OTRO SOCIALISTA BOLIVARIANO Al asumir como nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa definió a su gobierno como bolivariano, reivindicó el «socialismo del siglo XXI», insistió en la necesidad de la integración de América del Sur e instó a los gobiernos de la región a unirse para reestructurar la deuda pública. «La noche neoliberal comenzó a […]
OTRO SOCIALISTA BOLIVARIANO
Al asumir como nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa definió a su gobierno como bolivariano, reivindicó el «socialismo del siglo XXI», insistió en la necesidad de la integración de América del Sur e instó a los gobiernos de la región a unirse para reestructurar la deuda pública.
«La noche neoliberal comenzó a quedar atrás», como los demuestran los gobiernos de Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Nicaragua y «ahora Ecuador», sentenció ante la presencia de numerosos gobernantes de distintos países, entre ellos su declarado amigo Hugo Chávez, presidente de Venezuela e impulsor del enunciado socialista manejado por Correa en su discurso.
Repitiendo la frase «alerta, alerta, que camina, la espada de Bolívar por América» Latina, Correa mostró una réplica de esa arma que le obsequió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como símbolo de un tiempo de cambios en la región.
El mandatario entrante, un economista de 43 años, aseguró que la integración de América del Sur debe basarse en la «cooperación y la complementariedad» y oponerse a la «globalización neoliberal que quiere convertir a los países en mercados, no en naciones».
Pidió a los gobiernos avanzar en la «institucionalización» de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que debería denominarse «Nación Sudamericana», porque los países del sur del continente constituyen «una sola nación».
Dentro de esa «institucionalización», Quito fue ofrecida como sede de la futura Secretaría Permanente de la Comunidad a los presidentes visitantes de la región, como Chávez, Evo Morales, de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, Michelle Bachelet, de Chile, Álvaro Uribe, de Colombia, Nicanor Duarte Frutos, de Paraguay, y Alan García, de Perú.
También estuvieron presentes en la ceremonia los mandatarios René Préval, de Haití, Mahmoud Ahmadinejad, de Irán, y Daniel Ortega, de Nicaragua, los vicepresidentes Carlos Lage, de Cuba, Daniel Scioli, de Argentina, Rodolfo Nin Novoa, de Uruguay, Eduardo Stein, de Guatemala, Rafael Alburquerque, de República Dominicana, y Vicente Williams, de Honduras.
Entre las delegaciones llegadas para el acto de asunción presidencial se contaron la de República Árabe Saharaui Democrática y el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la corona española, además de decenas de menor rango de otros países.
En el camino de esa integración, Correa instó a los gobiernos a trabajar por una «legislación regional» que proteja «los derechos laborales».
Criticó las formas de «flexibilización laboral» y la «tercerización» que proliferaron en los años 90, pues han «producido mayor precarización laboral y más pobreza».
«No podemos rebajar el trabajo humano a una simple mercancía», argumentó el nuevo mandatario.
Correa aseguró también que las políticas económicas neoliberales, cuyo «fin último es controlar la inflación y el riesgo país (índice que mide la probabilidad de que los países honren sus obligaciones) aunque la gente no coma», que se aplicaron en Ecuador y en el resto de América Latina solo sirvieron para aumentar la pobreza y las desigualdades.
Recordó que, paradójicamente, a Ecuador «lo mantienen los pobres», porque «sin las remesas» de los «tres millones de emigrantes», que debieron abandonar el país por falta de trabajo, «hubiese colapsado la dolarización y la economía».
Al mencionar a los emigrantes, recordó a los dos ecuatorianos muertos hace 15 días en el aeropuerto de Barajas, en la capital de España, como resultado de un atentado del grupo separatista vasco ETA. «Agradezco al Príncipe de Asturias y al gobierno español por la solidaridad ante la irracionalidad de los criminales de ETA», afirmó Correa.
Aseguró que una «patria digna y soberana más que liberar mercados» debía «liberar ataduras nacionales e internacionales».
En ese sentido anunció que dentro de la política económica se dará un nuevo tratamiento al endeudamiento externo.
Por un lado, aseguró que lo primero es «vencer la cultura de endeudamiento y sobreendeudamiento» y por eso el gobierno que inaugura sólo contraerá deuda «cuando sea indispensable» y para «inversión productiva».
