría de la gente parece estar a favor de las plantas de celulosa es porque, en el último mes, una campaña mediática quiso hacer de esto una causa patriótica y nacional», sostuvo Eduardo Rubio, del Movimiento 26 de Marzo, que integra el Frente Amplio. «El hecho de que en Argentina haya plantas contaminantes no es justificación; supongamos que en Argentina se torturara: ¿eso nos autorizaría a torturar?».
Para Rubio, «el argumento ambiental contra las papeleras es importante, pero no es el único ni el más grave. Las plantas de celulosa obedecen a un modelo impulsado por las multinacionales, el Banco Mundial y el FMI que en los ’90, bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle, alentó las plantaciones de eucaliptos, concentradas en pocas manos. El Frente Amplio proponía unidades productivas pequeñas y medianas con base en la producción de alimentos». Entonces, «el proyecto es el de un ‘país eucaliptero’. Como frenteamplista y artiguista, me siento hermano de los entrerrianos: hay que confrontar con la política imperial de Estados Unidos y apuntar a la integración con América latina».
Para Daniel Panario, titular de geomorfología en la Universidad de la República, «las plantas se enmarcan en un monocultivo con efectos perjudiciales que incluyen la expulsión de la gente del campo. Y en Uruguay los estudios de impacto ambiental son trámites formales, no resisten el análisis científico. Aunque cambian los gobiernos, los funcionarios de carrera son los mismos y a ellos se recurre para decidir. Con las papeleras, lo único claro es que no sabemos qué puede pasar».
«Sí, no se sabe qué puede pasar con un modelo de forestación intensiva, incluso en las nacientes de los ríos -corrobora Adriana Marquisio, titular de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado-. De hecho, sólo estas plantas de celulosa consumirán 80 millones de litros de agua por día. Se trata de un modelo desarrollista mercantil, basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, como el vigente en Chile, donde aumenta el producto a costa de una desertificación que ya es avanzada.»
Página/12 buscó la palabra del Movimiento de Participación Popular (MPP), que integra el Frente Amplio, pero un vocero de su dirección respondió que «de acuerdo con la decisión del presidente Vázquez, no se hacen declaraciones sobre las plantas de celulosa».