Paraguay pone nuevamente a prueba la cláusula democrática del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) con el golpe parlamentario del viernes 22. El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 en esa austral ciudad argentina por los cuatro miembros plenos del Mercosur, formalizó la «plena vigencia de las instituciones democráticas» […]
Paraguay pone nuevamente a prueba la cláusula democrática del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) con el golpe parlamentario del viernes 22.
El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 en esa austral ciudad argentina por los cuatro miembros plenos del Mercosur, formalizó la «plena vigencia de las instituciones democráticas» como condición indispensable para la participación en el bloque. Esa acción se concretó a raíz de un intento de golpe en Paraguay, dos años antes.
Una rápida reacción y presión de los países socios de Paraguay en el bloque, Argentina, Brasil y Uruguay, incluyendo la amenaza de exclusión, fueron decisivas para evitar el derrocamiento del entonces presidente Juan Carlos Wasmosy, quien había sido elegido en 1993 como el primer civil en ocupar el cargo desde 1954, cuando el general Alfredo Stroessner inició una dictadura de 35 años.
Ahora Paraguay cae en el aislamiento, tras ser suspendido del Mercosur y de la Unasur en respuesta a la «ruptura del orden democrático» protagonizada por el parlamento paraguayo, que en pocas horas del jueves 21 y el viernes 22 decidió la destitución de Fernando Lugo de su cargo de Presidente y su reemplazo por el hasta ese momento vicepresidente Federico Franco.
Las reuniones previstas para el próximo jueves 28 y el viernes 29 pueden definir otras sanciones sudamericanas. Venezuela ya anunció que interrumpirá la entrega de petróleo a Paraguay, que el año pasado llegó a representar casi un cuarto de la demanda de ese país.
Pero el gobierno brasileño de Dilma Roussef, siguiendo sus tradiciones diplomáticas, mantiene vigentes todos los acuerdos firmados y solo adoptará nuevas medidas en acuerdo con Argentina y Uruguay.
Brasil y Argentina disponen de un poder de presión económica difícilmente soportable por el país vecino si deciden recurrir, por ejemplo, al bloqueo de las fronteras y a sanciones económicas, ya que la salida paraguaya al exterior depende de las carreteras y los puertos del primero sobre el océano Atlántico y del segundo sobre el Río de la Plata.
También Paraguay comparte las centrales hidroeléctricas de Itaipú, con Brasil, y de Yacyretá, con Argentina.
A pesar de disponer de la mitad de la energía generada en los dos casos, la sociedad paraguaya poco la disfruta debido a la baja demanda y a la escasez de líneas de transmisión a su principal mercado, que es Asunción y su zona metropolitana.
Brasil, además de haber negociado precios mejores en la compra de la energía que le toca al socio, está construyendo una línea de Itaipú a la capital paraguaya, que permitirá al país atraer industrias.
Esa futura oferta de electricidad barata interesa, por ejemplo, a la industria de aluminio, que busca alternativas al elevado costo de la energía en Brasil. Por ejemplo, la firma estadounidense ALCOA Aluminio inició negociaciones con Asunción.
El problema en Paraguay es «institucional, la ausencia de marcos de regulación», dijo a IPS el presidente de la Asociación Brasileña del Aluminio y representante de ALCOA, durante un congreso del sector realizado en mayo en São Paulo.
El aluminio, en cuya producción la electricidad es el insumo más costoso, puede operar como el «ancla para fijar la energía en Paraguay», como hizo en el norte de Brasil, al inaugurarse en 1984 la gran central de Tucuruí, comentó Azeredo.
Pero el «Estado mínimo», que podría ser un atractivo paraguayo para los negocios, al parecer también los asusta, por la informalidad y la inestabilidad. La destitución de Lugo puede retardar todo el proceso y pone en riesgo la línea de transmisión eléctrica, prácticamente regalada por Brasil.
La capacidad fiscal del gobierno paraguayo es limitadísima, con la carga tributaria más baja del continente americano.
El hecho de que solo ahora Paraguay se prepara para un aprovechar la energía de Itaipú es un síntoma de las dificultades de desarrollo del país, pues ese complejo se inauguró hace 28 años y cerca de 95 por ciento de los 14.000 megavatios que genera se destinan al mercado brasileño.
Pero la interdependencia entre el país y sus vecinos, particularmente Argentina y Brasil, hace complejo decidir sanciones y otras medidas. El Mercosur se mantiene desde su creación en 1991 con solo cuatro miembros plenos, habiendo agregado solo seis asociados, con participación limitada. Expulsar a Paraguay sería un grave retroceso.
Venezuela, con apoyo argentino y brasileño, intenta hace años constituirse en miembro pleno, pero el proceso está trabado exactamente por falta de aprobación del Congreso legislativo paraguayo que depuso a Lugo.
Varias alternativas políticas estarán en discusión en la cumbre del Mercosur y de Unasur al final de esta semana. Por ejemplo, mantener suspendido a Paraguay hasta las elecciones presidenciales de abril o la posesión del nuevo mandatario en agosto de 2013. Una expulsión es poco probable.
De todas formas, el presidente sustituto tendrá limitadas condiciones de gobernabilidad, aunque la votación para destituir a Lugo, acusado de «mal desempeño» en sus funciones, asegura inmensa mayoría parlamentaria a Franco.
Paraguay afronta una caída económica este año, después de haber crecido 15,4 por ciento en 2011, reflejando una gran vulnerabilidad a las condiciones externas.
El principal producto de exportación es la soja, embarcada en puertos brasileños del sur y buena parte cultivada por los llamados «brasiguayos», agricultores de este gigante latinoamericano que ocupan tierras paraguayas y son otro factor de tensiones bilaterales e internas.
Además, el flamante gobierno estará bajo permanentes ataques políticos externos y presión de los campesinos que reclaman la reforma agraria. El 80 por ciento del territorio paraguayo se concentran en manos de menos de dos por ciento de los terratenientes, según investigadores.
Fue la represión a ocupantes de una hacienda, que resultó 17 muertos, el origen de la crisis que desembocó en la destitución de Lugo.
El Mercosur tiene que «ser más duro con Paraguay» para trabar amenazas contra la democracia y la integración en toda América Latina, reclamó Joba Alves, dirigente del brasileño Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, en la protesta convocada este lunes 25 delante del consulado paraguayo en Río de Janeiro, que reunió apenas unas 50 personas.
En Paraguay se registró «un golpe de las élites latifundistas» estimulado por Estados Unidos, que busca derrocar gobiernos de izquierda, como el de Bolivia, coincidieron Alves y el secretario internacional de la Central de Trabajadores de Brasil, João Batista Lemos.
Brasil adoptó una política de «generosidad» hacia los países más pobres de la región, pero en este caso se deben imponer sanciones económicas, con alternativas para eximir el pueblo paraguayo de sacrificios, opinó Lemos.