El ministro de Agricultura, Walter Poveda, anunció que se prevé presentar en 30 ó 60 días un proyecto de Reforma Agraria y Ganadera. El objetivo es que la agricultura de Ecuador sea sostenible e integral.
El Gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa prevé presentar antes de dos meses un proyecto de reforma agraria y ganadera que contempla la expropiación de tierras improductivas, informó este martes, el ministro de Agricultura, Walter Poveda.
«Creo que en 30 o 60 días estaremos presentando el proyecto al presidente de la República», afirmó Poveda en una entrevista con la cadena Teleamazonas, en la que explicó que un equipo de su ministerio ha visitado Venezuela, Perú y Colombia «para ver cómo se implementó ahí la reforma agraria y sacar lo positivo de esos países».
Según el funcionario, con la reforma se quiere llegar «a que la agricultura de Ecuador sea sostenible, integral, en el sentido de que tenga todos los servicios», como sistema de riego, vías de acceso y servicios públicos adicionales como salud o vivienda, aspectos en los que es necesaria «una gran inversión pública», dijo.
Ante el temor de algunos propietarios de que se expropien sus tierras, Poveda declaró que si éstas están «debidamente» no tienen «por qué ser afectadas, ni el empresario va a pagar» con la reforma agraria.
No obstante, indicó que «el Gobierno no permitirá que se haga especulación de tierra, que debe estar en manos de aquellos que necesitan empleo».
Si el propietario no «aprovecha las oportunidades que ofrece el Gobierno» para aumentar la productividad, «la tierra tendrá que ser revertida a través de un proceso de expropiación, para que esa tierra, que no está siendo bien utilizada vaya a manos de alguien que sí la quiere producir», advirtió.
El pasado noviembre, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dio un plazo de un año a los propietarios de tierras improductivas para hacerlas producir o, en caso contrario, las expropiaría.
Correa aclaró que por esas expropiaciones se pagará el precio justo a sus dueños y explicó que no se trataría de confiscar sino que, en base a un estudio técnico, se comprarían las tierras para luego ser vendidas a campesinos «que sí necesiten tierra y la quieran trabajar».
Poveda defendió que la reforma agraria pretende «hacer justicia con todas esas personas que, teniendo derecho a acceder a las tierras, al crédito y a los servicios básicos no han podido hacerlo simplemente por una falta de definición y (de) una aplicación adecuada de política».
Para el ministro, con la «reordenación» de tierras lo que se pretende, «por ejemplo, es que una tierra que no es apta para una agricultura de ciclo corto pase a ser de cultivo permanente».
Asimismo, afirmó que el sector privado tiene un rol «muy importante» en la agricultura nacional y que «forma parte de una cadena para hacer las tierras lo más productivas posible».
Sin embargo, hizo hincapié en que «el Estado jamás debe permitir que» algunos aspectos como la investigación y la capacitación «estén exclusivamente en manos del sector privado».