En apenas 6 días sesionará el Congreso del Frente Amplio uruguayo (FA) culminando la redacción colectiva del documento de principios y valores compartidos, pendiente a través de un cuarto intermedio. Se cerrará una etapa que, además de alumbrar un documento, debiera arrojar luz sobre el futuro de las decisiones colectivas frentistas. Pero no es -ni […]
En apenas 6 días sesionará el Congreso del Frente Amplio uruguayo (FA) culminando la redacción colectiva del documento de principios y valores compartidos, pendiente a través de un cuarto intermedio. Se cerrará una etapa que, además de alumbrar un documento, debiera arrojar luz sobre el futuro de las decisiones colectivas frentistas. Pero no es -ni debiera ser- el único motivo de atención de la militancia porque exactamente 3 semanas después, se reúne el Plenario Nacional (PN) de esa fuerza política para adoptar dos decisiones relevantes. Por un lado el impulso o no de una reforma constitucional y -en caso afirmativo- a través de qué vías constitucionalmente previstas. Mientras por otro, profundizar la discusión y conclusiones de un escueto pero muy sugerente borrador de documento sobre estrategia política hacia el 2020. Si bien el lanzamiento de un nuevo documento de debate es sin duda distractivo de las energías y concentración sobre el de resolución del aún pendiente, tal vez estimule cierta reanimación de los debates e intercambios. En la columna del domingo pasado aludí al despertar que conllevaba el levantamiento del cuarto intermedio luego de más de 5 meses de virtual hibernación, aunque el despertador haya sonado antes de que aclare mientras, para colmo, las bombillas de iluminación están quemadas. Buena parte de los delegados se vestirán a tientas.
Se trata de dos documentos diferentes y específicos, tanto como las instancias de debate que los escrutarán y enriquecerán, pero creo muy probable -y a la vez deseable- que se interpenetren y complementen. Existen importantes vasos comunicantes entre ambos. Porque hay valores muy sólidos que sostienen tácitamente el borrador sobre estrategia, tanto como insinuaciones estratégicas en el primero, además de tocar algunos temas en común, sobre todo en lo que al contexto internacional y a la agenda de derechos refiere. Se diferencian sin embargo en la extensión y en la precisión y caudal crítico de varios de sus asertos, retomando en el caso del último, aspectos ya expuestos en su antecesor, el documento de estrategia 2011- 2015 . Entre las causas de la imposibilidad de agotar las discusiones y enmiendas del documento en noviembre, que el cierre del Congreso acometerá ahora, además de la avidez participativa de los congresales, no puede excluirse la debilidad del original remitido que motivó centenares de propuestas modificatorias. Con menos remilgos y redundancias, el que se eleva al PN se adentra en definiciones más hondas a pesar de la concisión. Creo que, si profundiza en la dirección que el texto insinúa, con él se abre el verdadero debate que el FA se debe, no sólo sobre su estrategia política, sino sobre su funcionamiento y estructura organizativa. La experiencia en el Congreso, debiera contribuir a la reflexión sobre esta última preocupación.
Aún en el reconocimiento de la imposibilidad, e inclusive de ausencia de voluntad política del FA para transitar hacia el socialismo (además, agrego, de la imprecisión de este paradigma, luego de tantas experiencias históricas no exentas de frustración) resulta implacable en su caracterización del capitalismo como forma de degradación económico-social, moral, cultural y ambiental, destacando particularmente el rol que ocupa el complejo militar-industrial en la lógica de la acumulación de capital. Lo percibo inscripto en la huella de las tradiciones de izquierdas anticapitalistas, aún con algunas ambigüedades como la elusión de una desembocadura superadora de las relaciones de producción, cosa no exclusiva del FA sino recurrente en referencias que suelen denominarse «antisistema».
Tiene además el enorme mérito de no sobredimensionar el rol del imperialismo y las derechas vernáculas en la caída de buena parte de los gobiernos del giro progresista sudamericano, mirando prioritariamente las limitaciones y debilidades intrínsecas que motivaron el dramático ascenso de la restauración neoliberal y la dinámica política. Elude la unicausalidad economicista para darle relevancia a las crisis políticas y -algo que considero de fundamental prioridad- la corrupción. Resulta insostenible para cualquier proyecto alternativo algún tipo de resquebrajamiento en la inextricable relación de principios entre izquierda y honestidad.
Pero como el documento no se propone analizar el mundo ni el resto de las experiencias del giro progresista, sino sólo contextualizar la propia experiencia frentista y sus perspectivas, la posible reverberación en el Congreso depende mucho más de la mirada autocrítica que esboza que de las definiciones exógenas. Incluyendo una recomendación que fue motivo de tratamiento en el Congreso como fue la reforma constitucional con el fin de expandir las libertades ciudadanas y los derechos sociales, algo que, como ya sostuve, el Congreso delegó en el PN.
