Por plebiscito nacional en el Uruguay quedó establecido que el agua era un bien público. Que debía atender las necesidades generales antes que las particulares. Que no era, por lo tanto, comercializable.
Estas declaraciones de principios me hacen acordar a las preguntas que un delegado de uno de los tantos soviets que de algún modo vehiculizaban el rechazo de la población rusa al viejo orden aristocrático tras el sacudón institucional de 1917, hacía al nuevo poder establecido, en las sesiones del Congreso Panruso de los Soviets en 1920: ‘Nos dicen que tenemos las aguas, pero ustedes administran los peces, nos dicen que ahora somos los dueños de la tierra, pero ustedes deciden quiénes y cómo sembrar; nos dicen que somos los dueños de los trenes, pero no tenemos derecho a desplazarnos’ …
Aquí en nuestro Uruguay nos plebiscitan que el agua es un servicio público, es “del pueblo”, nos llegamos a inflamar emocionalmente con nuestro progresismo institucional, pero la realidad subyacente transita muy de otra manera: el agua es administrada, o apropiada, por determinadas personas, físicas o jurídicas, y el destino del agua nos es tan ajeno como, al común de los orientales (o uruguayos) como a los campesinos rusos pobres una dictadura que invocaba su nombre (y representatividad).
La heteronomía en que la cuestión del agua se mueve, como tantos otros atributos a los que solemos otorgarle protagonismo, se patentiza únicamente en crisis de coyuntura.
El gobierno uruguayo aprobó una infame “Ley de Riego” en 2015, ratificando otras precedentes. ¿Por qué cabe el calificativo de infame? Porque borra, precisamente, con su mera aprobación, lo que se pretendió tener por aprobado con el Plebiscito por el Agua de 2004: que el agua es algo para todos.
Hubo un intento de resistencia desde sectores de la población uruguaya a la Ley de Riego, porque se entrevió justamente esa privatización, esa apropiación consiguiente del agua.
Pero el intento para derogar mediante referendo, esta Ley de Riego naufragó porque no se llegó al número de firmas requerido (un tope increíblemente alto, casi 700 mil firmas para poder habilitar apenas su discusión….).1
Desechado aquel recurso, quienes habían logrado mediante lobby extraer del Poder Legislativa la “sacralización” de su política de apropiación, se vieron “legitimados”: cientos y cientos de embalses empezaron a festonar el curso del Santa Lucía y sus afluentes. No sabemos si los embalsadores crearon sus reservas particulares en otras partes, con otras cuencas; pero sí se pudo ver que en la del Santa Lucía “se chuparon” buena parte del río.
Este desmadre pasó más o menos impunemente hasta que una sequía más intensa que la de los ciclos normales anuales, empezó a dejar sin agua potable a dos tercios de la población del país. Y allí se reveló en blanco sobre negro, el divorcio entre la verdad oficial del Uruguay democrático e institucional y la verdad de la milanesa del Uruguay real; que el agua en nuestro país la tienen, en primer lugar los poderosos, y lo que sobre, es para “todo el mundo”.
Cuando se ensayó la resistencia a la apropiación privada del agua se dijo claramente: “La nueva norma permite la creación de sociedades y asociaciones agrarias de riego con el objetivo de utilizarlo de manera colectiva y multipredial, mediante la construcción de represas en cuencas de agua. Los opositores de la medida alertan que ésta puede resultar en el control y manejo privado del agua, una vez que será posible la participación de privados en estas asociaciones, algo que puede, por su vez, implicar en la creación de un mercado paralelo de este bien natural.” 2
Aun con su lenguaje modoso, se dejaba en claro el daño. Solo que entonces era todavía potencial.
La modosidad linda con el ridículo cuando se aclara que la utilización del agua que se sustrae al cauce del Santa Lucía tendrá un uso colectivo. Mi impresión es que aunque se entrevió el tema, se lo visualizó sin advertir el atentado a la atención de las necesidades generales de la población.
Pero si tenemos en cuenta que desde la década de los ’60 ya se barajaba la necesidad de una fuente alternativa de agua para la capital, rompiendo la dependencia de un único suministro para una ciudad que fue sobrepasando el millón de habitantes, y que ese suministro único de agua potable en realidad cubría por lo menos dos tercios de la población del país; ciudades como Canelones, Santa Lucía, San José, Juan Soler, San Jacinto, Libertad, Las Piedras, La Paz, Sauce, Pando, Atlántida, Ecilda Paullier y unas cuantas más, hay que llegar a la conclusión que la negligencia ha sido monumental, verdaderamente histórica.
¿Qué tenemos que hacer con declaraciones de optimismo y lecho de rosas?, como las que fueron hilvanándose mientras se entregaba el río Negro a UPM por parte de ministros y otros encargados “del gobierno”; no recuerdo el nombre de una ministra, pero sí, con precisión, los porcentajes de potabilidad del agua que enarboló: que en tanto la calidad del agua alcanzaba en Suecia al 94%, ella conocía, científicamente, que la uruguaya alcanzaba el 97%. Penosa puerilidad.
Propiamente, “espejitos de colores”. Lamentablemente, parecen inagotables. Hubo una escaramuza alrededor de límites de agrotóxicos: la Dirección de Servicios Agrícolas comprobó su uso reiterado incluyendo algunos prohibidos en viveros de UPM en Guichón, aplicaciones que por cierto no se limitan al perímetro del vivero sino que escurren y afectan notoriamente a productores linderos que han estado denunciando, durante años, no sólo la contaminación sino el hecho escandaloso que UPM esté usando varios agrotóxicos que están prohibidos en el país.
El planteo de UPM fue recio, desde el poder incontestable: querían usar tales agrotóxicos; si no, tendrían que generar desocupación.3
La respuesta del estado uruguayo no fue insistir en no aceptar el uso tóxico, sino apenas, multar a quien no respeta las prohibiciones. Una política cómoda para una empresa, que puede salirse con la suya “pagando unos mangos”.
Pero ni siquiera eso. El gobierno condonó la multa (un millón de dólares) y UPM agradeciendo tanta “buena onda” le obsequió una “plantita” de ósmosis inversa para desalinizar (hasta dos mil litros por hora), que UPM usara en sus instalaciones cuando la construcción en Pueblo Centenario. Para usar en puntos críticos del complicado panorama del agua en Uruguay.
A quien se porta bien, se lo recompensa con un caramelo.
Notas:
1 En la lucha en que algunos estamos empeñados para cortar con los infames contratos que entendemos son una vergüenza para el Uruguay, entre personas jurídicas, privadas e incontrolables, y gobiernos que por diversos y a menudo desconocidos motivos ceden a sus demandas, se juntan firmas para acabar con este abuso nacional y establecer algunas formas de control social, más desde abajo, por ejemplo, reduciendo de 25% a 10% el requisito de firmas para su reconsideración. Consigna Uruguay soberano.
2 https://www.world-psi.org/es/en-uruguay-mas-de-300-mil-firmas-contra-la-ley-de-riego.
8 nov. 2018.
3 https://www.ambito.com/mundo/uruguay/polemica-el-gobierno-autorizo-upm-usar-mas-agroquimicos-cuestionados-n5577489. Buenos Aires, 7 nov. 2022.
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