Criticó a los gobiernos que le precedieron que contraían obligaciones financieras para pagar compromisos anteriores, y propuso formar un llamado «Tribunal Internacional de la Deuda» para que determine cuál es justa y cuál no, ya que los países han pagado más de los que recibieron.
Llamó a los gobiernos latinoamericanos a unirse para renegociar la deuda en forma conjunta y así conseguir su reestructuración.
«Luchando unidos podemos pagar lo que no comprometa los objetivos sociales» de nuestros países, teniendo como meta «los Objetivos del Milenio», los ochos grandes compromisos asumidos en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas, añadió. «No necesitamos una condonación de la deuda, sino una reestructuración», argumentó.
«Iremos a una renegociación soberana y firme de la deuda ecuatoriana y, sobre todo, de las inadmisibles condiciones que nos impusieron en el canje del año 2000», afirmó.
En noviembre, la deuda pública de Ecuador alcanzó los 10.328,3 millones de dólares, equivalentes a 25,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), según el Banco Central.
Dijo además que pondría en práctica «una nueva concepción de desarrollo en la que el Estados, la planificación y la actuación colectiva tengan preponderancia».
Aseguró que los países desarrollados deberían crear un fondo para compensar a los países de la cuenca amazónica por la generación de oxígeno.
Argumentó que éste «es un bien de valor que no tiene precio», pero el mundo industrializado debería «compensar a los países amazónicos», porque del oxígeno que se produce en éstos «se nutre todo el planeta».
Aseguró que esos recursos podrían ser utilizados para conservar la Amazonía, e incluso pagar a los acreedores.
Dijo que no es justo tener que brindar oxigeno al mundo sin cobrar, mientras la importación de maquinaria para agricultura desde los países ricos tiene costos muy elevados.
Antes de posicionar a sus ministros Correa firmó el decreto presidencial mediante el cual pide al Tribunal Supremo Electoral y al Congreso unicameral el llamado a referéndum para consultar a la población si está de acuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
El mandatario afirmó que, en Ecuador, «la institucionalidad ha colapsado» y que «una vez superado» el «dogma neoliberal», es necesaria una nueva Constitución que «prepare al país para el siglo XXI». En ese marco se encuadra el planteo de convocar a referéndum para que sea «el soberano» el que «ordene o niegue», según palabras de Correa. «Convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político y social en el que el país se encuentra sumergido», indicó.
Tras el acuerdo alcanzado el viernes pasado con el Partido Sociedad Patriótica, liderado por el ex presidente Lucio Gutiérrez (2002-2005), y el Partido Roldosista Ecuatoriano del ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), el flamante gobierno se aseguró los votos para que la consulta sea aprobada en el TSE y en el Congreso.
METIDAS DE PATA CON COLOMBIA
Aunque el discurso del recién asumido presidente de Ecuador, Rafael Correa, aparezca como radical, diversos sectores son críticos con algunas políticas que no se corresponden con sus palabras. Las primeras contradicciones surgieron entorno a las relaciones de Ecuador con Colombia, un tema de importancia fundamental para el país por las implicancias que tiene.
El 16 de diciembre, el gobierno del ex presidente Alfredo Palacio llamó en consultas a su embajador en Colombia y anunció que éste no regresaría hasta que Bogotá suspendiera las aspersiones con glifosato a las plantaciones de coca en la frontera con Ecuador, consideradas nocivas para otros cultivos y para las personas.
En esa coyuntura, a pesar de la tensión y el firme rechazo expresado por el ex canciller ecuatoriano Francisco Carrión, Correa aceptó una invitación del mandatario colombiano Uribe para reunirse en Bogotá.
Ante una situación delicada «lo último que se debe hacer es cortar la comunicación», afirmó Correa por esos días.
El asunto central de la cita con Uribe sería «detener las fumigaciones», consideradas «un acto hostil de Colombia a Ecuador», había dicho Correa, agregando que esperaba una conversación «franca» en la que Bogotá entendiera el «descontento del pueblo ecuatoriano».
Eso provocó malestar en esferas diplomáticas y militares de este país, y fue considerado un grave error de los futuros gobernantes.
