Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes. La justa demanda de reparación, por ejemplo, a la que convocan los compañeros de CRYSOL, tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas y está relacionada con lo que […]
Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes. La justa demanda de reparación, por ejemplo, a la que convocan los compañeros de CRYSOL, tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas y está relacionada con lo que durante la dictadura y el largo período de impunidad fue la actitud del Estado en relación a las víctimas de la represión.
En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales.
Las que poseen el poder económico (la tierra, los bancos, las fábricas y los medios de comunicación) y que controlan el aparato estatal a través de los partidos tradicionales, trazan y reproducen una visión del curso histórico. Contrapuestas, otras crónicas registran la memoria de las luchas populares. De sus conquistas políticas, de los logros de su unidad.
1-En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores.
Creo que sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo que, en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro.
Para conocer en última instancia cuál ha sido el resultado social de esa intervención, basta salir a la calle a la hora que se mueven los carritos recolectores de residuos. Antes fueron textiles o metalúrgicos. Tenían sindicatos. Fueron despojados y expulsados de la ciudad. Saber cómo y cuándo se perpetró ese salto atrás social y a quiénes ha favorecido, es un dato clave.
Recién ahora, con este gobierno, se está intentando salir de esa criminalizacion histórica de la protesta. Por eso, la línea impulsada por el Dr. José Díaz en el campo específicamente laboral es uno de los puntos altos de toda la gestión de este gobierno, lo que explica entre otras cosas la animosidad con que lo atacan los reaccionarios.
2- Volvamos al campo de la memoria. ¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. «El Planisferio Rojo» publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. Lo rojo avanzaba. No han faltado, en tiempos recientes, voluminosos aportes bibliográficos que apuntan en el mismo sentido.
Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, «el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa». Habían salido de los cuarteles para salvar al país. Todavía hoy, en los dichos y en los escritos de algunos oficiales esos postulados sobreviven.
Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son «enemigos» a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas. ¿Fue preso? ¿Gavazzo secuestró su hijo? ¡Por algo habrá sido! Y hasta no falta un magistrado, que ha mandado a archivar causas en las que la ausencia de justicia es un verdadero escándalo.
3- Con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura, dando por descontado que nunca, nada ni nadie conseguirá reparar las desapariciones, los asesinatos, los años de inhumano cautiverio.
La reparación, se ha dicho bien, debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad. Y, en este terreno la acción de la justicia es fundamental. No todas las causas están en la misma situación. Sobre algunas se han reunido muchos testimonios.
En estos días, a partir de la demanda de extradición de la justicia argentina se ha producido una nueva detención. Se trata de Araujo Umpierrez, un oficial importante en el conjunto de represores del SID que actuaron en Argentina. Debo señalar mi sorpresa: Araujo es primer nombre nuevo que aparece después de las denuncias formuladas por el PVP en 1976.
4- Obsérvese la singular situación que se está creando en el país. Varios oficiales se encuentran detenidos: todos por la misma causa, la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Todas las demás causas, por una ‘razón’ u otra, se encuentran detenidas. Por lo demás, salvo alguna excepción, no hay ninguna información nueva para avanzar en el conocimiento de la verdad salvo las que han aportado las víctimas. En su enorme mayoría se trata de desapariciones de uruguayos que deberían ser juzgadas en tribunales uruguayos.
Esta realidad con la que se encuentra el gobierno progresista es el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados.
Esa situación, como lo hemos dicho muchas veces, ha colocado a Uruguay en esta situación absurda e indeseable en que nos encontramos hoy. Por lo demás, tal como se ha consignado en los documentos aprobados en las instancias democráticas del Frente Amplio, Uruguay ya no puede seguir postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales.
Dentro de pocas semanas habrá que dar respuesta a la Corte Interamericana. No se trata de una novedad, no es un hecho inesperado. Hace años que se sabe. El hecho es que el pensamiento de los jueces de ese tribunal, tanto los actuales como los que integraron antes ese organismo, como Hector Gros Espiell, no acepta el argumento de la existencia de Ley de Caducidad. La desaparición de personas, – sostienen el tratado, la doctrina, los jueces – es un delito continuado. Un delito contra la humanidad y por tanto debe saberse la verdad y debe actuar la justicia. Agosto nos espera. La Corte Internacional también. La impunidad no es compatible con los Tratados. Estamos en una hora clave para una fase específica de la inserción internacional del país.