Sin embargo, encuentro una debilidad común a ambos documentos (en particular en el capítulo V del documento de valores) que sobre todo induce a confusión y posiblemente atempere algunos puntos álgidos del debate en torno a una posible reforma constitucional: el uso acrítico, desadjetivado y polivalente del significante «democracia». En efecto, no sólo en los documentos sujetos a debate sino también en varios artículos de colegas los términos «democratizar» o «democratización» se utilizan indistintamente para referirse tanto a la distribución de la riqueza, cuanto del poder. En ocasiones, además apunta a los derechos sociales. Por supuesto comprendo la intensión expresiva y en modo alguno me opongo a distribucionismo alguno, pero me parece indispensable evitar la imprecisión a fin de darle mayor contenido crítico a los problemas institucionales.
Cuando se alude en términos políticos a «la» democracia, se refiere a la democracia representativa, liberal y fiduciaria, que sin duda es superadora de las diversas formas de la tiranía, pero no constituye la única opción de regulación del poder político. Refiere a la democracia actual pero al no acotarla conceptualmente, ni adjetivarla, queda identificada con la democracia en cuanto tal, como modelo ideal y único posible. Más aún, el documento sobre estrategia llama adecuadamente la atención sobre la declinación de la «credibilidad en la política», aunque sin extraer correlación alguna entre ésta y la arquitectura política burguesa tradicional.
El recuerdo histórico de los Estados terroristas o de los diversos regímenes autoritarios, que contenía inevitablemente una feroz crítica de las instituciones representativas existentes, puede resultar disuasorio de la concepción de modelos alternativos o de profundización de la distribución del poder. Acotar la crítica a las instituciones existentes, ciñéndola exclusivamente a una contraposición entre democracia y autoritarismo obstruye la inventiva y la posibilidad de señalar los elementos negadores de la soberanía popular y el empoderamiento ciudadano que van adhiriéndose a la democracia existente. De este modo, de manera involuntaria, se cae en aquello de lo cual se pretende huir: asimilando toda crítica de la democracia representativa a la vocación por suprimir la democracia en cuanto tal, se pueden perder de vista los procedimientos de la democracia representativa existente que niegan la propia democracia. Confundiendo la redistribución de la riqueza con la del poder, no sólo es hipotéticamente concebible una sociedad con rasgos materialmente igualitarios pero con altísimo nivel de concentración del poder, sino que es en general la experiencia histórica de los socialismos reales, a los que difícilmente pueda calificarse como «democrácticos». Aunque sin casos empíricos contundentes, también es pensable una oposición inversa. La alternativa es pensar institutos concretos que mensuren la democraticidad.
Los problemas que encara el documento de estrategia no son ajenos al debate en el congreso. Por el contrario, la definición de valores y principios fue concebida como sustento de la decisión respecto a la reforma constitucional que, en sus múltiples aspectos y facetas, no puede eludir la problemática de la representación y de la participación de los afectados en las decisiones, es decir la dimensión institucional. Tampoco es ajeno al propio FA en su dinámica pluralista y unitaria que lejos de descartarse o sustituirse, debe profundizarse.
El procedimiento que el propio borrador de documento prevé para su confección definitiva, comienza con la «deliberación a nivel de toda la estructura del Frente Amplio (comité de base, coordinadoras, departamentales, sectores, asambleas) así como facilitar a través de otros canales de comunicación el aporte de elementos para la deliberación (foros, chats, etc.)». Luego, en el Secretariado, «se sintetizan los aportes y se presenta un documento consolidado al PN» que a su vez designa una «comisión redactora para darle forma a esos (sic) acuerdos» para una posterior aprobación en el PN.
¿No faltan allí mecanismos concretos para la elevación de los aportes o conclusiones, de todas las deliberaciones en todos esos ámbitos, incluidos los mencionados chats? ¿Se haría en FAro o en cuartointermedio.org o en los múltiples foros virtuales existentes? ¿Cómo lograría el Secretariado sintetizar algo que no está claro cómo recolectar? ¿Entre quiénes se lograrían «esos» acuerdos?
En el artículo del domingo pasado cité textualmente una oración del documento de estrategia que me permitiré reiterar aquí. «Probablemente para lograr los desafíos que la etapa nos impone, tengamos que repensar integralmente la organización interna de nuestra fuerza política».
Más que probable, pareciera indispensable.
Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
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