Fuentes del ejército aseguraron en la oportunidad a BRECHA, que una visita de Correa a Uribe hubiera mostrado desconocimiento de las normas que rigen la política internacional, ya que implicaba ignorar la postura del Estado ecuatoriano ante un asunto «tan delicado como las fumigaciones en la frontera».
«El presidente electo y la nueva canciller tienen que informarse para asumir una política de Estado, y no basarse en impulsos personales que pueden restar seriedad a su gobierno», afirmó la fuente.
«Hay una estrategia en marcha, en la que no puede interferir el mandatario electo, ni creer que la solución a este tipo de problemas se puede encontrar con actitudes espontáneas», argumentó.
Finalmente, luego de visitar Venezuela y tras algunas idas y vueltas, Correa decidió no continuar viaje a Colombia.
Sin embargo el mayor error según diversas organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, fue el acuerdo verbal entre Correa y Uribe realizado en Managua durante la posesión del nuevo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Según el acuerdo, Ecuador y Colombia se comprometen a conformar una comisión tripartita que verifique las fumigaciones de glifosato en la frontera y el gobierno colombiano se compromete a avisar a Ecuador cuando esté fumigando.
«Cada vez que vayan a fumigar cerca de la frontera nos avisarán el lugar para enviar inspectores y verificar que no esté pasando glifosato al lado ecuatoriano», afirmó el nuevo mandatario argumentando que el acuerdo se trataba de un inmenso paso adelante.
El nuevo presidente ecuatoriano agregó que la misión estudiará «si el glifosato afecta o no a la salud, nosotros creemos que afecta», y «recogerá testimonios del lado colombiano y del lado ecuatoriano».
Por su parte María Fernanda Espinosa, declaró que se trataba de que «un gran logro diplomático para nosotros» y argumentó que Ecuador no puede prohibir a Colombia que no fumigue en su territorio, pero sí exigir que no se fumigue en territorio ecuatoriano.
Tal vez por desconocimiento ni Correa ni Espinosa se percataron de que el acuerdo es idéntico a otro pactado en septiembre del 2003 entre el propio Uribe y el entonces mandatario, Lucio Gutiérrez.
Las fumigaciones son un elemento fundamental dentro de la estrategia del Plan Colombia para despejar de gente las zonas controladas por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Las fuerzas armadas ecuatorianas, que históricamente han tenido una postura política nacionalista en defensa de la soberanía, se han mantenido contrarias a involucrarse en el conflicto colombiano por encima de los gobiernos de turno y esperan cierta coherencia de Correa con su discurso.
El ex canciller Francisco Carrión, quien lideró la protesta de Ecuador por la reanudación de las fumigaciones colombianas en la frontera, señaló que el pacto era un retroceso porque desconocía un acuerdo anterior firmado el 7 de diciembre de 2005 entre él y la entonces canciller colombiana Carolina Barco.
En ese acuerdo, Bogotá se comprometió a suspender las fumigaciones en una franja de 10 kilómetros desde la línea de frontera.
Para el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones, que reúne diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientalistas, el acuerdo implica renunciar a la garantía de la franja de exclusión de 10 kilómetros.
¿PRIVATIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD?
Las organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, mientras lamentan que Correa no haya nombrado a Carrión como canciller se quejan de que ratificara a una de las ministras más cuestionadas del gobierno anterior, como la del Ambiente, Ana Albán, quien es rechazada porque aducen que tiene una posición privatizadora con respecto a la biodiversidad.
Casualmente, dos días antes de dejar el gobierno, el ex presidente, Alfredo Palacio, con la anuencia de la Ministra hizo su último decreto ejecutivo para establecer como política pública una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2001 – 2010, que considera la biodiversidad como mercancía.
Para la organización ambientalista Acción Ecológica «el paradigma que rige esa estrategia, es convertir a la naturaleza en
una mercancía, para luego ser privatizada y vendida».
«Es bajo ese mismo paradigma que se elabora la propuesta de Ley de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad, que a pedido de los movimientos indígena y campesino no fue tramitada en el Congreso», aseguró Acción Ecológica mediante comunicado.
«Hacemos un llamado al nuevo presidente Rafael Correa que derogue ese Decreto, pues como lo expresó en su discurso de posesión el Ecuador ya no está en venta», afirmó la organización ecologista.
La derogación del decreto sería un desconocimiento a su propia Ministra de Ambiente, lo que obligaría a la renuncia de Albán.
Otro punto de discordia para algunas organizaciones es que mientras Rafael Correa anuncia un combate a la corrupción, entre los funcionarios nombrados hay personas acusadas de corrupción como el nuevo presidente de la petrolera estatal Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzelli, o el Ministro de Trasporte y Obras Públicas Trajano Andrade.
Pareja incluso es cuestionado por trabajadores de la petrolera por una visión privatizadora. Incluso es partidario de convertir a Petroecuador en sociedad anónima en contra de la postura del Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, partidario de fortalecer las empresas estatales.
CORREA Y GUTIÉRREZ JUNTOS
Otro hecho que no ha sido todavía asimilado por algunos sectores es el acuerdo al que llegó el gobierno con el ex presidente Lucio Gutiérrez para conseguir el voto de los diputados de su partido y así lograra una mayoría parlamentaria que apoyara la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
El Ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea logró un entendimiento con el Partido Sociedad Patriótica (PSP)del ex presidente Lucio Gutiérrez (2002-2005) que tiene 24 legisladores y con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) del ex mandatario Abdala Bucaram (19996-1997) que tiene 6.
Tras el acuerdo se nombró como presidente del TSE a un delegado del PSP. Ese partido además tendrá la presidencia de los tribunales electorales en once provincias, la presidencia del Banco Nacional de Fomento y el Contralor General de la Nación.
Según algunas versiones, el TSE levantará la prohibición de ser candidato a Lucio Gutiérrez para que pueda participar en la Asamblea Constituyente, cuyo partido tiene una importante llegada en sectores pobres rurales de todo el país
La mayoría parlamentaria denominada «proconstituyente», está integrada además por los 11 diputados de las socialdemócratas Izquierda Democrática y Red Etica que apoyaron a León Roldós, 6 del indigenista Movimiento Pachakutik, 3 del marxista Movimiento Popular Democrático, 1 del Partido Socialista y 1 del Movimiento Nuevo País.
Con el acuerdo se allanó la autorización para consultar en marzo a la población si está de acuerdo o no con el llamado a elecciones para una Constituyente.
Sin embargo, Correa aseguró dos días después que no confiaba en «un tipo como Lucio Gutiérrez», a quien acusó de traidor, y aseguró que el acuerdo no fue a cambio de nada, lo que no es creíble en un sistema político donde todo acuerdo es a cambio de algo.
La adhesión del partido del ex presidente Lucio Gutiérrez a la Asamblea Constituyente evitó una confrontación de poderes al inicio del nuevo gobierno, destacó Gustavo Larrea.
«Ellos han decidido apoyar la Constituyente a cambio de absolutamente nada que no sea impulsar las transformaciones que el país requiere «, aseguró Larrea.
El acuerdo colocó a Gutiérrez y a su partido como actores fundamentales en las decisiones políticas del país.
El martes 16, Gutiérrez llamó a Correa «aprendiz de insultador» y declaró que lo había llamado «nerviosito» a agradecerle el «gesto patriótico» por el apoyo de sus diputados.
Para el analista Alexei Páez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la alianza con Gutiérrez «fue una jugada magistral, pero tiene un costo político» al romperse la imagen de que Correa no iba a pactar jamás con esos partidos.
Para el periodista Paco Velasco, director de Radio La Luna de Quito y analista político, el pacto con Alvaro Uribe, y el acuerdo con el PSP y el PRE, son dos «resbalones» del nuevo gobierno.
«Un resbalón no es caída, pero de resbalón y resbalón se puede concretar una caída seria», afirmó Velasco a BRECHA.
PIFIAS EN LA MITAD DEL MUNDO
Las discrepancias de algunos sectores con la ratificación de la Ministra del Ambiente y el nombramiento de otros secretarios de Estados quedó en evidencia durante el acto público en el que Rafael Correa nombró a sus ministros, realizado él lunes 15 en la Ciudad Mitad del Mundo, cuando varios de esos funcionarios fueron reprobados mediante pifias, gritos y abucheos, en tanto otros eran aprobados con aplausos y cantos de apoyo.
Así, nombres como el de Alberto Acosta, Ministro de Energía y Minas, o de Ricardo Patiño, Ministro de Economía, recibieron una ovación de los asistentes. Distinta suerte corrieron los ministros Raúl Vallejo (Educación), Trajano Andrade (Transporte), Antonio Gagliardo (Trabajo), Carlos Vallejo (Agricultura), Isabel Salvador (Turismo) y Ana Albán, (Ambiente).
En medio de los abucheos, los gritos que predominaron contra esos funcionarios fueron los de «fuera».
Eso provocó una reacción contraria del nuevo mandatario que claramente enojado y desencajado acusó a quienes protestaban de faltar el respeto al país y ser infiltrados.
«La labor de un estadista no es satisfacer a los más radicales. Aquellos que hoy gritan por todo, faltando el respeto a la patria y que se han infiltrado aquí hacen daño compañeros». Esa fue la respuesta del Presidente, quien perdió la compostura cuando vio como buena parte de los ministros designados por él sufrieron el escarnio de los invitados a la posesión.
Y entre quienes Correa tildó de «infiltrados» estaban representantes de Asamblea barriales surgidas tras la caída de Lucio Gutiérrez, de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y de sectores políticos de izquierda integrantes de su propio sector.
Correa aseguró que esos «extremistas no saben muy bien lo que quieren y que luego son los primeros en salir corriendo. La labor de un estadista es lograr la mayor cantidad de objetivos sociales con el menor costo posible».
Para muchos fue como un balde de agua fría porque ningunos de esos sectores propone cambios revolucionarios, sino cierta coherencia con un discurso de izquierda. Por lo tanto, frente a la replica de Correa, se escucharon nuevas demostraciones de rechazo.
Pero Correa insistió pidiendo sensatez y argumentando «no les hagamos caso a esos insensatos irreflexivos que más quieren satisfacer sus egos antes que sacar adelante la patria. Al menos, jamás esperen eso de mí».
Y nuevamente surgió la pifia y los gritos de ‘fuera’ cuando el nuevo mandatario aseguró que había elegido a «los mejores hombres de la patria». Entonces insinuó que la insatisfacción popular se debía, no por el rechazo a ciertos ministros y lo que ellos representan, sino porque «muchos de los que están gritando es sencillamente porque perdieron espacio», con lo que logró un nuevo rechazo
Así Correa pidió a su gente estar «atenta ya que el principal enemigo puede que no esté fuera (de su movimiento), sino dentro de nuestras filas».
Horas más tarde, en el mismo acto, cuando ya los canales de televisión no estaban transmitiendo en directo y parte del público se había retirado, Rafael Correa se disculpó alegando que había vivido un día muy tenso y a pedido el control, señalando que estaban en el derecho de criticar.
Para algunos sectores, la respuesta de Correa respondió a su falta de humildad, su incapacidad de aceptar críticas y su falta de experiencia política ya que no viene de ningún proceso social o político.
DEL GRAN AUSENTE AL CLUB DE AMIGOS
Un sector ausente del gobierno es el movimiento indígena que, por un lado ha decidido mantener autonomía, y por otro ha encontrado un rechazo en algunos sectores vinculados a Correa que intentan monopolizar el gobierno con una postura de centro. Sectores que responden a una clase media (que por su capacidad de consumo en Uruguay podría ser considerada como media alta) que fueron el sustento social de Correa en la primera vuelta. Sectores, vinculados tradicionalmente a la democracia cristiana, que aspiran ciertos cambios en el control del Estado, para lograr disminuir la corrupción, pero no están de acuerdo con un gobierno que profundice en reformas sociales que puedan atacar la propiedad rural por ejemplo.
El movimiento indígena, a través de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y las distintas organizaciones que la integran, apoyó a Correa en la segunda vuelta electoral. Respaldan la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que pueda sentar nuevas bases políticas, sociales y económicas, y los proyectos sociales que anuncia el nuevo gobierno.
La actitud de Correa con el movimiento indígena aparece como un tanto paternalista y utilitaria que se expresa en sus consejos de que no deben tomar y tienen que portarse bien dentro de la familia, enunciados en su discurso del acto simbólico en la comunidad de Zumbahua ubicada a 3900 metros de altura, en el que participaron también los presidentes de Venezuela Hugo Chávez y de Bolivia Evo Morales. Existe una apuesta a cooptar el apoyo del movimiento indígena, pero no se ve una apuesta a fortalecer la organización ni el proceso histórico del movimiento. Ese acto organizado por la alcaldía, no contó con el apoyo en la organización ni con el respaldo del movimiento indígena como tal.
En el acto, Hugo Chávez contó que había conocido a Correa en una Cumbre realizada en Asunción en 2005, unas tres semanas después de que el actual presidente ecuatoriano fuera nombrado Ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio que asumió tras la caída de Lucio Gutiérrez. «Veo que se acerca un muchacho, porque Rafael es un muchacho, con un papelito, con una tarjetita, y me dice ‘presidente yo soy el Ministro de Economía de Ecuador’, era Rafael Correa», contó Chávez, con quien el nuevo mandatario ecuatoriano firmó varios acuerdos petroleros.
Para la CONAIE, la única garantía de que el nuevo gobierno tome un rumbo hacia la izquierda, es el Ministro de Energía Alberto Acosta, un economista de izquierda profundamente comprometido con las luchas sociales y una especie de maestro del nuevo presidente. «Correa puede dar respuestas importantes a los pueblos de Ecuador -comenta Acosta a BRECHA. Es una persona joven, capaz, con mucho carisma. Decidió llevar adelante una propuesta de cambio y cuenta con el respaldo de algunas fuerzas políticas y sociales que están comprometidas con procesos de transformación radical y revolucionaria y además tiene una serie di opciones y propuestas de inclusión para el País. El Gobierno Correa se inserta en un contexto internacional de cambio con la oportunidad de sintonizarse con movimientos de transformación profunda que hay en muchos países de Latinoamérica. No podemos firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; no podemos seguir asegurando beneficios a las empresas transnacionales de petróleo, no podemos atender a las demandas de los acreedores de la deuda externa, no podemos vincularnos a la lógica bélica-guerrerista del Plan Colombia. Están en juegos muchas cosas importantes por construir una verdadera democracia en Ecuador. Creemos en un nuevo gobierno progresista que apuesta al cambio a través de una revolución ciudadana que vamos a construir juntos al presidente Correa».
También existe confianza en la posición que pueda mantener el Ministro de Economía Ricardo Patiño, otro economista de izquierda vinculado a la lucha del Jubileo 2000 contra la deuda externa y al fomento del microcrédito.
Varios dirigentes indígenas, diversas organizaciones y movimientos sociales y políticos se mantienen en la necesidad de un apoyo crítico al gobierno de Rafael Correa, pero exigen que el presidente demuestre que es capaz de llevar adelante cambios reales, tenga la apertura necesaria para estar por encima de cualquier diferencia circunstancial, y ser un factor de unidad de la izquierda, abriendo la cancha a la conformación de un gran Frente Social y Político hacia la Asamblea Constituyente y hacia el futuro. Un Frente Social y Político que debe ser la base de respaldo a una gestión de cambios.
Pero lamentablemente, eso no se ha visto reflejado en la conformación del gobierno. El primer fracaso de Rafael Correa es que su gobierno se transforme en un «club de amigos» como aparenta en primera instancia, y quede conformado solamente por sus allegados, sin abrir la cancha a diferentes sectores sociales y políticos de izquierda, e hipotecando la unidad que se forjó en la segunda vuelta electoral, que finalmente lo llevó a ganar una elección que en el comienzo de esa vuelta, para algunos de sus allegados parecía perdida.
La unidad en la actuación social y política hacia el futuro, en la conformación del gobierno, en el camino a la Asamblea Constituyente, y en la elección de representantes a la Constituyente para que ésta se transforme en un proyecto de cambio.
En todo caso, por ahora el discurso de Correa suena un tanto más retórico que real. Su camino dependerá de la correlación de fuerzas en el gobierno y en la sociedad ecuatoriana en general, de la humildad que pueda tener para asumir un proceso de cambio colectivo aceptando las críticas y abriendo espacios a movimientos que pueden dar el sustento social que su gobierno no tiene, de la influencia que pueda consolidar Hugo Chávez y, sobre todo, de la movilización y presión popular.